El fiscal mantiene que Villapalos prevaricó al actuar con 'arbitrariedad'

El ministerio público, representado por el fiscal Antonio Camacho, aseguró que, en 1995, el entonces rector firmó el pago de los 30 millones de pesetas al profesor Manuel Garrido 'en un momento de cambio profesional en el que [Villapalos] decidió romper amarras, y aprovechando sus últimos momentos en la universidad' para 'satisfacer un interés meramente particular y cerrar un procedimiento que le podía ser perjudicial para su futuro'. Para el fiscal, 'hablar de una irregularidad administrativa sería una broma', porque el ex rector actuó 'sólo en base a su voluntad, motu proprio y arbitrariamente'.

El ministerio público dijo que la actitud de los procesados [Villapalos y Calvo] 'asusta' y mantuvo que 'la autonomía universitaria no puede ser un reino de taifas'. El fiscal intentó desvirtuar el testimonio de los miembros de la comisión permanente de la universidad, asegurando que 'la mayoría' no se acordaba de nada, 'y entre el resto está el staff del propio procesado y otros que reconocieron que de la comisión sólo se acordaban de lo que se les iba a preguntar'. El fiscal solicitó al tribunal que se deduzca testimonio por un presunto delito de falsificación de documento público a la presidenta de la comisión permanente de la Complutense, Carmen Hernández Ibáñez. La testigo expidió un certificado de que la comisión había aprobado un gasto de 30 millones para Garrido, cuando en el acta de la reunión no constaba este extremo.

El abogado Gonzalo Martínez Fresneda, en nombre de la acusación particular que representa al profesor Garrido, rebajó de 12 años de prisión a sólo tres -igual que el fiscal- su petición de pena para Villapalos y Calvo por un delito de malversación de caudales públicos. Martínez Fresneda aseguró que su patrocinado fue 'pisoteado en sus derechos fundamentales' y que siempre actuó con la 'lógica, y no el despecho'.

La firmeza del profesor

El abogado destacó la firmeza del profesor, que estuvo inculpado y tiene embargada su vivienda por su imputación como responsable civil de la supuesta malversación, 'pese a lo cual es el único que siempre ha mantenido la misma versión de lo sucedido'. Y coincidió con el fiscal en que el paso del asunto por la comisión permanente fue para darle 'apariencia de legalidad'.

La acusación popular, promovida por el profesor de Matemáticas Jesús Fortea, mantuvo la petición de cuatro años para Villapalos, pero retiró la acusación contra el ex gerente Calvo, cuya responsabilidad 'por falta de celo' igualó a la de los miembros de la comisión permanente. El acusador popular hizo referencia al 'desprestigio' que este caso puede acarrear a la Complutense. El juicio quedará hoy visto para sentencia tras los informes de las defensas de los dos procesados.