Metáforas ciudadanas y patriotismo constitucional

Considera el autor que el concepto de patriotismo constitucional puede ser muy fértil en la España y la Euskadi actuales.

Hace unos días, el profesor Francisco Llera publicó en la edición vasca de este periódico [12 de abril] una inteligente columna con el título Zumárraga en territorio Udalbiltza en la que comenzaba diciendo: 'Si Ermua era la metáfora de la Euskadi autonomista, Zumárraga lo es de la Euskadi mestiza en la que nacionalistas moderados y socialistas autonomistas mantenían hasta hace muy poco el equilibrio político necesario para la convivencia comunitaria'.

'A la Unión Europea seguro que le interesa que el parque temático del terrorismo antropológico no traspase los Pirineos'

Sabemos que en Zumárraga, como recuerda Llera, los ediles socialistas no han soportado la presión 'totalitaria' y, dice nuestro amigo, 'han tenido que pasar a la clandestinidad en una sociedad democrática (?)'. La explicación que aporta el politicólogo a esta paradoja consiste en que Zumárraga es un territorio Udalbiltza, que agrupa al 80% de los ayuntamientos de Euskadi que tienen menos de diez mil habitantes, teniendo en cuenta que Udalbiltza es algo más que la asociación de los municipios nacionalistas de las provincias vascas, Navarra y los territorios vascofranceses de los Pirineos Atlánticos: 'Es, además, un instrumento de acción política del nacionalismo más radical con vistas a la construcción de una comunidad etnocéntrica' y 'su activación y materialización a partir de 1998 ha sido posible por la comunión de fines-principios de todas las versiones del nacionalismo, aquejadas de una grave neurosis colectiva fundacional'.

Aunque hablar de 'nacionalismo moderado' tras el pacto de gobierno entre el PNV y EH en la pasada legislatura es un oxímoron de parecida función retórica que mencionar a una virgen preñada, cosa distinta es la difícil existencia pública de los demócratas, y no obstante nacionalistas, que con razón podemos llamar ilustrados. Éstos vienen sufriendo actualmente la reprobación oficial de la dirección de su partido, que conlleva la condena más o menos explícita a las tinieblas exteriores de la organización nacionalista y que me parece el prólogo de la persecución que sufrieron los nacionalistas conservadores alemanes por los nacionalsocialistas en el poder durante el Tercer Reich, que minuciosamente narra Ian Kershaw en su recién publicada biografía Hitler. 1936-1945.

Entre los mencionados genéricamente como nacionalistas ilustrados, Joseba Arregi publicó en febrero de este año un profundo artículo titulado Identidad vasca y diálogo en el que, tras señalar que la 'preocupación por la identidad vasca pretende (...) la reagrupación de una mayoría social en defensa de la identidad vasca (...), afirmando que tanto el nacionalismo como el euskera están sometidos a una persecución feroz por parte de quienes niegan la identidad vasca', añade: 'Identificar la identidad vasca con una forma concreta de promoción del euskera y de plantear la cultura vasca desde una perspectiva empresarial, igualar identidad vasca y nacionalismo y una determinada forma de entender el nacionalismo y determinadas apuestas del nacionalismo, implican negar diálogo -sobre el tema fundamental, la manera de entender la sociedad vasca, la misma identidad vasca-, y optar por una concepción tautológica y autista de la identidad; y la consecuencia de esta opción es tener que apostar por una definición hegemónica y monista, no plural de la sociedad vasca'.

Sobre este aspecto crucial del debate vasco, y en respuesta a un artículo que publicaron en este periódico [15 de enero] Antoni Comín i Oliveres y José I. González Faus titulado ¿Diálogo para qué? Para defender la vida, Arregi les respondió el 19 de enero señalando que la propuesta de una reforma e interpretación de la Constitución que complaciera a las partes en el referido diálogo sería como la cuadratura del círculo, si no hubiera algún movimiento de renuncia de alguna de las dos partes en alguna de sus posiciones. Pero piénsese que estas posiciones son irreductibles, ya que es impensable que los constitucionalistas aceptasen la modificación coaccionada de la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a la unidad de España, tanto como, hoy por hoy, los nacionalistas se resignaran al abandono de su exigencia de la soberanía nacional y ámbito de decisión.

Si pensamos que los movimientos nacionalistas que surgen en el interior de un Estado nacional consolidado y reconocido internacionalmente tienen que inventarse una identidad distinta a la que compartieron para edificar conjuntamente dicho estado nacional, o de otra manera tienen que dar forma a otra ficción que sea distinta a la que ayudaron a inventar, el resultado es que varios cientos de asesinatos en el nombre de una nueva ficción es un colosal disparate. A esto lo he llamado la institucionalización del crimen como rasgo distintivo del peculiar fascismo vasco.

Surgida ETA en proclamada pugna contra el franquismo que le servía de coartada, celebró el mes de diciembre de 1978, en el que se proclamó la Constitución Española -cuyo artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española- asesinando a 13 personas. Ahora estamos muy cerca de contabilizar 900 asesinatos cometidos en el nombre de la patria vasca. Cierto que sólo los militantes y sicarios de ETA son autores responsables de estos asesinatos en virtud de la individualización de la responsabilidad penal en un plano estrictamente jurídico, pero el proyecto de país en el nombre del que se mata, se exige el impuesto revolucionario y se asola el país, es un constructo que tiene su referencia personal histórica y su abastecimiento ideológico servido por los partidos nacionalistas que quieren que se le designe como moderados. Esto es así como una responsabilidad más que difusa ya que cada nacionalista, en un panorama tan desolador, es muy libre para desmarcarse de la orgía criminal, si es que no quiere oponerse, por autorespeto a sus tradiciones, con algo más que su palabra individual.

II

Actualmente los publicistas convienen que tres acontecimientos producidos en y desde principio de la década de los ochenta, afectan a la relación entre la ciudadanía e identidades nacionales:

1.- La caída del muro de Berlín. Algo más que un símbolo que aceleró la reunificación alemana y la liberación de los estados de la Europa Oriental respecto de la tutela soviética y fue la génesis de los conflictos entre las nacionalidades preexistentes y las emergentes de los Balcanes.

2. -El desarrollo de la Comunidad Europea hasta la consolidación de la Unión que, en la opinión que parece mayoritaria, ilumina la relación entre estados nacionales y democracia y ocasiona que los procesos de democráticos articulados ya históricamente en términos de Estado nacional se subordinen a la integración económica en términos supranacionales.

3.- La gran marea migratoria que asciende sobre la Europa próspera desde sus mismas regiones orientales y desde el sur (el Magreb y el África Subsahariana), dramatizando el choque entre los principios universalistas de los estados democráticos de derecho y las identidades ancestrales de los recién llegados.

Naturalmente, estos tres fenómenos han incidido sobre el País Vasco, particularmente el segundo, ya que el proyecto de nación de los partidos nacionalistas se ha edificado sobre el sentimiento y la idea de una comunidad prepolítica que en su dimensión más radical implica una agresión, vedada por el Tratado de la UE, a dos Estados-Nación constituidos según principios universalistas consagrados en sus respectivas constituciones, que reconocen el dogma de la igualdad de todos los ciudadanos frente a leyes promulgadas según procedimientos reglados por el Derecho.

Jürgen Habermas recuerda que, tras 1871, Renan pudo rechazar las reclamaciones del Reich alemán sobre Alsacia invocando la nacionalidad francesa de la población, 'pero sólo pudo hacerlo porque entendió la nación como una nación de ciudadanos y no como una comunidad de descendencia' . Y sigue diciendo Habermas: 'La nación de ciudadanos encuentra su identidad no en rasgos comunes de tipo étnico-cultural, sino en la praxis de ciudadanos que ejercen activamente sus derechos democráticos de participación y comunicación' (Facticidad y validez. Editorial Trotta, página 622).

Obviando, por imperativo de brevedad, la fértil distinción entre la interpretación liberal del concepto de ciudadanía activa y la republicana, el punto común de ambas, me parece que consiste en que en las sociedades multiculturales no es necesario apoyarse en procedencias u orígenes étnicos o lingüísticos para que puedan echar raíces los principios constitucionales. Es cuando Habermas dice que 'una cultura política liberal sólo constituye el denominador común de (o el medio cívico-político compartido en que se sostiene) un patriotismo de la Constitución que simultáneamente agudiza el sentido para la pluralidad e integridad de las diversas formas de vida que conviven en una sociedad multicultural' (obra citada, página 628).

Este concepto de patriotismo constitucional está construido por Habermas no sólo desde la experiencia histórica alemana, sino también desde la observación de sociedades históricamente multiculturales como Suiza o Estados Unidos, cuya aplicación a otras situaciones me parece fértil y esclarecedora. Por ejemplo, a esta España actualmente constitucional de las comunidades autónomas y con la amenaza de desbordamiento irredentista negador de la propia Constitución. Pero también el concepto me parece apropiado para describir otras situaciones históricas que enfrentaron a los que pretendían ser ciudadanos libres e iguales en una sociedad moderna con los ultramontanos fundamentalistas mantenedores de las más retrógadas tradiciones.

Al fin y al cabo, ejercicio práctico de patriotismo constitucional fue el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito el 8 de diciembre pasado por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular y al que se adhirieron posteriormente diversos movimientos y fuerzas sociales. Repárese en la cláusula 3 del acuerdo, que afirma: 'El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y desde luego, sin la presión de la violencia'. Es risible escandalizarse, como se ha hecho, porque el Gobierno de un país que pertenece a la Unión Europea, como España, revele en el exterior la situación en el País Vasco y recabe la colaboración internacional contra el terrorismo. Esto, en cumplimiento de la cláusula 6 del mencionado acuerdo que compromete a los firmantes a 'trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación singularmente con Francia y en el marco de la UE'. A la Unión Europea, cuyos países tienen tras de sí trágicas experiencias totalitarias, seguro que le interesa que el parque temático del terrorismo antropológico no traspase los Pirineos.

Antonio Giménez Pericás es magistrado emérito.