La hora del pacto

El presidente del Gobierno y los secretarios generales del PP y del PSOE rubricaron ayer el pacto para la reforma de la justicia, en un gesto de máximo apoyo político a la iniciativa. Lo necesitará, y no sólo por parte del Gobierno y de los dos grandes partidos que sostienen el acuerdo, sino del resto de las fuerzas parlamentarias. Aunque el pacto marca nítidamente las líneas generales a seguir y acota su horizonte temporal -la actual legislatura y la próxima-, su concreción necesitará de las máximas asistencias parlamentarias e intitucionales en la comisión de seguimiento que ha de modular su aplicación.

En principio, hay que alabar que el PP no haya hecho bandera de las cuestiones más ideológicas de la reforma para facilitar el acuerdo con el PSOE y concentrar los esfuerzos en los aspectos de mejora de la organización judicial que redunden en una mayor calidad y eficiencia del servicio prestado al ciudadano. De haber insistido el PP en mantener a rajatabla la vuelta a la elección corporativa de los 12 vocales judiciales del Consejo, en acabar con el acceso restringido de juristas de prestigio y experiencia a la judicatura -los llamados de tercer y cuarto turno- y no haber aplazado su juicio definitivo sobre el jurado popular, es posible que el acto de ayer no hubiera tenido lugar. Algunos de sus hooligans le han acusado al PP de haber renunciado a principios básicos defendidos durante su etapa de oposición. Pero, si así fuera, tenía buenos motivos para hacerlo, sobrevenidos en su etapa de Gobierno.

Bloquear el acceso a la judicatura de juristas de prestigio habría sido una irresponsabilidad en momentos de dificultad para cubrir por oposición las plazas judiciales. Conocedor de la situación, el ministro Acebes abogó ayer por estos juristas -abogados, catedráticos, secretarios de juzgado-, 'dispuestos a dedicar un tiempo de su vida a poner sentencias'. También es responsable y realista por parte del partido gobernante aparcar su decisión sobre el jurado popular, tras el informe elaborado por el Consejo del Poder Judicial que refleja su aceptación social. Y en cuanto a la designación de los 12 vocales judiciales del Consejo, la fórmula consensuada con el PSOE -elección parlamentaria entre 36 candidatos propuestos por asociaciones judiciales y jueces independientes- consigue en buena medida el efecto buscado por el PP de evitar 'el mensaje de vinculación de los miembros del órgano de gobierno a los partidos políticos', sin eliminar el principio de que la elección de ese órgano constitucional corresponde al Parlamento.

De la resolución previa de estas cuestiones controvertidas dependía la viabilidad del pacto. Pero también un desarrollo del mismo centrado sobre todo en el diseño de un modelo de organización judicial accesible a los ciudadanos y razonablemente ágil en sus resoluciones. A ese objetivo se orientan la mayoría de sus 23 puntos. Su financiación está garantizada con una partida presupuestaria de 250.000 millones de pesetas, pero traducir lo que son de momento meros puntos programáticos en resoluciones legislativas acertadas y en medidas de gestión eficaces no será fácil. Algunas, como la apertura de la oficina judicial mañana y tarde, habrá de negociarse con los colectivos judiciales para evitar fiascos como el fallido intento de control mecánico de su horario laboral, en 1994, al que los sectores conservadores de la judicatura se opusieron con el peregrino argumento de que atentaba contra el 'fuero judicial'. Y otras, como la limitación temporal de la instrucción sumarial, no garantizan por sí mismas que la justicia será más rápida.

Las leyes actuales establecen plazos muy precisos para las mayoría de las diligencias judiciales, que no suelen cumplirse. Y desde hace años existe 'un procedimiento abreviado', eminentemente oral y sin apenas instrucción sumarial, destinado al enjuiciamiento del 80% de los delitos, sin que haya agilizado gran cosa la justicia penal. El pacto deberá hacer hincapié en la modernización de los métodos de trabajo de la oficina judicial, propiciando un cambio de mentalidad en todo su personal, especialmente en los jueces.