Orden de desalojo para 12 familias de un barrio de Sallent que se hunde

En este punto del barrio, el hundimiento del suelo en el último año ha sido de cinco milímetros, según indican los últimos estudios del Instituto Cartográfico de Cataluña, y es apreciable la aparición de nuevas grietas y el agravamiento de las existentes, en lo que los técnicos definen como un proceso activo.

El Ayuntamiento de Sallent -gobernado por el convergente Jordi Moltó-, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat -que ha aconsejado el desalojo- y la empresa pública Adigsa -que cede los pisos para que se pueda efectuar el traslado- creen que la actuación debe ser inmediata. Antes de abandonar las viviendas, los vecinos, en su mayoría propietarios, exigen que se lleve a cabo una valoración de su patrimonio, sin contar la devaluación que supone el problema de las grietas, para calcular una indemnización. Los vecinos piden también que se efectúe un programa de actuación en todo el barrio que no se limite a los bloques afectados de la calle de Comamala Poal. La teniente de alcalde, Loren Aranda, afirmó ayer que la tasación ya está encargada a una empresa independiente y aseguró que el propósito del Ayuntamiento es 'poder ir de la mano con los vecinos', aunque ahora las relaciones son distantes.

A los vecinos se les ha ofrecido la compra de un piso de Adigsa, de características similares a los que tienen en la actualidad, que podrían adquirir en condiciones de crédito similares a las facilitadas a los afectados por problemas de aluminosis. Estas condiciones, sin embargo, no se han concretado.

Los vecinos no entienden que se dicte un traslado urgente de un edificio cuando hay otro adosado que se halla prácticamente en una situación idéntica, según los informes técnicos. A pocos metros, en la misma calle, tambien hay dos edificios más con problemas de la misma gravedad.

Poco más allá, en la calle de Valencia del mismo barrio, hay una casa unifamilar afectada también por el hundimiento del subsuelo, pero la familia que la habita desea un cambio por una casa de características similares y no por un piso. En este caso hay una coincidencia: Adigsa tiene 10 pisos desocupados y espera tener en breve dos más en la misma población de Sallent. Doce son también las familias que ocupan el bloque que se ha ordenado desalojar.

El año 1955 se abandonó definitivamente la explotación de la mina Enrique, la primera de donde se extrajo mineral desde el año 1923, pero las galerías se sellaron en falso a causa de la presencia de agua en el interior. Un proceso de disolución y la ruptura de varias capas de mineral salino han acabado creando una cavidad a 200 metros de la superficie de unas dimensiones que aún hoy son desconocidas y que son el origen de la patología estructural que sufren distintos edificios del barrio de la Estación, una urbanización que se construyó en las décadas de 1960 y 1970 sin ninguna limitación a pesar de que se sabía que la mina había sido sellada con agua en su interior.

El Ayuntamiento de Sallent consideraba que la administración responsable de este problema era el Gobierno central, ya que era el que tenía las competencias en materia de minería cuando se cerraron estas galerías y se construyó el barrio. Pero la Administración del Estado indicó que las competencias se habían traspasado a la Generalitat y que era el Gobierno de Jordi Pujol el que debía asumir la factura de la intervención.