Realojados 1.200 vecinos por ruinas o expropiación desde 1995

El sistema, que se ha generalizado desde 1995, ha sido criticado por los grupos municipales del PSOE-Progresistas e IU. Ambas formaciones creen que los convenios benefician a los propietarios, que abandonan los edificios para especular posteriormente con ellos.

La polémica ha trascendido después de la alarma creada por el deterioro de los edificios protegidos en la almendra central de la capital. En la mayoría de ellos residen inquilinos mayores, con escasos recursos económicos, a los que el propietario tiene que garantizar una vivienda aunque venda o rehabilite el inmueble. Pero la situación cambia si el edificio es declarado en ruina. Entonces, los inquilinos tienen un mes de plazo para abandonar sus hogares y encontrar otro cobijo. En esa situación se encuentran, por ejemplo, las 19 familias que viven en el inmueble número 16 de la calle de Oviedo, declarado en ruina inminente el pasado 3 de abril.

80 millones por un edificio

Marisa de Frutos, directora de Servicios Sociales de la EMV (Empresa Municipal de la Vivienda), lleva desde entonces negociando con los propietarios del edificio -un grupo familiar de cinco hermanos y dos parientes lejanos que fallecieron sin herederos- la compra del inmueble para garantizar el realojo de los vecinos.

El Ayuntamiento ha ofrecido 80 millones por el edificio y hacerse cargo de los costes de los realojos (unos 40 millones). Sin embargo, los dueños han pedido a la EMV que suba su oferta hasta 110 millones. Si a ello se suman los 40 millones de gasto que supondrá facilitar a los vecinos nuevas casas, el Ayuntamiento asumiría un desembolso global de 150 millones para solucionar una situación creada tras años de abandono del edificio. Si los propietarios no aceptan la oferta económica de la EMV, ni quieren hacerse cargo de los costes de los realojos, el concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, expropiará el edificio.

'Está claro', dice Luis Armada, gerente de Urbanismo, 'que la propiedad ha incumplido los decretos municipales para garantizar la seguridad del edificio. Al haber un incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación del inmueble, creemos que hay base suficiente para que la expropiación salga adelante'.

Esas 19 familias constituirán el grupo más numeroso de vecinos afectado por un expediente de ruina. Según los datos de la EMV, hay que retroceder hasta octubre de 1995 para encontrar un grupo similar, pero en aquella ocasión los vecinos vivían en dos edificios linderos.

La situación de los vecinos de Oviedo 16, puede repetirse en los próximos meses, ya que las declaraciones de ruina inminente se han triplicado desde que se derrumbaron dos edificios, en marzo pasado, en las calles de Gaztambide y del Factor. Además, hace un mes 20 familias del número 44 de la calle Rocafort, en San Cristóbal de los Ángeles, tuvieron que ser desalojadas por riesgo de derrumbe de su edificio.

En total, desde febrero de 1995 hasta la actualidad, la EMV ha firmado 35 convenios de realojos con propietarios de fincas con expediente de ruina, con un total de 192 familias afectadas. Un colectivo de personas muy complicado, tanto por su avanzada edad media como por su precaria situación económica.

'Un 76% de los inquilinos tiene más de 65 años y, dentro de ese grupo, en torno al 35% tiene más de 75 años y cuenta con algun tipo de ayuda a domicilio por parte de los servicios sociales de las juntas de distrito', explica Marisa de Frutos. Se trata, además, de familias poco extensas: entre el 30% y el 40% son unipersonales (un solo miembro) o parejas y 'poquísimos -del 3 al 5% - deciden irse con un hijo o un familiar', continúa la directora de Servicios Sociales de la EMV. Sólo un 2% opta por irse a una residencia para personas mayores. 'Todos quieren seguir viviendo en el barrio, aunque tengan dificultades para valerse por sí mismos; pero cuando la situación es muy complicada, los convencemos para que vayan a una residencia', apunta De Frutos.

La escasez de los recursos económicos constituye, junto a la edad, otro handicap para esos inquilinos. 'Los vecinos de la última finca con la que hemos firmado convenio de realojo [situada en Lavapiés y con declaración parcial de ruina] tienen unos ingresos por debajo de 1,5 millones al año. De todas formas, en otro tipo de realojos tenemos familias más jóvenes, con hijos y con más ingresos', continúa De Frutos.