300 mujeres al año abortan en otras autonomías por la objeción de conciencia y por falta de centros privados

Sanidad paga el viaje y la intervención a las mujeres que usan los cauces de la consejería para abortar -178 el año pasado- y está en conversaciones con una clínica de Alicante para autorizar interrupciones del segundo trimestre en la Comunidad. La mayoría de los casos obedece a malformaciones en el feto. Los retrasos en los resultados de la amniocentesis, ya sea porque las clínicas se demoran en ofrecer los datos o porque la mujer acude a practicar las pruebas en un estado de gestación avanzado, provocan que la embarazada llegue a las 12 semanas con un feto con problemas.

Llegados a este punto, y si la mujer opta por la interrupción del embarazo, tiene dos opciones: acudir a los recursos públicos o los privados. En cualquiera de las dos posibilidades, tendrá que desplazarse fuera de Valencia.

Las interrupciones de embarazo superiores a 12 semanas se consideran de alto riesgo. La intervención requiere unas condiciones especiales que incluyen la presencia de un cirujano, un anestesista, que exista guardia en el centro así como una unidad de cuidados intensivos. Estos requisitos excluyen a las clínicas privadas, limitadas a casos de hasta tres meses. Quedaría la posibilidad de practicarlos en centros públicos, donde sí existe equipo médico suficiente, pero no facultativos. 'Los jefes de servicio de ginecología practican la objeción de conciencia y detrás de ellos los médicos', apunta una fuente sanitaria. 'Ni siquiera están dispuestos a practicar la intervención en fetos acráneos, que no tienen ninguna posibilidad de seguir vivos en el remoto caso de que nacieran', destaca.

La diputada socialista Consuelo Catalá lamenta que las mujeres valencianas no tengan acceso a 'este derecho de salud básico' en la Comunidad. 'Fuimos la segunda autonomía en todo el Estado en autorizar centros que practican abortos', recuerda, 'y tenemos muy buenos hospitales públicos'. 'Al menos se podrían concentrar estas intervenciones en un hospital público', plantea.

El tope legal para practicar abortos por malformaciones físicas son las 22 semanas, por lo que, en numerosas ocasiones, las mujeres eligen el camino que consideran más rápido: la vía privada. Josep Lluís Carbonell, responsable de la Clínica Mediterráneo y vicepresidente de la Asociación del Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), recibe a decenas de mujeres anualmente en esta situación. El año pasado, desvió a Madrid a unas 48 mujeres. Carbonell mantiene que las otras 11 clínicas de la comunidad enviaron a Madrid o Barcelona no menos de 100 casos. En total, 150 casos.

Otras 178, según Sanidad, tomaron el camino que habilita el departamento que dirige Serafín Castellano. En este caso, desde que hay constancia de la malformación a través de los dos informes preceptivos elaborados por ginecólogos, los servicios de Sanidad localizan las clínicas que practican las interrupciones en Barcelona o Madrid y en 48 horas se practica la interrupción. No existen conciertos con estos centros sanitarios, pero las gestiones son muy rápidas para no superar el límite de las 22 semanas.

Sanidad corre con los gastos de la intervención y el transporte, que puede incluir un acompañante. Sin embargo, la consejería es consciente de que la situación ideal sería que la intervención se practicara en la Comunidad. Por eso es probable que en breve existan clínicas acreditadas y se evite de esta forma tener que acudir a Madrid o Barcelona. Sanidad apunta que se han iniciado conversaciones con una clínica en Alicante para permitirlo. Además la clínica Mediterráneo solicitó el pasado mes de abril los permisos para poder practicar abortos de más de tres meses en la nueva clínica que tiene prevista abrir en Valencia las próximas Navidades.