Bush frena con un recorte de fondos la demanda contra las tabacaleras

El Departamento de Justicia de EE UU está a punto de abandonar la demanda federal contra la industria del tabaco que presentó por encargo de Bill Clinton. El nuevo presidente, George W. Bush, ha recortado a una cantidad ridícula el dinero para pagar a los abogados que llevan la demanda, lo que en la práctica es precipitar el fin del esfuerzo legal contra una industria con enorme poder en Washington. El Gobierno presentó una demanda contra las tabacaleras, en un proceso similar al que hace tres años ganaron de forma conjunta los gobiernos de 46 estados.

De esa manera, el Gobierno de Clinton pretendía recuperar, mediante la presentación de una demanda judicial, parte de los gastos que genera en la sanidad pública el tratamiento de las enfermedades provocadas por el tabaquismo.

Para poner en marcha la demanda con ciertas garantías de éxito, el Departamento de Justicia reclutó a una treintena de abogados hace dos años. Desde entonces, el equipo legal trabaja en preparar sus argumentaciones, y ha recopilado ya más de 73.000 millones de páginas, en documentos empresariales y gubernamentales.

Presupuesto

Con vistas al nuevo ejercicio fiscal, los abogados de la demanda plantearon la necesidad de recibir una partida presupuestaria que calcularon en 57,6 millones de dólares (casi 11.000 millones de pesetas), un precio que no resulta demasiado elevado en un país acostumbrado a que los buenos abogados cobren sumas desorbitadas por cada minuto de su trabajo.

Pero el plan de presupuestos de Bush rebaja a la mínima expresión esa partida de los abogados, y tan sólo contempla 1,8 millones de dólares (unos 350 millones de pesetas) para la preparación de la demanda: se trata de una cifra suficientemente ridícula, que expresa a la perfección el escaso interés que el nuevo Gobierno tiene en ese proceso.

De hecho, un juicio de este tipo nunca fue del agrado de los republicanos más conservadores. En ese sector parlamentario hubo ya iniciativas para intentar recortar la aportación presupuestaria del ejercicio pasado.

Ahora el equipo legal del Departamento de Justicia ha enviado un informe a su responsable, el fiscal general John Ashcroft, destacada ultraconservadora, para recordarle que con semejante recorte presupuestario 'ni podemos seguir trabajando ni hay posibilidades realistas de llegar a un acuerdo'. La referencia a la posibilidad de un pacto deriva del acuerdo extrajudicial con que se cerró en 1998 la demanda de 46 de los estados que componen el país contra las grandes tabacaleras.

Señalan los abogados del Departamento de Justicia en el informe enviado al fiscal Ashcroft: 'Las incertidumbres que rodean el futuro de este caso amenazan con paralizar nuestro esfuerzo judicial y nuestra capacidad de llegar a una resolución satisfactoria'. En términos prácticos, Bush sólo les da 3 de cada 100 dólares que necesitan para seguir trabajando.