El derecho a una vida digna

Las organizaciones no gubernamentales son una respuesta directa de la sociedad civil al sufrimiento de las personas menos favorecidas, y no conviene olvidar ese impulso primigenio a la hora de evaluar su función social y sus perspectivas de futuro. Nuestro propósito es apoyar los esfuerzos de las personas que viven en la pobreza para que consigan su derecho a una vida digna.

La pobreza no es el fruto de un hado maligno o de las fuerzas de la naturaleza, sino la consecuencia de situaciones de injusticia y de problemas estructurales causados por prácticas y decisiones humanas, que pueden y deben ser modificadas en atención a los derechos irrenunciables que todo ser humano posee.

No hay suficiente, pues, con construir un pozo, aportar capacitación agrícola, levantar una escuela, atender un centro de salud o asistir a los damnificados de un terremoto. Esto debe ir unido a un trabajo que ofrezca a las personas y a las comunidades los recursos y capacidades necesarios para que sean ellos mismos lo que afronten su proceso de desarrollo. Pero, cada vez más, hay que trabajar también para que el campesino pueda vender en los mercados locales e internacionales, en condiciones justas, esa cosecha de café, azúcar o arroz de la que depende el sustento de su familia; hay que trabajar para que se condone la deuda externa y esos recursos se inviertan en educación básica para todos; hay que conseguir que todas las personas del mundo, vivan donde vivan, tengan acceso a los medicamentos esenciales y que el sistema de patentes no ponga el beneficio de las farmacéuticas por delante del derecho a la salud y a la vida. Hay que eliminar el comercio ilegal de diamantes que alimenta económicamente los conflictos armados y hay que incidir sobre nuestro Gobierno para que la Ayuda Oficial al Desarrollo deje de ser tan escasa y poco orientada a la erradicación de la pobreza.

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el reconocimiento y exigencia social de los Derechos Humanos, pero mucho menos en el acceso universal a una serie de derechos sociales y económicos esenciales: derecho a unos medios de vida sostenibles, a la educación y la salud, a la protección y asistencia humanitaria, a la participación social y política, a la equidad de género; unos derechos que no es suficiente con enumerar, sino que hay que crear las condiciones objetivas para que puedan ser ejercidos.

Toda persona tiene derecho a unos ingresos suficientes para que él o ella y sus familias puedan vivir con dignidad. Bien está -ésa es la parte esencial de nuestra labor- ofrecer formación o microcréditos a los más pobres para que puedan aspirar a un trabajo mejor remunerado, abrir su propio negocio o aumentar el rendimiento de sus pequeñas explotaciones agrarias, pero nuestra labor no puede limitarse a lo asistencial y aislarse de la realidad social y política en la que se produce, sino que hay que empeñarse también en cambiar las instituciones (entre ellas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio) y las estructuras que favorecen un reparto injusto de la riqueza que se produce cada día en el mundo.

Nuestro tiempo se caracteriza por el proceso de globalización. Este proceso puede aportar algunas ventajas potenciales, pero, tal como se está llevando a cabo, sólo beneficia a unos pocos y agudiza las causas estructurales que provocan la extrema pobreza e injusticia que persisten en el mundo.

Nosotros aspiramos a otro tipo de globalización. Que sea equitativa y beneficie a toda la humanidad, que sitúe en su centro al ser humano y el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales. Sólo así contribuirá a un desarrollo verdaderamente global, inclusivo y sostenible.

Es inaceptable la situación actual en la que el número de personas que viven en la pobreza no cesa de aumentar y hay 250 millones de niños trabajadores. Para revertir esta situación, las ONG debemos incrementar el impacto de nuestras actuaciones, generando una fuerte conexión entre los programas de desarrollo y de ayuda humanitaria con las campañas de sensibilización y de influencia social y política, impulsando cambios en el ámbito local y en el ámbito global simultáneamente. Y esto hay que hacerlo a gran escala, ayudando a construir y participando en un movimiento mundial por el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales, donde la acción de dinamización social de las ONG facilita que cada día más personas se sientan ciudadanos y ciudadanas del mundo y actúen, dentro de sus posibilidades, para que estos cambios sean posibles.

Ignacio Carreras es director general de Intermón Oxfam.