Las propuestas del PSOE sobre el futuro de Europa

1. ESPAÑA PARA EUROPA

Tener un proyecto para la España del siglo XXI supone tener un proyecto para Europa. Hacer una contribución positiva al proceso de integración europea es apostar por el desarrollo y la vertebración de España. Para el Partido Socialista, nunca el interés nacional ha sido contradictorio con el interés europeo pues no sólo forma parte de nuestro proyecto de país sino que estamos convencidos de que cuanto más avance Europa mejor defenderemos nuestros intereses.

El debate que se ha lanzado sobre el futuro de Europa es un reflejo del hecho de que el Tratado de Niza no sirve para una Unión que se plantea de 27 o más miembros. La ampliación geográfica y cuantitativa va a implicar un cambio cualitativo y aún no nos hemos preparado para ello. Como se ha señalado, 'nadie ha logrado articular un modelo o una visión coherentes de cómo podría funcionar efectivamente una Unión Europea ampliada'.

La Europa que surge tras el Tratado de Roma nace por el decidido impulso de ofrecer un marco de paz y estabilidad continental, así como por la necesidad de paliar los efectos devastadores que habían causado dos terribles conflictos en apenas medio siglo. Se trataba, en definitiva, de reconstruir Europa, de ponernos de acuerdo en unos pocos elementos básicos y entre unos pocos y homogéneos Estados. Ha sido una tarea larga y llena de dificultades, pero el proceso puede ser calificado, sin ninguna duda, de un gran éxito. Europa fue entonces un gran objetivo histórico y sigue siéndolo en la actualidad.

En este momento, Europa no es sólo un instrumento -el mejor- para la paz y el desarrollo sino una oportunidad histórica para enfrentar los desafíos de la globalización. Los fenómenos ligados a la globalización están incidiendo con fuerza en el ámbito histórico de realización de la democracia y de la soberanía, y esta circunstancia, este dato de la realidad se está mostrando con mayor intensidad en el ámbito europeo. La Europa ampliada no sólo resolverá la dramática cuestión del 'territorio' europeo, de nuestras fronteras, sino que facilitará el difícil reto derivado de la revolución tecnológica.

El Estado-nación seguirá siendo el principal ámbito de realización de la política, aunque cambien sus estructuras y parte de sus competencias. Europa no se construirá en oposición a los Estados sino desde ellos; por eso sería un error ponernos a la defensiva cuando hablemos de la nueva realidad en la que habremos de desenvolvernos.

En el debate que se ha abierto en el seno de la Unión Europea para discutir sobre su futuro no es tan relevante hablar de 'federalismo' o de 'federación de Estado-Nación', pues ambos conceptos recogen la misma idea, en ambos late la tensión permanente entre integración y mantenimiento de las soberanías nacionales. El nombre que le demos no es lo más importante, como tampoco es importante el que nos empeñemos en tener como referencia a las instituciones propias de los países miembros. La Unión Europea deberá diseñar una estructura institucional original, diferente a lo que hemos conocido hasta ahora en los Estados-nación que la constituyen.

Es imposible participar del debate sobre el federalismo escapando al sesgo nacional propio de cada cultura política y jurídica. Pero hay que tener el coraje de acometerlo y de acudir a él constructivamente. Lo crucial entonces es defender la idea de Constitución europea como un Derecho superior garantizado jurisdiccionalmente. Esa dimensión instrumental del Derecho europeo es lo que ha hecho posible la propia construcción europea, fundada sobre los principios de primacía, efecto directo y aplicación uniforme del acervo jurídico europeo.

El actor y promotor de esa construcción ha sido el Tribunal de Justicia, acompañado del Tribunal de Primera Instancia desde 1988. Ahora bien, solamente con los jueces y con los poderes judiciales de los Estados miembros sería imposible asegurar la primacía del Derecho Europeo en una Europa a 25 o 27 miembros. Precisamente por eso hace falta construir un Poder Judicial federal europeo como sugiere la experiencia de los Estados Unidos.

2. LA VOLUNTAD DE UNA UNIÓN MÁS INTEGRADA

La ampliación nos plantea hoy el dilema entre si es posible un mayor o menor grado de integración. La ambición espacial nos podría obligar a una mayor modestia funcional, obligarnos a concentrar las actividades comunes en unas áreas más reducidas, multiplicando las geometrías variables, las cooperaciones reforzadas o, simplemente, las actividades en las que participen unos pocos. Frente a este planteamiento, sin duda realista, nuestra posición es que la ampliación no puede significar volver atrás en la construcción europea, sino afirmarnos en la idea de que profundizar y ampliar son compatibles. Profundizar significa, desde este punto de vista, poner en común todo aquello que cualitativamente mejore nuestras posiciones, tanto en el ámbito interno como en nuestro papel en el mundo.

En este proceso de revisión de nuestras políticas comunes, decaerán algunas que han tenido sentido en el pasado y se incorporarán otras, nuevas, necesarias para afrontar los desafíos del futuro.

Tiene que haber un tronco común constituido por cinco ejes básicos:

a) Políticas de libertad y seguridad interna

Son las que nos sirven para trabar la Unión Europea como un espacio y que cobran una mayor importancia a medida que se amplía la Unión. Son las encaminadas a la eliminación de obstáculos a la libre circulación de personas, de mercancías, capitales y servicios, políticas que conforman un mercado único y un espacio único con políticas derivadas.

Esta política surge de la necesidad de un entendimiento mucho más intenso entre los gobiernos europeos para combatir con eficacia la criminalidad, que no sólo no conoce fronteras sino que aprovecha la desaparición de estas para lograr sus fines. Esta es una política urgente para generar confianza entre los ciudadanos, para ofrecer seguridad. Parece insostenible un modelo de fronteras abiertas, sin la correspondiente seguridad policial y judicial. Para qué una Unión si no va acompañada de un incremento de la seguridad interior, se preguntarán los que ven a terroristas refugiarse en otro país, o a narcotraficantes desaparecer tras una frontera que no existe. El objetivo de esta política europea es obtener un 'mejor desarrollo de la Unión como espacio de libertad, seguridad y derecho'. Proponemos una mayor profundización de la Política de Justicia y de Interior, una progresiva comunitarización de la misma. Para la realización de esta política será necesario:

- Poner en funcionamiento una Europolicía, tanto de carácter operacional, como de vigilancia de las fronteras.

- Desarrollar una mayor cooperación judicial y policial.

- Desarrollar una política de inmigración europea que cuente con los medios necesarios para hacer frente a la inmigración ilegal.

- Desarrollar una política común de asilo.

b) Política económica y de desarrollo.

El Tratado de Maastricht se comprometía a realizar la Unión Económica y Monetaria pero, por el momento, sólo hemos sido capaces de desarrollar la parte relativa a la moneda. La decisión de adoptar una moneda única supuso una importante decisión política, pues la cesión de la soberanía monetaria entraña la pérdida de uno de los elementos materiales que definen la soberanía en el Estado-nación. Sin embargo, no es compatible una unión monetaria sin profundizar en una coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. Hasta ahora, la política económica prevista en el Tratado se ha limitado a una frágil coordinación unida al Pacto de Estabilidad.

La puesta en marcha del euro y de la política monetaria desde un mismo Banco Central Europeo exige, por tanto, la coordinación y la integración de las políticas económicas.

Hay que crear un mercado de capitales integrado en la Unión Europea. Se hace necesaria una armonización de las políticas fiscales que afectan a la competencia en el mercado interior y una más sólida política presupuestaria para cumplir los objetivos propuestos. Esto último permitiría enfrentar posibles choques asimétricos en crisis financieras nacionales.

Es imprescindible completar el desarrollo del mercado interior, en particular en materia de telecomunicaciones y energía, así como añadir materias derivadas de las nuevas tecnologías.

En la UE se deberían fusionar todas las autoridades nacionales de telecomunicaciones en una única agencia europea. Los fondos logrados por las subastas por el uso del espacio radioeléctrico en sus diversas modalidades podrían ir directamente al presupuesto comunitario.

Crear un espacio europeo exige redes de comunicación europeas. Debemos hacer un esfuerzo para que toda la Unión pueda aprovecharse de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías; aquí radicará la clave para las futuras políticas de solidaridad.

c) Políticas de cohesión territorial y social

Desde el Tratado de Maastricht, la cohesión forma parte de la construcción europea, como uno de sus pilares. La cohesión ha sido mal entendida desde el comienzo de su definición en los debates, confundiéndola con los fondos del mismo nombre y con los estructurales, cuando lo que se pretendía era que la cohesión impregnara la totalidad de las políticas europeas. Así, se acordó que en todo proyecto europeo, fuera de investigación, desarrollo social o medioambiental, debería haber un informe sobre el impacto en la cohesión entre las diferentes regiones de la Unión Europea. Esto significa que la cohesión, entendida en un sentido correcto, es el elemento de mayor claridad y fuerza para identificarnos como europeos, configura esa 'identidad de identidades' que representa el modelo civilizatorio de Europa. La cohesión, pues, no es sólo un elemento material sino espiritual. ¿Por qué nos unimos a un portugués, un finlandés o un alemán? ¿Qué valores o intereses nos unen a otros europeos? Los elementos de cohesión responderían a estas preguntas. Esta es la civilización europea, que no permite que cada uno sea abandonado a su propia suerte, pues tenemos una visión de sociedad cohesionada, una sociedad que cree en la solidaridad.

Sin solidaridad no hay comunidad. Ahora bien, evitar que la UE ampliada se quede en una mera zona de librecambio requerirá reforzar estas políticas con acciones europeas dirigidas al objetivo básico de aproximar los niveles de vida de la gente. A título de ejemplo: - Igualdad de oportunidades, facilitando el acceso de las regiones más atrasadas o periféricas a las nuevas tecnologías. Mediante la creación de un Banco europeo de tecnologías y una política común de Investigación y Desarrollo, se coordinarán los esfuerzos desarrollados en cada Estado para facilitar la movilidad y el intercambio de los investigadores.

- Invertir en educación y formación. Esta será la clave para el desarrollo del futuro. Proponemos desarrollar políticas europeas que formen para la innovación, que preparen a los jóvenes para desenvolverse en la sociedad de la información. Europa debe prepararse para la competencia en la globalización, por lo que debemos orientar las políticas estructurales hacia el campo de la innovación.

- Programas específicos contra la exclusión social y a favor de la incorporación de la mujer al mundo laboral.

- Creación de bienes públicos europeos (redes, pero también otros menos tangibles, como la protección de los consumidores).

- Promover políticas que incrementen el empleo y le den un horizonte de estabilidad.

d) Políticas de ciudadanía

La ciudadanía europea es una propuesta dirigida a los hombres y mujeres de Europa para que sientan la integración como un proyecto para los ciudadanos. Esta ciudadanía es compatible con la de origen de cada nacional y se plantea como un plus añadido a la propia.

Enriquecer el concepto de ciudadanía resulta, pues, esencial para la cohesión cultural y democrática del proceso de integración europea. Favorece el surgimiento de una sociedad europea, que hasta ahora ha sido sólo la suma de sociedades nacionales. Naturalmente, hacer sociedad significa también que la Unión Europea se ocupe de los problemas más inmediatos que tienen los ciudadanos europeos, siempre que la UE funcione al respecto mejor que otras autoridades de nivel más bajo.

Europa debe ser un espacio de libertad y seguridad, un espacio donde todos los ciudadanos desarrollen un sentimiento de pertenencia al conjunto.

- Proponemos que la Carta de Derechos Fundamentales tenga un carácter vinculante, que ofrezca a todos los ciudadanos europeos un marco jurídico donde se les reconozcan sus derechos y la posibilidad de exigir el reconocimiento de los mismos, integrada en el Tratado Constitutivo Europeo.

- En este ámbito, también proponemos la adopción por la Unión Europea de la Carta de Derechos del Consejo de Europa.

- Sin duda alguna, las políticas de cohesión juegan un papel determinante para asegurar que todos puedan sentirse ciudadanos europeos, de ahí la importancia de promover las condiciones económicas para garantizar un mínimo existencial a todos los europeos.

- También son importantes las políticas de Justicia y de Interior, la libre circulación de personas y una política común de inmigración y asilo.

- Para crear una 'sociedad europea' hay que desarrollar la 'Europa de los estudiantes'. Fomentando aún más la educación común, por medio de mayores intercambios y reconocimiento de títulos. Lanzar programas para atraer a los estudiantes no europeos a nuestras universidades.

- Hacer obligatorio el estudio en la escuela de dos idiomas oficiales de la UE, además del propio.

e) Una política relevante en la globalización

La Unión Europea debe prepararse para tener un mayor protagonismo en el escenario de la globalización. La desaparición de la guerra fría configura un nuevo equilibrio internacional en el que Europa tiene una oportunidad histórica para actuar, en todos los ordenes, como un auténtico poder. Frente a las pretensiones de unilateralidad, la Unión Europea puede jugar un papel decisivo para garantizar la paz y estabilidad mundial. Pero debe tomar las decisiones, en el seno de la UE, que lo configure como un poder y le dote de legitimidad para actuar como tal.

La Política Exterior y de Seguridad Común surge como una primera aproximación a dicha pretensión, pero es insuficiente. Se hace necesario un desarrollo, una progresiva comunitarización de estas políticas para lograr autoridad y eficacia.

No se trata de que la UE tenga una posición común sobre todos los acontecimientos internacionales, ni tampoco se trata de eliminar las políticas nacionales. El objetivo inmediato sería tener políticas europeas propias. La Unión Europea deberá seleccionar y definir las áreas de su interés. Una vez que tenga definida las áreas, deberá adoptar acciones comunes, con objetivos, con presupuesto, con plazos de realización y con un mandato de acción común del Consejo dirigido al Alto Representante de la PESC. Este sería el primer paso para la comunitarización de la política exterior.

Aunque sea difícil pensar hoy en una política exterior de 25 o más miembros, se han de ir dando algunos pasos. Uno de ellos sería recuperar una idea que no se mantuvo en el Tratado de Amsterdam, la 'cláusula de solidaridad diplomática', por la cual frente a posibles ataques contra un Estado miembro, este pueda ser defendido por los demás.

Todas las iniciativas que se vayan tomando necesitarán ir acompañadas de un desarrollo real de las capacidades y de la política que ha de guiar su eventual uso. La integración de un comité militar en la UE, la creación de un Comité Político y de Seguridad, y otras medidas, van en la dirección correcta, pues la Unión Europea necesita poder traducir las decisiones políticas en despliegues militares, cuando se requieran, con rapidez y celeridad.

Además, hay que desarrollar las capacidades en prevención de conflictos de pacificación (entrenando, por ejemplo, cuerpos integrados para labores policiales o de gendarmería). También proponemos potenciar servicios de información europeos.

La política exterior y de seguridad requerirá, igualmente, desarrollar políticas de vecindad, que proporcione seguridad a la Europa ampliada, en particular hacia el Mediterráneo y Rusia.

La Unión Europea tiene que ser especialmente sensible en su política exterior en las relaciones con América del Norte y América del Sur.

El papel de Europa en el mundo nos obliga a adoptar políticas para 'gobernar la globalización'. Debemos desarrollar políticas que nos permitan configurar un marco estable para la economía mundial. En este sentido, proponemos reforzar la presencia de la Unión Europea en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en la Organización Mundial del Comercio, así como crear un Consejo de Seguridad Económico.

Europa necesita prepararse para competir en una economía mundial. Una Política de I+D común es imprescindible para ello.

3. LA FINANCIACIÓN

DEL PROYECTO EUROPEO

Resulta poco convincente hablar de 'federalización' o de reforma institucional sin hablar de reforma presupuestaria. A medio plazo, los límites de la actual estructura presupuestaria resultan claramente insuficientes, pues si ya es difícil hacer política europea con un presupuesto que no puede exceder del 1'27% del PIB de la UE actual, podemos imaginarnos las dificultades que encontraremos con una Europa ampliada, que supondrá un tercio más de territorio y de población y tan sólo un 8% de renta. La financiación comunitaria requiere asentarse sobre unas bases sólidas y objetivas, no sólo para evitar discusiones permanentes sobre lo que un Estado aporta y lo que obtiene, sino para garantizar suficiencia financiera y mantener la cohesión. Ambos principios están recogidos en los Tratados, pero la realidad es que las instituciones de la UE toman decisiones y no disponeN de recursos para llevarlas a la práctica.

Para hablar de un 'gobierno económico' de Europa, no sólo hace falta estudiar qué aspectos de la fiscalidad tienen que armonizarse para no alterar la competencia entre los países miembros y aumentar la coordinación de las políticas económicas, sino que, inexorablemente, hemos de hablar del volumen de los recursos disponibles para los objetivos que pretendemos alcanzar. ¿Qué cantidad? ¿Cómo se obtendrían esos recursos? ¿Cómo se distribuirán?. Desde nuestro punto de vista existen dos alternativas:

1ª) Proponer una revisión de la política de ingresos y gastos de la Unión Europea. Una reforma presupuestaria coherente con la ambición de ampliar a 25 y con el principio de cohesión.

2ª) Si lo anterior no es posible, que se mantenga el modelo actual y que la ampliación se financie con una aportación proporcional al PIB per cápita de cada Estado. Esto último sería lo más parecido a un impuesto europeo que, entre otras ventajas, serviría para que los ciudadanos tuvieran claro qué parte de sus contribuciones van a la Unión Europea, qué parte al Estado y qué parte a los entes subestatales. Sin embargo, esta segunda fórmula no garantizaría la fijación de otros objetivos que no fueran los de la ampliación.

4. LAS INSTITUCIONES Y

EL MÉTODO QUE NECESITAMOS

Hacer 'sociedad europea' consiste también en que los ciudadanos comprendan mejor el proceso de integración, lo que requiere claridad y transparencia, y nuevas medidas que garanticen la legitimidad democrática de este proceso y atraigan a él a los electores. La elevada abstención (50,2% en la UE; 76,7% en el Reino Unido, o 70% en los Países Bajos) en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en 1999, indica un claro y peligroso alejamiento entre los ciudadanos y la política europea, que sólo se superará cuando se 'entienda' Europa.

El debate sobre la reforma institucional debería llevar a aclarar qué institución hace qué, y reforzar sus respectivas legitimidades. Es decir, a un reparto de competencias entre las instituciones (y no sólo entre los Estados y la Unión). No obstante, tampoco se puede llegar a una definición cartesiana, pues los papeles ejecutivos y legislativos se entremezclan.

Muchas políticas empiezan a abordarse por lo intergubernamental para acabar siendo incorporadas al 'método comunitario' (que reposa básicamente sobre un equilibrio entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión, por el cual ésta es la única que puede presentar propuestas que luego votan las demás instituciones y que reflejan el interés general). Por eso resulta difícil comprender el debate entre lo intergubernamental y lo comunitario.

Sin embargo, es verdad que, en unos años, el equilibrio institucional ha cambiado en la Unión Europea. La apertura a la cooperación de nuevos terrenos que tocan aspectos muy sensible de la soberanía -como la policía, la diplomacia, los ejércitos y, en particular, la moneda- ha hecho que la Comisión haya ido perdiendo poder en favor del Banco Central Europeo en el terreno monetario, y del Consejo de Ministros, en otros. Hay que rectificar esta deriva institucional y restablecer los equilibrios previstos inicialmente.

Finalmente, se ha de fomentar la democratización en Europa y de Europa; es decir, la de los países y la de las instituciones. Hay un déficit democrático en instituciones como el Consejo -pues de sus decisiones colectivas no responde colectivamente ante ninguna institución- y de una Comisión que, aunque sometida a un mayor control e investidura del Parlamento Europeo, es aún nombrada por los gobiernos y no proviene de ninguna elección.

Sugerimos las siguientes líneas en materia institucional:

Constitución Europea

Desde la fundación de las Comunidades Europeas hasta hoy hemos elaborado 6 Tratados y todos ellos siguen vigentes, por lo que proponemos la simplificación de los mismos mediante la redacción de un Tratado Constitutivo, que aporte seguridad jurídica y una mejor comprensión del marco legal. La Constitución es necesaria y, además, tiene un fuerte valor simbólico de Ley 'común' a todos los países miembros de la UE. Debe contener los principios rectores e institucionales básicos de la UE, de forma atractiva y comprensible. Debe ser preparada por una Convención, decidida por los Gobiernos, y sometida a ratificación por los parlamentos nacionales. Los desarrollos irían en leyes separadas

Sistema de reforma

Las CIG (Conferencias Intergubernamentales) se pueden convertir en un procedimiento imposible para reformar los Tratados. Las reformas se aprobarán por unanimidad, y entrarán en vigor una vez ratificada por los 4/5 de los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Las leyes complementarias se pueden reformar por mayoría de 4/5 sin que requieran ratificación nacional, tan sólo co-decisión del Parlamento Europeo.

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros se llamará, simplemente, el Consejo de la UE. El Consejo estará compuesto, no ya por embajadores, sino por ministros de alto rango.

Todo pasa a decidirse por mayoría cualificada, que represente una mayoría de Estados y de poblaciones, con co-decisión del Parlamento Europeo, salvo las reformas constitucionales.

PESC

El Alto Representante de la PESC puede ocupar una posición institucional entre el Consejo y la Comisión, dejando de ser Secretario General del Consejo. Los órganos de la PESC estarán enmarcados en el Consejo, con un presupuesto propio. La Comisión Europea tendría derecho de hacer propuestas.

La Comisión Europea

El Presidente sería elegido por el Parlamento, como representante del partido que haya alcanzado la mayoría en las elecciones al Parlamento Europeo. El titular de la Comisión nombra a los comisarios, cuyo número dependerá del número de competencias que se quiera atribuir a una cartera. La Comisión conservaría el monopolio de la iniciativa legislativa, pero su principal labor sería de Gobierno y gestión de las políticas comunes.

El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo co-legisla con el Consejo y elige al Presidente de la Comisión Europea y los dos vicepresidentes.

En la celebración de elecciones europeas se mantiene la posibilidad de presentar listas europeas, lo que facilitaría la formación de partidos políticos a escala europea. Podría pensarse en circunscripciones nacionales, con un número de escaños a atribuir a escala europea según estas listas.

Para solventar el problema que supone la pérdida de importancia de los Parlamentos nacionales, más que crear una segunda Cámara (de hecho tercera cámara, lo que complicaría el entramado institucional), se potenciaría el doble mandato nacional-europeo.

Delimitación de competencias

El nuevo reparto de funciones y competencias entre los poderes nacionales y las instituciones de la Unión tiene una lógica imparable, más allá de la apelación a la subsidiariedad, de por sí importante. La complejidad que entraña la ampliación, unida al impacto derivado de la revolución tecnológica, nos da una idea de la necesidad que se plantea hoy de revisar a fondo la manera de actuar de la Unión Europea, sus funciones, así como sus instituciones. Este es siempre un debate enormemente complejo y delicado pero si no lo asumimos ahora, no sólo no estaremos en condiciones de adaptarnos a los nuevos retos, sino que el proceso de construcción europea sufrirá una parálisis funcional difícil de superar.

Los criterios para el reparto de poder, los imprescindibles para facilitar el desarrollo y la coherencia del conjunto de la Unión, deberán respetar los siguientes principios: la subsidiariedad -cada uno hará aquello que resulte más eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos-; la identidad, que supondrá el respeto a los ámbitos de poder, a las instituciones propias de cada Estado, y la cohesión. Este último principio significa que todos los poderes representativos tendrán que garantizar la cohesión de los conjuntos representados. Estos tres principios son los que definirán la identidad europea, lo que nos dotará de un sentimiento de pertenencia al conjunto, lo que nos permitirá definirnos como españoles pero, al mismo tiempo, como europeos.

La nueva distribución de competencias entre los Estados y la Unión Europea será de doble vía; unas se devolverán al Estado-nación y otras se incorporarán a las políticas comunes. En el caso de Estados fuertemente descentralizados, como España y Alemania, esta operación tendrá importantes consecuencias para las estructuras internas, por lo que se convierte en la oportunidad de conformar la voluntad nacional en un nuevo diálogo entre el poder central y los periféricos. Es todo un desafío interno que, si se hace con sentido de Estado y con un claro proyecto de la España diversa, puede ayudar a superar seriamente los desencuentros actuales entre poderes.

Pero el principio de subsidiariedad no será suficiente para avanzar en un nuevo reparto de competencias, no sólo porque habrá de tener en cuenta la necesaria solidaridad entre los conjuntos resultantes del reparto, sino porque la propia interpretación de lo que es subsidiario, es diferente según la identidad de cada cual.

Teniendo en cuenta la complejidad descrita, proponemos: 1º) delimitar las competencias exclusivas de la Unión Europea, pero no las competencias exclusivas de los Estados. 2º) Incorporar a las Comunidades Autónomas al diálogo de las decisiones que en Bruselas afecten al ámbito de sus competencias. 3º) En el caso español, con el Estado de las Autonomías, se plantea el problema de la definición vertical (hacia Bruselas) de la voluntad nacional, y la aplicación hacia abajo de las decisiones tomadas en la UE. Las conferencias sectoriales han mostrado sus carencias y límites. En España, el Estado de las Autonomías es un sistema abierto y se puede abrir aún más con este debate. O, por el contrario, puede ser la ocasión de resolver algunos problemas pendientes, a comenzar por la siempre aplazada reforma del Senado. La reforma de esta Cámara podría ser uno de los cauces para resolver estas cuestiones competenciales. A ello se podría añadir las Conferencias de Presidentes.

Nuestra propuesta puede ser ampliamente compartida. Queremos paz y seguridad entre nosotros y con el resto del mundo. Queremos un equilibrio nuevo en las relaciones internacionales. Queremos perfeccionar nuestro modelo de civilización europeo, con sociedades integradas y solidarias, y para ello actuamos unidos -y no temiendo- los retos de la globalización. Queremos una ciudadanía europea que nos identifique, que nos enriquezca, que no disminuya un ápice nuestra diversidad cultural. Queremos contribuir al progreso global, dentro y fuera del ámbito europeo. Queremos, en fin, un modelo de desarrollo sostenible.