Hacer cumplir la ley

La única forma de acertar por parte de los poderes públicos en un Estado de derecho es hacer cumplir la ley. Esta es una regla que no admite excepción. Como solía decir don Antonio Maura, no hay camino más seguro hacia el error que 'el atajo de la arbitrariedad'. El imperio de la ley frente al atajo de la arbitrariedad es la regla que tiene que presidir la actuación de los poderes públicos. Y todo lo que no sea cumplir la ley es arbitrariedad, que no es más que sustituir la voluntad general por una voluntad particular. La voluntad de un poder público al margen de la ley es voluntad particular. El juez que prevarica está sustituyendo la voluntad general por la suya propia. El titular del poder ejecutivo que actúa al margen de la ley, hace lo mismo. Esto era tan verdad a comienzos del siglo XX como lo sigue siendo a comienzos del siglo XXI. Cuando no se respeta esta regla, se puede apostar doble contra sencillo a que se va a cometer un disparate.

Viene a cuento esta introducción por la polémica que se viene arrastrando desde hace tiempo con motivo del proyecto de fusión de las dos cajas de ahorro sevillanas y que esta semana ha vivido un nuevo episodio con la publicación por determinados medios de comunicación, y la ocultación por otros, de los resultados de la inspección practicada el año pasado por el Banco de España al Monte y a la Caja de Ahorros San Fernando.

No voy a entrar en el análisis del contenido de las actas de inspección y de las advertencias que el Banco de España hace a las cajas de ahorro sevillanas. Doctores tiene la santa madre Iglesia y no me cuento entre ellos. No puedo dejar de expresar mi sorpresa, sin embargo, ante la reacción que se ha producido tras la publicación de dichas actas tanto por parte de diversos medios de comunicación como por los presidentes de las dos entidades financieras. La lectura de los editoriales de dichos medios y la de las cartas remitidas por los presidentes de ambas cajas a ABC y Diario de Sevilla me ha dejado realmente perplejo. En lugar de responder a las críticas del Banco de España y de dar una explicación a la opinión pública de lo que se está haciendo para atender las recomendaciones que se les hace, se acusa 'al poder político' en general (carta a Diario de Sevilla) o a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en particular (editorial de El Mundo de ayer: 'El descrédito de una filtración'. Vivir para ver!), de ser los responsables de una suerte de 'conspiración' con la finalidad de impedir que culmine el proceso de fusión de ambas cajas.

Pero, insisto, no es sobre el contenido de las actas del Banco de España sobre el que quiero llamar la atención del lector. Es sobre la necesidad de dar cumplimiento a la ley sobre lo que quiero reflexionar. Porque con esto, además, se acaba el problema. Cumplimiento de la ley por los órganos rectores de las cajas de ahorro en primer lugar y cumplimiento, en segundo y sobre todo, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Las cajas de ahorro son unas entidades de crédito singulares. Son instituciones en las que se combina lo público y lo privado. De ahí la composición de sus órganos rectores, en los que figuran representantes de los municipios y de la comunidad autónoma, y de ahí también las atribuciones a la Consejería de Economía y Hacienda o al Consejo de Gobierno en momentos singularmente importantes en la vida de las cajas, como son la aprobación de los estatutos o los acuerdos de fusión. La voluntad de los órganos rectores de las cajas es condición necesaria pero no suficiente para adoptar estas decisiones. La decisión final sobre la fusión de cajas es del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

Y es una decisión que está reglada. Tras la entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía el 29 de diciembre de 1999, no se puede aprobar un proyecto de fusión sin que se haya procedido previamente a la renovación de los órganos rectores de las cajas de acuerdo con lo previsto en la propia ley. Sin renovación no hay fusión. Esto es lo que dice con toda claridad la ley y es lo que los órganos de gobierno de las cajas de ahorro sevillanas que pretenden fusionarse deberían hacer, pero, sobre todo, es lo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no puede no imponerles que lo hagan, si se resisten a hacerlo. Ningún acuerdo de fusión que sea aprobado por los órganos rectores de las cajas no renovados puede ser hecho suyo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esto es algo que el Gobierno andaluz debería hacer saber a los órganos rectores de las cajas de manera inequívoca. Es algo que no se puede 'pactar' con el PP o con el PSOE de Sevilla. El Consejo de Gobierno no puede sustituir la voluntad general por su arbitrio particular, independientemente de que cuente con el consentimiento de la dirección del PP y de la del PSOE de Sevilla. El atajo de la arbitrariedad no puede ser el camino.

Actuando de esta manera, además, el problema de la fusión se plantearía en unos términos distintos a como está planteado en estos momentos. Dejarían de mezclarse problemas personales con problemas institucionales. Si los presidentes actuales son confirmados tras la renovación de los órganos rectores, tendrían toda la legitimidad que proviene de la aplicación de la ley para liderar el proceso de fusión. Si no son confirmados, los nuevos presidentes podrían valorar con los nuevos órganos rectores la oportunidad de continuar o no con la operación. Tal como está planteada la fusión en estos momentos, no está nada claro que no sea el interés personal el motor de la misma. Humanamente es comprensible, pero políticamente no lo es.

En todo caso y a la vista del contenido de las actas de inspección del Banco de España y de la reacción de los presidentes de las cajas ante la publicación de las mismas, sería no sólo prudente sino casi obligatorio proceder a una inspección actualizada de la situación de las cajas en el momento en que se vaya a aprobar el acuerdo de fusión.