Villapalos pagó a Garrido sin consultar a los servicios jurídicos de la Complutense

El actual consejero de Justicia y ex director de los Servicios Jurídicos de la Universidad Complutense, Carlos Mayor Oreja, declaró ayer ante el tribunal que juzga al ex rector Gustavo Villapalos por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos, que su departamento no tuvo conocimiento de la indemnización de 30 millones que el actual consejero de Educación pagó al profesor Manuel Garrido, supuestamente para que retirara una querella.

Mayor Oreja aseguró que por razón de su cargo conoció la demanda contencioso-administrativa que presentó y ganó el profesor Manuel Garrido tras su expediente disciplinario. Respecto a la querella del profesor contra Villapalos, dijo que tuvo conocimiento de ella, aunque no pasó por la asesoría al tratarse de un asunto penal.

En relación a la indemnización abonada a Garrido, Mayor Oreja fue tajante al negar que su departamento fuera consultado para establecer el quantum de 30 millones de pesetas de la indemnización. Según el consejero de Justicia, eran las autoridades académicas quienes tenían que pedirles su intervención y, en este caso, no lo hicieron.

En la sesión de ayer también prestó declaración Rosario Salina, que ostentaba el cargo de jefa de caja, y el que fuera vicerrector de la universidad en el momento de los hechos, Guillermo Calleja. Éste señaló que creía que la decisión de la Comisión Permanente de permitir a Villapalos negociar una conciliación con Garrido, en compensación a los daños y perjuicios que se le habían ocasionado con el expediente, no era efectiva hasta que no la ratificara la junta de gobierno.

La declaración de Calleja fue la última de la fase testifical del juicio, que no quedará visto para sentencia hasta después del lunes en que las partes den a conocer sus conclusiones definitivas y respectivos informes.

Fase de informes

Fuentes del ministerio público, que representa el fiscal Antonio Camacho Vizcaíno, aseguraron que, básicamente, mantendrán sus conclusiones provisionales. En ellas se califican los hechos de prevaricación y malversación y pide para los dos procesados, el ex rector Villapalos, que ordenó el pago a Garrido, y el ex gerente general de la universidad, Jesús Calvo Soria, que lo materializó, una pena de tres años de prisión y 12 de inhabilitación. Petición de pena que la acusación particular, ejercida por el profesor Manuel Garrido, eleva a 14 años y ocho meses de prisión; y la acusación popular, ejercida por el profesor Jesús Fortea, a 11 años de cárcel.

Entre otros argumentos que las acusaciones utilizarán en sus alegatos estará la ausencia de informe previo alguno sobre el monto de la indemnización a pagar al profesor Garrido. Informes que no sólo no hizo la asesoría jurídica, como dejó patente ayer Carlos Mayor Oreja; tampoco la Inspección de Servicios, ni ningún vicerrector.

Por su parte, las defensas, representadas por los letrados Ramón Hermosilla y Manuel Murillo, mantendrán su solicitud de absolución para los dos procesados. Según fuentes de la defensa, destacarán en sus informes la plena autonomía administrativa de la universidad, con la intención de desmontar la tesis del fiscal de que el ex rector Gustavo Villapalos carecía de facultad para ordenar el pago a Garrido.