700 ecuatorianos tienen ahora problemas para regresar en breve a España

El vicepresidente primero y ministro del Interior dio por liquidada la fórmula del 'retorno voluntario', por la que los ecuatorianos debían viajar a su país para obtener un visado y volver a España con los papeles en regla. Hizo el anuncio ante los miembros del Consejo Superior de Política de Inmigración, que ayer celebró en Madrid su sesión constitutiva, y lo reiteró dos veces ante los medios de comunicación. El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, presente en el acto, declinó hacer declaraciones.

Rajoy garantizó que las 21.000 personas que se acogieron a la 'oferta' del Gobierno y finalmente no han tenido que viajar a Ecuador serán documentadas a través de la revisión de expedientes que fueron rechazados en el último proceso de regularización porque sus titulares no pudieron demostrar que se encontraban en nuestro país antes del verano de 1999, y del artículo 31.4 de la Ley de Extranjería, que contempla la regularización de personas por razones de arraigo y humanitarias.

Pero los rescoldos del polémico 'retorno voluntario' aún no se han apagado. El portavoz de Rumiñahui, Raúl Jiménez, negó que, como había sugerido el vicepresidente, 700 de las 3.000 personas que han viajado a Quito no quieran regresar a España. 'Puede haber un puñado que no desee volver. Pero el 90% quiere hacerlo. Ocurre que no les llaman de la Embajada para darles el visado porque las ofertas de trabajo que llevaban presentan algún problema'. Jiménez aseguró que entre esas personas figuran varias que volaron en la primera expedición a Ecuador.

Además el portavoz de Rumiñahui denunció la situación de los, según él, 80.000 o 90.000 inmigrantes de ese país que no se creyeron, la 'oferta' del Gobierno y ahora se encuentran en situación irregular. 'Es una triste ironía que por desconfiar de una propuesta que, como se ha demostrado, no tenía sentido, queden fuera del proceso', dijo.

La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, manifestó que 'el Gobierno debe explicar si el gasto de 500 millones de pesetas [de la Operación Ecuador] está justificado, y asumir las correspondientes responsabilidades'.