¡A rebato!

¡A rebato! Éste es, sin duda, el toque adecuado ante el proyecto de ley de urbanismo que el Gobierno de la Generalitat acaba de aprobar.

A rebato tocan los profesionales del urbanismo, los ambientalistas y los promotores de vivienda social. Para impulsar las ciudades catalanas y para evitar que nuestro entorno sea cada vez más insostenible, más ineficiente, más insolidario y, por qué no decirlo, más feo, hay que promover desde la Administración los usos débiles ante la presión de los fuertes: proteger el suelo no urbanizable, el suelo para espacio público, para equipamientos, para la vivienda social; y crear los instrumentos para la protección del paisaje, la mejora integral de los barrios y la promoción de residencia accesible.

Pues bien, el proyecto del Gobierno -plegándose a los vientos liberalizadores que impone la doctrina del Partido Popular- no contiene estos elementos básicos para una buena política territorial y ambiental. Antes al contrario; de aprobarse en su redacción actual sería no sólo una oportunidad perdida, sino incluso un retroceso respecto a la situación actual.

A rebato tocan los alcaldes de municipios grandes y pequeños, la Federación de Municipios de Cataluña y la oposición parlamentaria. El urbanismo es una competencia que debe ser compartida, cuya normativa no puede inspirarse en el simple principio de jerarquía, sino en los de concertación y subsidiariedad. Y es una materia que ha de ser regulada por un amplio consenso, precisamente porque en su aplicación intervendrán muchas administraciones, gobernadas por fuerzas políticas de muy distinto signo. El proyecto del Gobierno hace caso omiso de ambas consideraciones: establece tutelas innecesarias e inaceptables sobre los municipios y, en vez de fundarse en el acuerdo de todas las fuerzas políticas, busca ante todo el apoyo del Partido Popular.

A rebato tocan, en fin, los catalanistas, los defensores del Estatut y del acuerdo constitucional. El verano pasado, el Gobierno central sustrajo de un plumazo buena parte de las competencias de la Generalitat en este campo, a través del Real Decreto llamado de 'liberalización del sector inmobiliario', decreto que está hoy a punto de convertirse en ley. Pese al dictamen del Consell Consultiu según el cual la medida constituía una invasión palmaria de las competencias exclusivas de Cataluña; pese a los requerimientos de la oposición, CiU, cautiva por su debilidad parlamentaria, se opuso a llevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

Ahora, con el proyecto presentado, confirma la aceptación del nuevo marco legislativo estatal. El Estatut y el Tribunal Constitucional nos dicen que tenemos derecho a 100 y los nacionalistas que nos gobiernan aceptan legislar por 25. ¡A rebato!

Oriol Nel.lo es diputado en el Parlament del PSC-Ciutadans pel Canvi y consejero de urbanismo en el gobierno alternativo de Pasqual Maragall.