La concertación social inyectará 884.612 millones en el mercado laboral andaluz

La sede del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo, volvió a ser ayer el escenario elegido para la firma de un nuevo pacto social entre la Junta, los sindicatos y los empresarios, que viene a reeditar los acuerdos formalizados entre los agentes sociales y el Ejecutivo autonómico durante estos últimos ocho años. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, rubricó el Acuerdo de Concertación de Andalucía, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Rafael Álvarez Colunga, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente.

Los cerca de 900.000 millones de pesetas en los que ha evaluado la Consejería de Economía el coste total de las medidas, que deben ser gestionadas en su mayor parte por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, no sólo incluyen fondos propios de la Junta, sino también la financiación del Gobierno central y de la Unión Europea a los programas desarrollados por el Ejecutivo andaluz. El quinto Acuerdo se desarrollará entre 2001 y 2004, aunque la mayor parte de las medidas no contarán con dotación presupuestaria hasta el próximo año.

Los dirigentes sindicales fueron los primeros en exponer los contenidos y la intencionalidad del acuerdo a tres bandas. El máximo responsable regional de CCOO, Julio Ruiz, destacó que 'la apuesta sigue siendo la misma que al principio: empleo y estabilidad' y resaltó el impulso a la política de igualdad en el mercado laboral con incentivos a la incorporación de la mujer a puestos de empleo.

El acuerdo contempla ayudas de entre 400.000 y 700.000 pesetas para los empresarios que contraten mujeres, jóvenes o colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral. El apartado de políticas activas de empleo aglutina una de las mayores asignaciones económicas, con 349.594 millones en cuatro años. El desarrollo de estas políticas (que van desde la cogestíón de las ayudas a los jornaleros a la acciones formativas en escuelas-taller) dependen en gran medida de la transferencia de las competencias, que el Gobierno central tiene congelada.

El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, destacó la singularidad de esta triple alianza, ya que 'no hay ningún otro acuerdo en España y en Europa que permita un mayor nivel de colaboración, de intervención' de los agentes sociales y económicos en las políticas económicas y laborales. Pastrana recordó el intento fallido del Gobierno central de lograr una concertación similar a nivel nacional: 'Se habla de un acuerdo ambicioso porque hemos vuelto a dar, con este quinto acuerdo, un paso más en muchas materias que en otros ámbitos de diálogo social son una añoranza, un permanente sueño'.

Por su parte, el presidente de la patronal, Rafael Álvarez Colunga, interpretó el acuerdo como 'un paso adelante en el desarrollo económico de Andalucía', que no ha resultado fácil, tras siete meses de 'duras e intensas' negociaciones, en las que la patronal llegó a levantarse de la mesa, al no estar de acuerdo con las reivindicaciones sindicales sobre siniestralidad laboral e incentivos a contratos fijos-discontinuos. En el apartado de fomento a la actividad empresarial y el desarrollo de los sectores productivos, el acuerdo contempla inversiones de 72.204 y 380.031 millones, respectivamente.

Chaves, hizo una defensa de la concertación, dirigida a 'muchos agoreros' que cuestionaban su consecución, a la vez que advirtió que el acuerdo 'no debe ser criticado en función de quien lo firma, sino valorado en función de sus contenidos'.

Con el acuerdo de concertación, la Junta cree haber logrado un escudo ante las previsiones de enfriamiento económico en un futuro próximo. 'Es cierto que existen indicios de recesión o de deceleración económica, pero pienso que nosotros estamos bien preparados y este acuerdo es un arma importante para afrontar lo que pueda venir', subrayó Chaves.

El presidente andaluz finalizó su intervención abogando por un acuerdo con el Gobierno central que garantice un incremento de la inversión en infraestructuras, al considerarlo 'como un instrumento importante de desarrollo económico y de creación de empleo' para la región.