El Poder Judicial, contra la difusión de los nombres de maltratadores

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del próximo 9 de mayo estudiará el documento elaborado por su Comisión de Estudios e Informes y, de seguir el criterio unánime de ésta, se mostrará contrario a la difusión de los condenados por delitos de violencia doméstica, prevista en el proyecto de ley del Gobierno de Castilla-La Mancha que tramitan las Cortes de esa comunidad autónoma. El informe estima la futura ley contraria a derechos fundamentales y a la Ley de Protección de Datos Personales e invasora de competencias estatales. José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, anunció ayer que no dará 'un solo paso atrás' ante un informe no vinculante y aún no aprobado por el pleno. Aseguró que, 'si no se produce un cataclismo', la ley será aprobada.

El proyecto de ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, promovido por Bono, fue remitido por éste al CGPJ para informe, a pesar de que los servicios jurídicos del Gobierno autónomo no lo estimaron preciso. La preocupación expresada en un pleno del CGPJ fue motivo suficiente para que Bono le remitiera el texto prelegislativo.

Según fuentes de la Comisión de Estudios e Informes que preside Enrique Arnaldo, el informe aprobado por unanimidad el miércoles último es 'inusitadamente crítico' con el proyecto de ley, hasta el punto de que ha sido devuelto a los letrados del Consejo 'para suavizar algunos términos demasiado radicales con la futura ley'. A la reunión asistieron, además de Arnaldo, Esther Giménez-Salinas, Ramón Sáez y Rafael Fernández Valverde.

Justicia no secreta

El artículo objeto esencial del informe es el 9 del proyecto de ley, relativo al 'seguimiento, información y publicidad sobre las actuaciones en materia de violencia contra las mujeres', desde el criterio, expresado en la exposición de motivos de la futura ley, de que 'no es concebible la justicia secreta y, además, la recta aplicación de la ley exige obligatoriamente su publicidad'.

Las críticas del CGPJ se centran en el precepto que exige al Gobierno castellano-manchego informar a las Cortes regionales, al menos con carácter anual, sobre 'los procedimientos penales tramitados, con reproducción del fallo de las sentencias firmes condenatorias dictadas sobre violencia doméstica', así como obliga a que el Gobierno, 'para general conocimiento, hará público el contenido' de dicho informe.

Los vocales de la comisión informante consideran este precepto contrario al derecho fundamental a la intimidad desarrollado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que regula las garantías y los derechos de acceso y rectificación de los afectados por datos personales incluidos en ficheros públicos y que establece que los datos personales relativos a infracciones penales 'sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras', como el Registro Central de penados y rebeldes del Ministerio de Justicia. El informe cree que la pretensión de Bono es crear un fichero sin garantías sobre datos personales penales, para el que no está autorizada una comunidad autónoma.

Sin embargo, fuentes jurídicas especializadas en Derecho Constitucional, aún admitiendo las dudas jurídicas sobre la ley Bono, negaron que se intente estrictamente crear un fichero de datos personales y más bien lo interpretan como una recopilación de fallos al alcance de cualquiera.

Por otra parte, el informe sugiere que el proyecto de ley está excesivamente centrado en las mujeres, a pesar de que particularmente los niños son objetivos habituales de la violencia doméstica, por lo que debería garantizarse su protección y asistencia jurídica contra el maltrato.