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El PP se niega a ratificar tres protocolos europeos que protegen a los inmigrantes

Los populares no creen urgente su aprobación

El PP aplicó ayer su mayoría absoluta para rechazar que España ratifique tres protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que afectan directamente a los derechos de los inmigrantes. La diputada María del Carmen Matador, del PP, argumentó su rechazo en que 'no parece urgente' la ratificación de esos tres protocolos: el número 4 fue aprobado en Estrasburgo en 1963; el número 7 en 1984, y el número 12 en noviembre del año pasado, con ocasión del 50º aniversario del convenio. La diputada popular añadió que 'siendo prudentes, no se debe proceder a una ratificación precipitada de esta forma'. La prudencia a la que se refería la diputada del PP se explica, según el diputado socialista Diego López Garrido, en que los tres protocolos garantizan derechos a los inmigrantes, que ahora no están recogidos en España.

El protocolo 4 -de 1963, y que han ratificado países como Albania, Bulgaria, Georgia, Polonia, Rusia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia o Ucrania- prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros. Es decir, no habría sido legal hacer expulsiones como la que hizo el Gobierno el pasado 15 de mayo a 37 nigerianos, que fueron trasladados a Málaga desde el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta, y desde allí llevados a Nigeria.

El protocolo número 7, de 1984, recoge las 'garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros'. Ese protocolo recoge además el 'derecho a indemnización en caso de error judicial', el 'derecho a no ser juzgado o castigado dos veces' y la 'igualdad entre esposos'.

El número 12 se aprobó el pasado noviembre, en el 50º aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. También aquí es clave el incremento de garantías para los derechos de los inmigrantes, pues textualmente señala: 'El disfrute de todo derecho previsto por la ley debe ser asegurado sin discriminación alguna, fundada especialmente en el sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o cualesquiera otras opiniones, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra'. Es decir, sería perseguible por la ley el dueño de un bar que se negara a servir un refresco a un immigrante.

La diputada del PP dejó muy claro, ya avanzado el debate en la Comisión Constitucional del Congreso, el motivo de fondo para rechazar estos protocolos. Dijo que 'en el momento actual, ratificar los protocolos 4 y 7 significa un índice de probabilidad muy elevado de sentencias constatando violación de dichos protocolos en España, conllevando la exigencia de modificar, en cumplimiento de lo exigido por Estrasburgo, nuestra actual realidad jurídica'. La oposición subrayó que ese incumplimiento es el que deja a España muy por detrás que la mayor parte de los países del Consejo de Europa, en la protección de los derechos humanos, especialmente en lo que afecta a los inmigrantes.

Estos protocolos deben atravesar un largo procedimiento para su implantación en los países miembros. Primero debe firmarlos el Gobierno: los de 1963 y 1984 fueron firmados. Después, el Parlamento debe aprobar su ratificación. Y por último han de ser ratificados por el Gobierno. Luego hay que adaptar las leyes nacionales para su total cumplimiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de mayo de 2001