Villapalos niega haber sobornado a un profesor cuando era rector

El ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Gustavo Villapalos, negó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que los 30 millones de pesetas que pagó en 1995 (cuando era rector) al profesor de la Complutense Manuel Garrido tuvieran como objeto conseguir que éste retirase una querella contra él. Según Villapalos, juzgado desde ayer por sendos supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos durante su etapa como rector, dicha cantidad se entregó a Garrido en concepto de indemnización por daños y perjuicios, y el pago contó con el visto bueno de la Comisión Permanente de la Complutense y del Consejo Social de la Universidad.

'Resulta sorprendente que un señor que pide una indemnización, que se acuerda, se le paga y se la gasta, a los tres años tenga dudas sobre su licitud o legalidad', afirmó Villapalos, para quien el fiscal, Antonio Camacho, solicita una pena de tres años de prisión y 12 de inhabilitación.

Los hechos por los que se está juzgando al consejero de Educación se remontan a 1990, cuando el entonces rector incoó contra Garrido, profesor de Lógica y Teoría de la Ciencia de la Facultad de Filosofía, un expediente disciplinario. La sanción impuesta a Garrido fue posteriormente revocada por el TSJM, que estableció en su sentencia una compensación por daños morales y por el anormal funcionamiento de las instituciones universitarias.

Garrido interpuso entonces una querella contra Villapalos, quien, según el fiscal y para evitar que prosperara la demanda, contactó con el profesor a través del abogado Antonio García Trevijano, cuñado de Garrido, ofreciéndole 30 millones de pesetas a cambio de que no prestara declaración en el procedimiento penal.

El ex rector dictó el 9 de mayo de 1995 una resolución aprobando dicha cantidad, que le fue entregada a Garrido al día siguiente, fecha en que tenía que declarar en el juzgado. Según el fiscal, Garrido compareció en la vista, pero sólo para renunciar al ejercicio de acciones penales. El 29 de mayo, prosigue el ministerio público, el entonces gerente de la universidad y también procesado por los mismos delitos Jesús Calvo Soria expidió las órdenes de pago en forma de dos talones, de 15 millones cada uno, para Garrido y para García Trevijano.

Dos horas de declaración

Durante las dos horas que duró su interrogatorio, Villapalos aseguró que no conocía a Garrido y que el expediente fue iniciado a instancia de los profesores de su departamento. También dijo que la sentencia que ordenaba el retorno del profesor a su puesto 'no se podía ejecutar por haberse jubilado [Garrido]'. El profesor reclamaba 50 millones de pesetas de indemnización, 'pero la universidad fijó un quantum de 30 millones', afirmó el ex rector, quien añadió que el hecho de que se hiciera efectivo en dos talones fue a petición del interesado.

El ex rector, que en todo momento sostuvo que su decisión fue corroborada por los órganos responsables de la universidad, añadió que el día de la declaración de Garrido en el juzgado él estaba en Milán dando una conferencia. El consejero concluyó que 'Garrido quiso utilizar la querella como vía de presión'.

El juicio comenzó con la petición del fiscal de que se suspendiera en virtud de un escrito, presentado el sábado por él, en el que planteaba la recusación del presidente de la sala -y del TSJM-, Javier María Casas Estévez, y del magistrado ponente, Antonio Pedreira Alta, por haber participado en la instrucción del caso. A la petición se sumaron las acusaciones particular y popular, que reclaman para el ex rector y su ex gerente hasta 14 años de prisión.

Tras cerca de una hora de deliberación, los magistrados consideraron por mayoría que no había motivos para las recusaciones y rechazaron la petición fiscal por extemporánea, al encontrarse ya el proceso en vista oral. Según el ministerio público, sin embargo, no se conoció la composición del tribunal hasta el pasado 4 de mayo, 'por lo que no se podía recusar a quien no se conocía'. El presidente apostilló que la composición del tribunal está predeterminada por la ley.