El conflicto de las universidades públicas andaluzas con la Junta llega a su día clave: “No vamos a consentir ningún recorte”

Los rectores de las nueve universidades públicas de Andalucía han marcado en rojo el 14 de enero en su calendario. Este martes es el día clave para desatascar el conflicto que mantienen con la Junta por incumplir los acuerdos en materia de financiación a través de dos reuniones —una con una representación de los rectores de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y otra con los vicerrectores y los sindicatos― en las que esperan aclarar la transferencia de los 50 millones de euros que se les adeudan de 2024 (25 para cumplir con el nuevo modelo de financiación y otros 25 para pagar los complementos retributivos). Encima de la mesa también se encuentra la incertidumbre por la posible subida salarial de los funcionarios si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, un incremento que, de acuerdo con los rectores, no está contemplado en su horquilla máxima en las cuentas autonómicas y que se añadiría a los 55 millones de euros de menor dotación para cumplir con modelo de financiación con los que arrancan el nuevo año —llegando a los 87, según sus cálculos― y que, de no abonarse por el Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno, les abocaría a la ruina. Andalucía tiene la platilla pública universitaria más grande de España (35.900 entre profesores y administración, 1.200 más que Cataluña y 1.500 más que en Madrid).

El incumplimiento sobre financiación por parte de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación, que dirige el antiguo rector de la Universidad de Córdoba y expresidente de la AUPA y de la conferencia española de rectores (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, llevó a sus antiguos colegas a protagonizar movilizaciones en diciembre para reclamar el pago de esos 50 millones y a advertir, en una comparecencia conjunta, de que estudiarían “todas las vías legales” para que la Junta asumiera los acuerdos de mayo y junio de 2024. “No se trata de reivindicar una financiación mejor o más infraestructuras, se trata de reivindicar que se cumplan los acuerdos”, explicaba en diciembre a este diario Paco Oliva, rector de la Pablo de Olavide y actual presidente de la AUPA.

Fruto de esa presión, la Junta comprometió a finales del año pasado 21 de los 25 millones estipulados en el modelo de la financiación y que se suscribieron en el Consejo Andaluz de Universidades, celebrado el 22 de mayo de 2024. “Se trata de una cantidad que aún no se ha hecho efectiva, pero queremos garantizar el abono de los otros cuatro restantes”, indican fuentes de la AUPA. Los rectores acuden a la reunión con cierto optimismo, al haber conseguido retomar el diálogo con la Junta tras el pulso de diciembre.

La consejería, por su parte, trata de enfriar las expectativas y engloba estas reuniones en el marco de los “múltiples encuentros con los rectores”. “Nuestra voluntad es clara, mantener el diálogo, como hemos hecho a lo largo de la legislatura, que nos ha permitido acordar, no solo el modelo de financiación, sino la nueva ley, la implantación de más de 180 nuevas titulaciones, el rescate de la Universidad de Málaga o el apoyo a plazas extraordinarias de ayudantes doctores”, subraya. La relación con la Junta viene ya lastrada por el desembarco de cuatro universidades privadas, impulsadas por el Gobierno de Moreno.

Los rectores, sin embargo, van a exigir al consejero que esos 25 millones se consideren gasto consolidado, que se incorpore de manera permanente a los presupuestos de las universidades como parte de ese modelo de financiación, es decir, que los 25 millones se ingresen de nuevo en 2025. La Junta, por su parte, considera que el abono de esos cuatro millones que quedan forma parte de lo que las fuentes consultadas consideran “pequeñas discrepancias técnicas” con las universidades. “De los 1.700 millones aproximados que ha tenido el modelo en 2024, discrepamos en el cálculo de tan solo 25 millones, lo que representa solo un 1,4% del global”, señalan los interlocutores. El Gobierno de Moreno propondrá la creación de un grupo técnico de trabajo que analice “las razones de esta discrepancia de aplicación”, indican. Desde la AUPA recuerdan que esos 25 millones no solo se firmaron en la reunión de mayo de 2024, sino que se recogieron como adenda en junio, en el acuerdo que aprobaba los complementos salariales a la plantilla.

Los rectores también van a trasladar su preocupación por la subida salarial a los funcionarios si el Estado si hay Presupuestos Generales. Ese incremento se sumaría a los 55 millones de menos con la que arrancan las universidades este 2025 para cumplir con el modelo de financiación. “Si se produjera esa subida, el agujero ascendería a 87 millones”, estiman. Ya han alertado de que esa cantidad no está recogida en las cuentas públicas aprobadas por la Junta. “Se trata de pagar a la plantilla y si no se nos transfiere ese dinero, tendremos que recortar de otro sitio. La mayoría de las universidades han cerrado unos presupuestos para 2025 muy austeros”, advierten esas fuentes. Desde la consejería aseguran que en los presupuestos autonómicos está prevista una subida superior al 2,5% del capítulo I (personal), que cubriría una subida salariar de los funcionarios en ese mismo porcentaje. Si fuera superior “se estudiarían soluciones”, recalcan esas fuentes.

Complementos autonómicos

El otro frente que se abordará es la transferencia de 20 millones para complementos autonómicos al personal docente investigador y 5,9 millones para la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, que se firmó el pasado 26 de junio en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas, en la que están además los sindicatos. La consejería ha esgrimido que la previsión inicial de PDI (Personal Docente Investigador) es menor y que hay que reajustar las cantidades asignadas, si bien las universidades no han sido informadas de las cifras que baraja la Junta. Las fuentes de la consejería adelantan a este diario que en la reunión que se mantendrá con los vicerrectores y los representantes de las organizaciones sindicales se darán los datos detallados y que “la previsión inicial fueron 11.093 nuevos tramos de complementos autonómicos, con un coste de 20 millones, pero los tramos concedidos son significativamente menos, reduciendo ese coste en casi cinco millones”.

“El abono de esos complementos es urgente, porque las universidades no tienen partidas para una plantilla que es esencial”, subrayan los interlocutores de la AUPA, que esperan soluciones concretas. “Veremos si vienen con hechos o vamos a seguir en la retórica. No vamos a consentir ningún recorte a las arcas de las universidades públicas”, sostienen.