La policía desaloja a un grupo de vecinos acampados ante sus viviendas en ruinas

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía desalojaron ayer, a las nueve y media de la mañana, a unos veinte vecinos que dormían, por primera vez, en tiendas de campaña frente al edificio que hace dos semanas tuvieron que abandonar ante el riesgo inminente de derrumbe, en el número 44 de la calle de Rocafort, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde). Los vecinos que estaban acampados en el momento de la intervención policial -y a los que el Ayuntamiento, en contra de lo que prometió tras la evacuación de sus viviendas, aún no ha realojado- eran en su mayoría mujeres; también había algún adolescente y dos o tres hombres.

Sobre las ocho y media de la mañana, cuatro furgones de la policía, según relataron los residentes, llegaron al lugar de la acampada, una plazoleta peatonal de la calle de Rocafort. 'Nos dijeron que tenían orden del delegado del Gobierno para desalojarnos', contaba Paula, una de las vecinas. Y así lo hicieron. Una hora más tarde, los agentes rodearon las tiendas de campaña y obligaron a sus ocupantes a salir. 'Han roto lo que sujeta las tiendas con unas navajas y las lonas se nos han caído encima. Nos han agarrado y nos han sacado con fuertes empujones', relataba Germán, que había regresado al campamento sobre las cinco y media de la mañana después de trabajar en el turno de noche de una empresa de automóviles.

Aunque no hubo heridos, varios vecinos sufrieron contusiones debido 'a la fuerza' con la que los policías les obligaron a dejar las tiendas de campaña. 'Nos han retorcido el brazo y nos han empujado', aseguraban los afectados. Algunas mujeres enseñaban heridas y moratones en sus rodillas, brazos y piernas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno sostienen que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía se limitaron a 'invitar' a los vecinos a irse del campamento. 'Los vecinos estaban acampados de manera ilegal en la vía pública, y en el desalojo no se han producido incidentes', afirmaron. Por su parte, fuentes policiales indicaron que los agentes acudieron para apoyar la acción de los policías municipales, que son los encargados de notificar el desalojo de la vía pública. 'Pero los que tienen la potestad para efectuarlo son los policías nacionales', explicaron. Los vecinos tenían previsto pasar la noche de ayer a las puertas del bloque afectado. 'Aunque sea dormiremos en bancos y, si llueve, volveremos a montar las tiendas', afirmó Prado de la Mata, presidenta de la asociación de vecinos de San Cristóbal de los Ángeles.

En los rostros de algunos residentes todavía quedaba ayer tarde el susto de lo que había ocurrido por la mañana. 'Estaba durmiendo y he tenido que salir casi en calzoncillos de la tienda de campaña, en medio de la lluvia, porque la policía nos ha dicho que de ahí íbamos a irnos por las buenas o por las malas', explicaba Carlos, un chaval de 13 años. 'Tenía que haberme levantado para ir al instituto, pero me he quedado dormido y he empezado a chillar en cuanto he visto a los antidisturbios', añadió.

Después del desalojo, los vecinos se quedaron esperando en plena calle a que dejara de llover para volver a organizarse. En cuanto salió el sol pusieron las tiendas a secar y se concentraron, como cada día, a las puertas del edificio. A pesar de la acción policial, el ánimo no decayó. 'Es nuestra casa. De aquí no nos movemos hasta que el Ayuntamiento nos dé una solución', afirmó Olga, una de las afectadas. Ella, como otros vecinos, decidió pasar la noche al aire libre. 'No tengo dónde ir, me sentaré en un banco, espero que no me digan que también estoy de forma ilegal en la vía pública.

La Policía Municipal, que desde hacía unos días había dejado de vigilar el edificio, volvió a aparecer ayer por la calle de Rocafort. 'Vamos a quedarnos por aquí hasta que se resuelva la situación de los vecinos de la mejor forma posible', afirmó uno de los policías.

María Tardón, concejal de Policía Municipal, señaló que la actuación de los agentes se había producido contra una ocupación indebida de la vía pública. 'A partir de ahora actuaremos con igual contundencia para prevenir estas situaciones, que nunca deben plantearse', advirtió la edil y tercera teniente de alcalde.

En cambio, la concejal Nieves Sáez de Aldana, presidenta de la Junta del distrito de Villaverde, aseguró que desconocía que se hubiese producido cualquier acción policial en la zona. 'Lo que sí hemos de recordar es que hemos negociado desde el primer momento con los afectados. Se les han ofrecido pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda en otras zonas de la ciudad, y algunos ya están realojados', señaló Sáenz de Aldana.

Actuación inaudita

Hasta el lugar del desalojo se trasladaron los concejales de Izquierda Unida Julio Misiego, portavoz en el distrito de Villaverde y vecino de la zona, y Ángel Lara. 'La actuación de la policía ha sido inaudita y desproporcionada. Ante un problema social se ha dado un tratamiento de orden público, y éste no es un problema de orden público', afirmó Misiego, que también pidió la dimisión de Francisco Javier Ansuátegui.

Misiego añadió que ayer tenía una reunión concertada con Sigfrido Herráez, concejal de Vivienda, en la que iban a tratar el tema del realojo de estas familias. 'Pero Herráez no se ha presentado a la cita', lamentó el concejal de IU. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Simancas, coincidió con Misiego en la 'desproporción' de la medida tomada por la Delegación del Gobierno. 'El señor Ansuátegui ha actuado con una prepotencia impropia de un Estado democrático', afirmó Simancas.

El portavoz socialista agregó que, a su parecer, esta acción es una advertencia de que la Delegación del Gobierno no va a estar dispuesta a que se celebren en Madrid más acampadas como protesta por algo. 'Esperemos que lo ocurrido en Villaverde no sea un precedente de lo que piensa hacer en los próximos días con la acampada de los trabajadores de Sintel en el paseo de la Castellana', alertó. Los trabajadores de Sintel cumplieron ayer 100 días desde que plantaron sus tiendas de campaña frente a los ministerios de Economía y Hacienda y de Ciencia y Tecnología, en protesta porque llevan más de diez meses sin cobrar.

Según fuentes policiales, la Delegación del Gobierno ha encargado un informe para conocer si hay argumentos jurídicos que permitan desmantelar el campamento de Sintel.