Proceso a la razón práctica

Un injusto expediente académico impidió a Manuel Garrido Jiménez, catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, dar una última clase magistral a sus alumnos en el curso académico 1990-1991. Entonces, siguiendo la doctrina de la razón pura que durante décadas había enseñado a generaciones de universitarios, el profesor decidió dar una lección a aquéllos que le habían afrentado e inició un proceso contra la razón práctica, encarnada en la persona del ex rector y actual consejero de Educación de la Comunidad, Gustavo Villapalos. El consejero se ha sentado esta semana en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusado de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos, por los que el fiscal solicita penas de tres años de cárcel y 12 de inhabilitación. Según el escrito de acusaciones, Villapalos pagó 30 millones de pesetas con fondos de la universidad a Garrido para que retirase una querella contra él.

Harto de esperar ser resarcido, el profesor Garrido reabrió el caso seis años después de iniciarlo

'Resulta sorprendente que un señor que pide una indemnización, que se acuerda y que se le paga, a los tres años tenga dudas sobre su legalidad', declaró el ex rector en el juicio. Villapalos, que llegó a rector tras ser profesor de una materia tan práctica como el Derecho, no podía entender la psicología de su agraviado colega del departamento de Lógica.

Todo comenzó el 18 de julio de 1990, cuando la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense suspendió cautelarmente al profesor de Lógica tras una denuncia presentada por la totalidad de los miembros de su departamento, excepto la esposa de Garrido. Éste tenía que jubilarse unos meses después, pero una disposición universitaria le permitiría prorrogar la jubilación casi un año más. El 7 de septiembre, con la opinión en contra de un inspector, se le abrió un expediente disciplinario que concluyó con una doble sanción.

Garrido, siguiendo la lógica administrativa, presentó el correspondiente recurso contencioso ante el mismo tribunal que ahora juzga a Villapalos. Y en 1993 consiguió una sentencia favorable por la que se anulaba la sanción y él recobraba su puesto. Pero la lógica lentitud del proceso judicial se enfrentaba a su lógica personal. Habían pasado tres años y, ya jubilado, la sentencia era de imposible aplicación. El rectorado estaba dispuesto a corregir la sanción, y así se lo comunicó al profesor el 5 de abril de 1994. Pero pasaba el tiempo y Garrido no veía llegar su resarcimiento, por lo que el 20 de octubre acudió a la vía penal que, en lógica judicial, requiere la presentación de una querella criminal contra alguien. Y apuntó a la cabeza, eligiendo al entonces rector como máximo responsable.

En la primavera de 1995, la situación de la Complutense era caótica. Se debían más de 21.000 millones de pesetas, aunque en los bancos había una liquidez de 3.500 millones, y se estaban negociando traspasos de competencias con varios ministerios y la Comunidad, que, para colmo, se encontraba en proceso electoral.

Y en medio de todo este lío burocrático estaba la patata caliente del profesor Garrido. A su causa se había sumado como abogado su cuñado, el escurridizo Antonio García-Trevijano, que pasaba apuros económicos y vio la posibilidad de ganarse un dinerillo. El 4 de abril de 1995, el abogado reclamó por carta al rectorado 50 millones por daños y perjuicios y el nombramiento de Garrido como profesor emérito.

El 10 de mayo de ese año, Garrido estaba citado para declarar en el juzgado por la querella criminal. Un día antes, el ex rector tomó cartas en el asunto y firmó tres resoluciones: que se abonase a Garrido una indemnización de 30 millones -sin que se haya presentado documentación alguna que avale esta cantidad, aunque sí ha quedado constancia en el juicio de que se habló de la misma-, que se le nombrase profesor emérito y que se abriese un expediente a aquéllos que le denunciaron. Garrido, satisfecho, decidió separarse de la querella. Según ha afirmado en el juicio, su cuñado le había dicho que era una condición de Villapalos, lo que no pudo acreditarse en la vista oral al negarlo García-Trevijano. 'Es la palabra de uno contra la de otro', dijo a EL PAÍS el profesor, que no se habla con su cuñado desde hace años.

Después vino el rocambolesco episodio del cobro del dinero, en dos talones de 15 millones -uno para el profesor y otro para García-Trevijano- firmados por el ex gerente de la universidad, Jesús Calvo Soria, imputado en el sumario con las mismas acusaciones que Villapalos. Poco tiempo después, el entonces rector fue nombrado consejero de Educación y se llevó consigo a la mayor parte del equipo de gobierno de la universidad. El caso Garrido pasó a la historia.

Pero Garrido no se rindió. Peregrinó por todos los departamentos reclamando el cumplimiento de las otras dos resoluciones y esperó más de un año. Finalmente, el 2 de septiembre de 1996 decidió reabrir el proceso penal contra Villapalos. Y así, siguiendo la lógica de un profesor que durante 10 años se ha visto enfrentado a un ilógico funcionamiento administrativo, se ha llegado al juicio que hoy quedará visto para sentencia. El tribunal tendrá que decidir poniendo en un lado de la balanza la razón pura del profesor de Lógica agraviado y, en el otro, la razón práctica del profesor de Derecho que dejó las aulas por la política.