Un plan piloto muestra que los jueces usan más el catalán que los fiscales 40 órganos judiciales se acogieron a una experiencia pagada por Justicia

Notable en catalán para los jueces, aprobado justo para los médicos forenses y suspenso para abogados, fiscales y peritos. El plan piloto de la Generalitat que se ha aplicado en 40 órganos judiciales de Cataluña para fomentar el uso del catalán ha tenido un apoyo desigual entre los profesionales implicados. Justicia cree que el dato más positivo es que el 86,3% de las sentencias se ha escrito en esa lengua. Justicia cree que el plan, acompañado de un incentivo económico, ha sido un éxito y ampliará la experiencia a otros juzgados.

El plan piloto impulsado por el Departamento de Justicia de la Generalitat fue apoyado desde el primer momento por la fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Empezó en octubre del año pasado y finalizó en marzo. Los 40 juzgados afectados por la experiencia han trabajado empleando sólo la lengua catalana, aunque cualquier profesional o persona implicada en un pleito podía seguir utilizando el castellano de forma oral o escrita.

En estos seis meses, estos tribunales han dictado 6.048 sentencias, de las que 5.221 estaban redactadas en catalán (86,3%) y 827 en castellano. Los porcentajes más elevados se han producido en Barcelona -ciudad y provincia- y en Girona, donde se ha superado el 93%. De los 130.000 documentos judiciales de redacción libre, 117.800 se escribieron en catalán.

En cuanto al idioma empleado en los juicios, el catalán se habló en tres de cada cuatro vistas, lo cual no significa que no se emplease también el castellano. 'Creo que el plan ha trasladado a las salas de vistas la situación de bilingüismo que se da en la calle y que no genera ningún problema', asegura Santiago Vidal, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona, uno de los que se ha acogido al plan. En este sentido, recuerda la experiencia de múltiples juicios en los que abogados, fiscales, acusados y testigos han empleado las dos lenguas de manera indistinta.

Assumpta Palau, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, considera, por su parte, que la experiencia ha sido muy positiva y que debe mantenerse y ampliarse. Palau coincide con Vidal en que el plan piloto ha demostrado lo que resulta evidente: que el ciudadano puede emplear el catalán en la justicia sin temor. Todos los juzgados en los que se desarrolló la iniciativa se acogerán a un segundo plan piloto, a excepción de cuatro en los que ha cambiado el juez. A ellos se sumarán otra veintena de juzgados.

En el caso de la fiscalía, se aplicará una experiencia específica que se está negociando, anunció Palau. Precisamente, los fiscales son los que menos han empleado el catalán durante los seis meses de duración del plan piloto, apenas en uno de cada tres documentos (30,2%). Justicia considera que estos datos se explican porque el tiempo de aplicación del plan piloto coincidió con la llegada de una promoción de fiscales. Los médicos forenses, que son funcionarios de la Generalitat, también emplearon muy poco el catalán (51,3%) en sus escritos.

Incentivo de 100.000 pesetas

El plan ofrecía un incentivo: una compensación de 100.000 pesetas brutas -que se liquidaron al cabo de los seis meses- para cada uno de los funcionarios que se apuntaron a la experiencia. Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha organizado cursos de catalán tanto para los funcionarios como para los jueces y fiscales. También ha utilizado fórmulas para impulsar el uso del catalán en las oficinas judiciales. La medida de introducir una compensación económica está en la línea de fomentar más el uso del catalán en un ámbito como el de la justicia.

En cuanto a los abogados, el plan ha advertido una tendencia muy extendida a no emplearlo para no demorar la tramitación del proceso por la necesidad de traducción, cosa que no ha ocurrido casi nunca en la experiencia que se ha llevado a cabo. Las cifras evidencian que, de entrada, el abogado no utiliza el catalán, pero sí lo hace cuando sabe que el proceso se ha iniciado en esa lengua. Así, durante los seis meses de aplicación del plan se presentaron 1.593 demandas en catalán y en cambio se contabilizaron 9.051 escritos de contestación en esa lengua.