Los discapacitados físicos acusan a Empleo de eliminar un servicio laboral

La Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Madrid (Famma) pidió ayer la dimisión de la directora general de Empleo de la Comunidad, María Luisa García, por 'dejar sin financiación' los dos Servicios de Integración Laboral de discapacitados (SIL) regentados hasta diciembre de 2000 por la asociación ALPE (miembro de Famma) en Argüelles y Torrejón de Ardoz. En esa fecha, estos centros, que ofrecían orientación, formación y mediación laboral a los minusválidos, dejaron de depender del Inem y pasaron a ser competencia de la Consejería de Economía y Empleo.

Pero, según denuncia Famma, Economía no ha sacado en lo que va de 2001 ninguna convocatoria de subvenciones para garantizar la continuidad de estos servicios, que el año pasado ayudaron a encontrar trabajo a 172 minusválidos -la mayoría físicos- y formaron a 500. Fernando Becerra, presidente de Famma, considera que la consejería de Luis Blázquez 'se ha cargado de un plumazo unos servicios válidos para la integración laboral de los discapacitados y, lo que es más grave, no ha explicado a qué va a destinar las partidas recibidas del Inem para mantenerlos'.

Empleo ha convocado subvenciones para programas de orientación laboral para discapacitados, y Servicios Sociales ha concedido ayudas, cofinanciadas con la Unión Europea, a proyectos de inserción de grupos desfavorecidos, de los que 30 (116 millones de pesetas) son para minusválidos. Pero la federación considera que ambas iniciativas no cubren el vacío dejado por los SIL: 'La convocatoria de Empleo sólo prevé seis horas de orientación laboral por persona, y ningún plan de mediación, y las subvenciones de Servicios Sociales se reparten entre numerosos grupos desfavorecidos, no sólo los discapacitados'.

Famma propone crear cinco servicios de inserción laboral como los que existían, para lo que harían falta 170 millones de pesetas. Según sus datos, en Madrid viven 400.000 discapacitados, de los que el 67% padece una minusvalía física. Portavoces de la Consejería de Economía y Empleo declinaron comentar el asunto.