¿Debe aumentar el suelo urbanizable?

El proyecto de ley de urbanismo que el Gobierno catalán ha enviado al Parlament esta semana levanta ampollas en el municipalismo catalán progresista, que lo considera un intento de laminar sus competencias, y ha soliviantado a la oposición: el Grupo Socialista e Iniciativa per Catalunya-Verds presentarán probablemente una enmienda a la totalidad y Esquerra Republicana ha expresado reservas importantes. El texto, impulsado por el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias, tampoco satisface al Partido Popular, que sostiene al Gobierno de Jordi Pujol en el Parlament. El PP exige una mayor liberalización del suelo y una ley más acorde con la legislación estatal.

Nadie pone en duda la necesidad de aprobar una ley de urbanismo adaptada a los nuevos tiempos: la actual legislación data de 1990 y es, de hecho, un texto trufado de leyes diversas, alguna anterior incluso a la Constitución. Pero el debate sobre la nueva ley coincide con la tramitación en las Cortes de una ley para toda España basada en el decreto de liberalización del sector inmobiliario que el Gobierno central aprobó en junio del año pasado.

El Consell Consultiu de la Generalitat consideró que el decreto puede ser inconstitucional por invadir supuestamente las competencias de Cataluña en la ordenación del territorio. Pese a ello, Convergència i Unió (CiU), en virtud de su alianza parlamentaria con los conservadores, ha evitado promover un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual, a juicio de la izquierda, dará inseguridad jurídica a la nueva normativa catalana: ¿qué pasará si un promotor inmobiliario alega ante el juzgado que sus proyectos respetan enteramente la normativa estatal, aunque no la catalana? El Gobierno de CiU despacha la incógnita considerando este supuesto 'muy improbable' porque los responsables del departamento están convencidos de que el seny de los constructores catalanes lo impedirá.

Ambos proyectos tienen una diferencia sustancial: el promovido por el PP amplía espectacularmente el suelo susceptible de convertirse en urbanizable, mientras que el texto catalán introduce una limitación vinculada al 'desarrollo sostenible, la utilización racional del territorio y la calidad de vida'. ¿Se trata de una garantía suficiente? CiU considera que sí, pero los tres partidos de izquierdas creen que se trata de un concepto demasiado ambiguo: piden más concreción.

El PP, en cambio, estira hacia el lado contrario: exige las mínimas diferencias con la normativa estatal bajo la premisa de que el precio de la vivienda se abaratará si aumenta el suelo urbanizable. En Cataluña, no obstante, ya hay mucho suelo calificado como urbanizable: más de 50.000 hectáreas. Si se quisiera, pues, podría construirse tanto como suelo urbano hay actualmente en toda la Región Metropolitana de Barcelona. Y los precios de la vivienda crecen año tras año.

Entre las nuevas medidas que prevé el texto del Ejecutivo catalán para facilitar las condiciones de los promotores inmobiliarios destaca que para ejecutar un proyecto sólo se requerirá controlar el 50% de la propiedad del suelo y no será obligatorio expropiar todos los terrenos. La izquierda teme además que los Planes de Actuación Urbanística Municipal, una nueva figura que permitirá a la Generalitat tutelar la política urbanística de los ayuntamientos, pueden suponer ventajas para los constructores en detrimento de la sostenibilidad.