La reforma universitaria que no queremos

La nueva Ley de Universidades ha empezado a caminar. En la intervención ante el pleno del Consejo de Universidades, la ministra de Educación y Cultura introdujo el avance del texto. Ni que decir tiene que el borrador del anteproyecto de ley era desconocido para la gran mayoría de la comunidad universitaria, por más que algunas filtraciones periodísticas nos habían ayudado a entrar en los misterios de tan sugerente propuesta. Sin entrar todavía al análisis en profundidad del texto, sí hay una primera cuestión que conviene tener presente: el procedimiento seguido para elaborar la ley. En él, las comunidades autónomas, al menos la del País Vasco, no han sido consultadas ni una sola vez.

El ministerio ha elaborado un anteproyecto de ley que tiene como objetivo transformar la estructura de la Universidad sin preguntar, sin escuchar y sin consultar a la Comunidad Autónoma Vasca, que, paradójicamente debe gestionar y financiar el coste de esta ley. El tema es aún más grave porque el Estado español está organizado en 17 comunidades autónomas y son éstas las que tienen transferidas las competencias sobre la Universidad. Es como si el proyecto ministerial se hubiera olvidado no sólo de los buenos usos democráticos, sino de la realidad del sistema universitario. Si las comunidades autónomas son las garantes y las gestoras de este servicio público, si tienen transferidas las competencias sobre él, si el Ministerio de Educación no tiene competencias para administrar y la financiación es responsabilidad autonómica, no tiene razón de ser la ignorancia gubernamental de cuestión tan central. De igual manera, debiera saberse que sólo cuando el proyecto es compartido puede legitimarse y ser reconocido por todos.

El segundo hecho a destacar es que el proyecto de la ministra Pilar del Castillo entra en la Universidad como elefante en cacharrería. No comparte ni con unas (comunidades autónomas) ni con otras (universidades) el diagnóstico de la situación. Cabría entonces preguntarse ¿para qué queremos esta ley? Y, sobre todo, ¿qué diagnóstico ha elaborado el ministerio sobre la situación de la Universidad? ¿Cuáles son las líneas maestras de este diagnóstico? Cuando se acude al texto de la ministra quedamos perplejos, el diagnóstico no aparece por ninguna parte. Quizá estemos ante una versión novedosa de la jurisprudencia del Partido Popular que consiste en creer que tener mayoría absoluta en las Cortes Generales exime de precisar estas cuesiones previas.

Hay un tercer hecho que no debemos obviar: la filosofía del proyecto, que se funda en cinco principios:

1. Las competencias exclusivas del Estado en prácticamente todos los aspectos básicos del entramado universitario.

2. La minusvaloración de las competencias autonómicas. Éstas quedan sujetas a concesiones posteriores, a la regulación exhaustiva a través de reglamentos y decretos y a los procedimientos pormenorizados (seguramente de imposible cumplimiento).

3. La falta de respeto y equilibrio a la triple dimensión competencial en el ámbito universitario: Estado, comunidades autónomas, Universidad.

4. El cuestionamiento, de hecho, del Estado de las Autonomías, en cuanto éstas quedan supeditadas a dos funciones: ser oficinas burocráticas que gestionan la legislación básica que promulga el Estado y, en segundo lugar, transformarse en agencias de financiación de aquello que el Estado dice que hay que hacer.

5. No se respeta el principio de la diversidad del sistema universitario. Son, una vez más, los supuestos uniformizadores y homogeneizadores los que priman sobre cualesquiera otros. Véase si no cómo se regulan los órganos de gobierno, la estructura de profesorado (con la habilitación estatal como santo y seña de la reforma), el nuevo papel que se concede al Consejo de Coordinación, las funciones que se atribuye la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, la intervención del Estado en la definición del sistema de acceso a la universidad, etcétera.

El cuarto hecho que quiero resaltar es la carencia que presenta el proyecto de un modelo claro, reconocible de Universidad. No vale trasladar a la opinión pública formulaciones genéricas, casi todas relacionadas con la calidad y la competitividad, cuando en la práctica el sistema que se construye hace imposible el despliegue de estos principios. Estamos convencidos de que una definición burocrática de los problemas de la Universidad como los que presenta el anteproyecto de ley, que no tiene diagnóstico del sistema, que es rígido, reglamentista y confuso, que ha ignorado a la mayoría de los agentes educativos en su elaboración, que niega el carácter autonómico del Estado y las competencias de las comunidades y que pone en solfa la autonomía universitaria, no es el proyecto que la Universidad necesita.

El anteproyecto del ministerio ignora que un sistema tan complejo y diversificado como el actual sólo puede gestionarse y alcanzar la legitimidad necesaria si se coordina desde supuestos mínimos y con una ley de bases que tenga su virtud mayor en la precisa definición y coordinación de los mínimos comunes que debe reunir el sistema universitario. Los proyectos reglamentistas uniformizadores, la reducción de las competencias a las comunidades autónomas o la ausencia de consenso impiden la creación de un diagnóstico común.

El proyecto de ley sobre el sistema universitario debe saber crear el necesario equilibrio entre el respeto a la autonomía, la participación y la responsabilidad. Pero la calidad buscada sólo puede surgir de la flexibilidad, de la diversidad y de la eficiencia. Ciertamente, la flexibilidad que debiera desarrollar el anteproyecto se opone a la definición de estructuras rígidas y uniformes, tal y como ahora aparecen y que no permiten ni la adaptación a las demandas de la sociedad ni a los requerimientos de la eficiencia. Por otra parte, contemplar la diversidad significa que, cuando el sistema es tan complejo como el presente, si la oferta y la demanda del bien universitario se multiplican y si los requerimientos organizativos son múltiples, las respuestas que demos deben ser también variadas.

Ander Gurrutxaga Abad es viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno vasco.