La Generalitat rectifica y decide seguir en las telecomunicaciones

El objetivo del Gobierno catalán es mantener una participación del 5% en ambas sociedades. Si sólo lleva a cabo una desinversión parcial, no deberá dar explicaciones al Parlament. El Gobierno catalán ha reiterado en múltiples ocasiones que a lo largo de este año se desprendería de sus participaciones en el sector de las telecomunicaciones.

Según las valoraciones efectuadas por las empresas a las que se adjudicaron la empresa al-pi -la antigua Catalana de Telecomunicacions, controlada en un 75% por Uni2- y el operador Tradia -la antigua Sociedad de Difusión Digital, en la que ACESA acapara un 87% del capital-, la Generalitat podría obtener con la venta de sus acciones casi 8.000 millones de pesetas.

El 25% que mantiene en al-pi vale algo más de 2.000 millones, según la Administración, y el 13% de Tradia podría reportarle 5.400 millones, según la valoración que hizo Deutsche Bank de este operador cuando fue privatizado.

El conseller en cap, Artur Mas había, dejado claro que el dinero que se obtuviera por la venta de estas participaciones se destinaría a la Corporación Catalana de Radio y Televisión.

Sin embargo, los planes han cambiado. 'Nuestra intención es mantener una parte pequeña de las acciones, alrededor de un 5% en ambos casos', informaron fuentes de la Generalitat, 'porque las torres de Tradia son nuestras -están alquiladas a la empresa- y porque al-pi nos lleva la red corporativa'.

El Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat está representado en los consejos de administración de ambas empresas, con un miembro (Josep Grau) en el caso de Tradia y con dos (Pere Vila y Jordi Alvinyà) en el caso de al-pi. La Generalitat confía en mantener a sus representantes si se queda con una participación.

Los socialistas, que han insistido en que el dinero por la venta de estos paquetes de acciones se destine al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones en Cataluña, en vista del retraso que esta comunidad arrastra en este terreno, considera que 'no tendría sentido' que se mantuviera la presencia pública en empresas privatizadas en un mercado liberalizado.

Pero la Generalitat tiene las manos libres para no dar explicaciones. La ley de la empresa pública de 1985, con la modificación que se introdujo en 1997, deja claro que únicamente es aplicable a las sociedades en las que tenga un 5% del capital. Según recoge dicha ley, la Generalitat únicamente deberá informar ante el Parlament de los casos en los que se disuelva la empresa en cuestión o cuando pase de tener la mayoría de las acciones a quedarse en minoría. Es decir, en supuestos que no se contemplan ni en el caso de al-pi ni en el de Tradia.