El Gobierno renuncia a que la nueva ley de asociación prohíba cualquier organización de militares y guardias

El Gobierno ha dado marcha atrás en su propósito de que la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación prohíba cualquier tipo de asociacionismo en el seno de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil. Del anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros ha desaparecido la disposición adicional segunda sobre el 'ejercicio del derecho de asociación por los miembros de las Fuerzas Armadas o de los Institutos Armados de naturaleza militar', que sí figuraba en el texto remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. En dicha disposición se decía que los militares y guardias civiles no podrían pertenecer a asociaciones que implicasen 'la defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, en cuanto tales miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil'.

El proyecto remitido al Congreso aborda este asunto en su artículo 3, en el que se dice que 'los miembros de las Fuerzas Armadas o de los institutos armados de naturaleza militar habrán de atenerse a lo que dispongan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio del derecho de asociación'.

Este cambio no supone reconocer el asociacionismo en el seno de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, pero al menos deja la situación como estaba y no la endurece más. Las Reales Ordenanzas, cuya constitucionalidad y aplicación a la Guardia Civil es cuestionable, prohíbe las asociaciones de carácter reivindicativo. Ello no ha impedido a la Audiencia Nacional dictar tres sentencias en favor de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), antigua Coproper, con casi 17.000 afiliados, que están pendientes de recurso ante el Supremo. El PSOE, Izquierda Unida y la AUGC habían tachado de 'inconstitucional' la disposición adicional suprimida.

La nueva Ley de Asociación sustituye un texto de 1964, en plena dictadura, y desarrolla el artículo 22 de la Constitución, 'uno de los pocos derechos fundamentales no regulados aún', según subrayó ayer el vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy.