La Cámara de Cuentas podrá fiscalizar a los ayuntamientos

Los ayuntamientos andaluces ya no podrán eludir el control del órgano fiscalizador de la comunidad a través de recursos ante los tribunales. El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad modificar tres artículos de la ley de la Cámara de Cuentas, por los que a partir de ahora se eliminan todas las cautelas e indefiniciones de la norma aprobada en 1988 en la que los legisladores se cuidaron de evitar una demanda ante el Tribunal Constitucional por invasión de las competencias municipales.

La doctrina del alto tribunal ha dejado claro que no hay tal colisión y que los órganos autonómicos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas pueden examinar y controlar a las corporaciones locales. En Andalucía, los ayuntamientos de La Carolina (PP) y Marbella (GIL) han sido los que más se han distinguido por impedir el examen de sus cuentas acogiéndose a la 'ambigüedad' de la norma hasta ahora vigente.

Los cinco grupos parlamentarios presentaron conjuntamente una proposición de ley para poner fin a las lagunas legislativas, que además de a los ayuntamientos afectaban a las universidades de la comunidad, a las que se citaba en la exposición de motivos de la ley, pero sin precisión posterior.

Revisión más amplia

'Espero que esta iniciativa no se emplee con fines partidistas ni como ariete en la lucha política', advirtió el portavoz del grupo mixto y alcalde de Jerez, Pedro Pacheco. Izquierda Unida y Partido Popular coincidieron en que la modificación aprobada, aun siendo necesaria, es corta y reclamaron una revisión más amplía de la ley de la Cámara de Cuentas para que el deber de colaboración de los ayuntamientos 'no se quede en un garabato' y 'en una pura denuncia política', afirmó la portavoz de IU, Concha Caballero.

El portavoz popular Salvador Fuentes fue más allá al reclamar instrumentos más poderosos para obligar a los ayuntamientos a colaborar con el órgano fiscalizador, aunque como recordó el socialista Manuel Gracia esa vía sólo podría establecerse por el Código Penal, 'lo que escapa a la competencia del Parlamento'.

Momentos antes, todos los partidos aprobaron también por unanimidad otra proposición de ley, firmada por los cinco grupos, para modificar la ley del Defensor del Pueblo Andaluz y corregir, igualmente, un vacío legal.

Con la reforma, el puesto de defensor no quedará vacante cuando expire su mandato de cinco años, como ocurría hasta ahora, sino que la persona elegida para ese puesto seguirá en funciones hasta la toma de posesión del siguiente. La modificación, señaló el socialista Manuel Gracia, es 'meramente técnica' y no afecta a las conversaciones políticas entre los grupos para designar al defensor, cargo que desempeña José Chamizo.