La Fiscalía investiga el destino de subvenciones para la formación a varias academias

La Fiscalía de Valencia ha recibido la documentación del Juzgado de Lo Social número ocho y ha repartido las diligencias de investigación penal para determinar si las subvenciones concedidas por la Generalitat a varias academias han podido tener un destino distinto al que les correspondía. La Fiscalía ha adjudicado ya la investigación instada por el juzgado tras tramitar éste un despido improcedente. La profesora afectada por ese despido asegura que el salario de los profesionales era muy inferior al que figuraba que debían recibir por sus servicios.

La ex profesora explicó ayer que del conglomerado de centros investigados por la Fiscalía, la mayoría con participación de los mismos socios, el Centro de Desarrollo de Nuevas Tecnologías contactaba con los profesores y luego los enviaba en función de las necesidades a otras academias, entre ellas Técnicas de Enseñanza Europeas. Esta firma ha sido condenada por el Juzgado de lo Social número 8 de Valencia por el despido improcedente de Lourdes Calatayud, aunque la resolución no es firme dado que sobre ella planean dos recursos de súplica.

Calatayud, contratada por Técnicas de Enseñanza Europeas para impartir dos cursos de formación profesional ocupacional, fue expulsada de la empresa tras negarse a firmar facturas por un importe superior a lo que iba a percibir en realidad. Según la ex profesora, la academia aducía que la diferencia entre lo que figuraba en la factura y lo que iban a pagarle era para sufragar material y otro tipo de gastos que la Consejería de Empleo subvenciona por otro lado. Además, insiste la profesora, del dinero líquido que la academia paga debía de hacer frente a una parte de la Seguridad Social que le correspondía al empresario y la declaración a Hacienda por el importe nominal de la factura y no por lo percibido.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha abierto una investigación por si el caso denunciado por Calatayud diera lugar a una supuesta infracción penal en la gestión de las subvenciones públicas.

La Consejería de Economía y Empleo paralizó los pagos a las empresas demandadas, pero ha mantenido los cursos al resto de academias al no existir ningún procedimiento abierto en contra de ellas. Este diario intentó ayer sin éxito saber cuántos cursos había subvencionado la Generalitat a estas academias el año pasado. Y si este ejercicio estaban impartiendo otros nuevos. No hubo respuesta de la Consejería de Empleo.

La ex profesora puso su caso en conocimiento de la Generalitat el 13 y 14 de noviembre del año pasado, poco después de su despido. Su defensor, el graduado social Vicente Vercher, solicitó la nulidad del despido porque, según sus propias palabras, su cliente fue expulsada por 'su negativa a participar en un fraude', por lo que se vulneran los derechos fundamentales. Por este motivo ha presentado un recurso contra el despido improcedente dictado por el Juzgado de lo Social número 8 de Valencia.

La defensa de las academias denunciadas insiste en que no han cobrado ninguna subvención pública de los cursos realizados el año pasado y, por tanto, no pueden haber incurrido en ninguna supuesta anomalía en la gestión de fondos públicos. Esta parte también ha anunciado un recurso contra la única sentencia que existe sobre este caso.