Una enmienda de última hora al Plan Hidrológico da más dinero a Cataluña

El apoyo de los nacionalistas catalanes al Plan Hidrológico Nacional (PHN) no le ha salido gratis al Gobierno. Además de las compensaciones a las tierras del Delta del Ebro, una enmienda introducida a última hora en el proyecto de ley aprobado por el Congreso el pasado jueves dice que el reparto del 'canon ambiental' que reciban las autonomías del Ebro como compensación tendrá en cuenta 'el ámbito territorial en el que se produzca la captación de las aguas trasvasadas'. Cataluña recibirá así más dinero que el resto de las autonomías de la cuenca.

El texto original del PHN decía que el 'canon ambiental' de cinco pesetas por cada metro cúbico de agua que cedan las autonomías del Ebro se repartiría entre todas 'con criterios de proporcionalidad en relación a su superficie'. Por lo tanto, la más beneficiada sería Aragón, seguida de Navarra, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha. Pero una enmienda de última hora introducida por el Gobierno a petición del grupo parlamentario catalán añade una coletilla que beneficia a Cataluña. 'También se tendrá en cuenta el ámbito territorial en el que se produzca la captación de las aguas trasvasadas', dice el párrafo añadido.

La captación de las aguas para el trasvase de 1.050 millones de metros cúbicos anuales desde el Ebro al arco mediterráneo tiene lugar en Tarragona, en un tramo del río aún no precisado entre el azud de Xerta y su desembocadura, cerca de Amposta.

El pleno del Congreso del pasado jueves también aprobó enmiendas al PHN que afectan a los usuarios y a quienes utilizan los ríos como recipientes de sus vertidos. Una propuesta de modificación del PSOE (la única importante de la oposición admitida por el PP), obliga al Ministerio de Medio Ambiente a aplicar los precios del agua en función 'siempre' del volumen que se consuma. Este sistema, tan obvio en los consumos domésticos y en las zonas agrarias donde escasea el agua, es prácticamente desconocido entre la mayor parte de los regadíos españoles. La reforma de la Ley de Aguas, aprobada durante la etapa de Isabel Tocino, en la que se hablaba de implantar los contadores, no ha aportado ningún avance porque Medio Ambiente no ha desarrollado aún su reglamento.

La enmienda aceptada del PSOE fija plazos. Dice que las Confederaciones Hidrográficas o la Agencia Catalana del Agua 'determinarán los sistemas de control de los caudales concesionales y de los vertidos al dominio público, así como el procedimiento de comunicación y la inspección'. Los concesionarios de derechos de uso quedarán obligados, en el plazo máximo de cuatro años, a instalar contadores. No hacerlo se considerará infracción grave. Su reiteración, la cancelación de la concesión del agua.

No consiguió el PSOE que le aceptaran la propuesta de que, en casos de excepcional sequía, el Consejo de Ministros podría autorizar el trasvase del Tajo para abastecer a Murcia y Alicante, aunque las reservas de Entrepeñas y Buendía, en Guadalajara y Cuenca, estuvieran por debajo de los 240 hectómetros cúbicos. Tenía la cláusula de 'previa autorización de Castilla-La Mancha'. El PP se planteó ampliar ese visto bueno al resto de zonas bañadas por el Tajo, pero optó por recurrir la Ley vigente, por la que el Gobierno puede aprobar por decreto un trasvase en casos excepcionales, como hizo el PSOE en la sequía de 1992.