La EMV alerta del peligro de derrumbe de 1.400 casas en San Cristóbal de los Ángeles

La barriada de San Cristóbal de los Ángeles se construyó, en su mayor parte, en la década de los 50. Las viviendas pertenecen a tres promociones distintas: una llevada a cabo por Poblados Dirigidos, del extinto Ministerio de Vivienda; otra por la inmobiliaria privada Norah, ya desaparecida, y una tercera realizada por Renfe. Las tres presentan el mismo problema: el terreno es particularmente arcilloso y las viviendas no se construyeron con la suficiente cimentación.

Aunque los problemas y las grietas, según explican los vecinos, han existido siempre, en los últimos años los problemas se han intensificado: las puertas no abren debido a que la estructura de la casa se deforma; las paredes se agrietan de forma alarmante; los suelos se abomban y se deforman.

En octubre de 1999, el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional firmaron un convenio por el que se comprometían a ayudar en la rehabilitación del barrio a través de subvenciones. Se incluyeron en este convenio 158 bloques de edificios. De éstos, según un informe elaborado el año pasado por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), 45 bloques (1.400 casas) necesitan obras estructurales para 'recalzar y rehabilitar' el inmueble. Es decir, necesitan una nueva cimentación.

'En el caso de Rocafort, 44 [el edificio que se tuvo que desalojar urgentemente hace un mes], se dijo a los vecinos hace casi un año que había que recalzar y rehabilitar, pero, como no se ha hecho nada, pues al final se ha tenido que desalojar', explica Ángel Rodríguez Hervás, gerente de la EMV. Los vecinos de este bloque de la calle de Rocafort ya han sido realojados, tras dos semanas de incertidumbre, una noche durmiendo en la calle y un desalojo policial de las tiendas de campaña que montaron en la vía pública.

Polvo de ladrillos

Mientras se decide qué hacer con estos edificios, la ruina avanza. 'Yo cada día recojo polvo de ladrillos de las habitaciones, y las grietas cada vez son más grandes', explicaba ayer Victoriana Yelmo, de 68 años, vecina de Rocafort, 32. Los residentes, para adelantarse a la declaración de ruina y no ser desalojados de urgencia, tienen dos opciones: rehabilitar el edificio de forma integral, inyectando cemento en la base; o bien demoler el inmueble y reconstruirlo por entero.

En el primer caso, los habitantes tendrán que pagar unos cuatro millones de pesetas de media; en el segundo, el precio asciende a ocho millones. Las administraciones, por medio del convenio firmado en 1999, ponen un millón de pesetas por familia.

Según explican algunos miembros de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, los propietarios de 10 de estos 45 bloques ya han acordado demoler el edificio. Hay ocasiones en las que no sólo es necesario el acuerdo de los vecinos del mismo bloque: como la barriada está construida en forma de plazoletas, los inmuebles se apoyan unos en otros, de forma que para demoler uno de los edificios tienen que estar de acuerdo los habitantes del bloque contiguo. 'Esto es un laberinto', explica Paula Sánchez, miembro de la asociación de vecinos.

Rodríguez Hervás asegura que la EMV 'está deseando' que los vecinos se pongan de acuerdo 'para empezar a rehabilitar o a demoler los bloques más afectados'. Pero tienen que ser los vecinos los que, tras llegar a un acuerdo, encarguen los equipos de arquitectos y las obras. 'Porque, cuanto más tiempo tarden los afectados, los edificios más se deterioran y más se corre peligro de que se derrumben', explica el gerente.

Pero el acuerdo es, en ocasiones, imposible. Se necesita una práctica unanimidad para acordar demoler el edificio. Y bien porque alguno de los vecinos no tiene recursos para hacer frente a las obras (el barrio está poblado de familias de origen humilde), bien porque no quiere, muchos de los bloques se encuentran paralizados: al final no se decide ni rehabilitar ni demoler.

Venta de pisos

Otra circunstancia agrava la situación. Incluso actualmente, en la zona se están vendiendo muchos pisos. Hay personas que, a pesar de que la asociación de vecinos les informa del estado de las casas, compra una vivienda. 'Y claro, ése luego no quiere demoler porque ya tiene una hipoteca de siete millones de pesetas, con lo que todo se para', explica un vecino.

Las administraciones se comprometieron en 1999 a destinar más de 10.000 millones de pesetas para gastos de rehabilitación de edificios. A fecha de hoy, y 'debido a la falta de acuerdo de los vecinos en decidirse', no se ha invertido ni una peseta en arreglar una sola casa. El único dinero gastado ha sido destinado a estudios, informes y a pagar los realojos de algunas personas.

'No es culpa de los vecinos, sino de la complejidad del sistema', replica Isabel Pascual, de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal. 'Hay que encargar el estudio de los arquitectos, ver cuánto suelo se puede ocupar, calcular los costes, pedir las subvenciones. Todo tarda muchísimo, y por eso está empantanado', explica.