El 99% de los afectados carece de medios para comprar otra casa

El concejal de Vivienda y presidente de la EMV, Sigfrido Herráez, asegura que 'el perfil socioeconómico de las familias desalojadas es decisivo para decidir qué tipo de realojo es adecuado'. El edil recuerda que 'el 99% de los inquilinos de los edificios protegidos no pueden comprar una casa, por lo que se les realoja en alquiler'.

De todas formas, los vecinos abonan una cantidad que se regula según sus ingresos. 'Los que tienen una pensión mínima pagan en torno a las 14.000 pesetas mensuales. Si se trata, en cambio, de un matrimonio con dos pensiones que suman más de 2,5 millones, se les ofrece una casa que cuesta unos 14 millones. Más o menos tiene que pagar 60.000 pesetas mensuales durante 15 años', explica el edil.

Contra los convenios

La oposición mantiene, en cambio, una posición crítica. 'En todas esas actuaciones votamos a favor de los realojos, pero en contra de los convenios', afirma Alfredo Merchand, representante del Grupo Socialista en el consejo de administración de la EMV.

'Nos parece que los convenios son claramente favorables a los dueños, sobre todo cuando la ruina se ha producido por abandono del inmueble. Hay gente que está ganando mucho dinero con esto y no podemos ser nosotros [el Ayuntamiento] el elemento impulsor que cargue con los costes mayoritarios de los realojos', continúa.

El portavoz socialista argumenta sus críticas con unos datos básicos: la EMV desembolsa unos 10 millones por vivienda, sin contar el precio del suelo, que es de propiedad municipal, pero los propietarios abonan tan sólo dos millones por cada realojo. Por su parte, Justo Calcerrada, portavor de IU en la EMV, comparte el criterio de Marchand de que hay que plantear otro tipo de actuaciones. Ambos consideran que en los casos de edificios en ruina se debe proceder a la expropiación.