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Oposición a que Telefónica se lleve el concurso de la red sanitaria

La oposición socialista ha pedido indirectamente al Gobierno catalán que Telefónica no sea la operadora que resulte adjudicataria en el nuevo concurso de la Generalitat para asegurar que la fibra óptica llegue a todas las capitales de comarca de Cataluña mediante la conexión de los hospitales y centros públicos de enseñanza secundaria con comunicaciones de banda ancha.

Telefónica no ha ocultado su interés en el negocio de la sanidad -ayer mismo, en su comparecencia en el Parlament, lo reiteró, a la espera de conocer las bases del concurso-. Hasta hace escasas semanas, la sanidad estaba garantizada para el operador de cable al-pi, que es fruto de la privatización de una de las filiales del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. El operador al-pi está controlado por Uni2 y la Generalitat cuenta todavía con un 25% de su capital.

El Gobierno catalán ha decidido renegociar su contrato con al-pi porque su 'ritmo' de despliegue no era el deseado y también porque Uni2 y el propio nuevo director general del operador, Carlos Bages, quieren lograr la rentabilidad más deprisa centrándose en los servicios a empresas, en lugar de hacerlo en el contrato con la Generalitat.

El PSC-Ciutadans pel Canvi, que en su propuesta no menciona a Telefónica, quiere forzar el objetivo último de la liberalización de las telecomunicaciones: que exista una red alternativa a la del ex monopolio. 'El concurso tendrá que hacer posible la competencia entre redes de telecomunicaciones en Cataluña, como un elemento fundamental del modelo de liberalización del sector', señala el texto.

El diputado Miquel Barceló, responsable de la propuesta, cree que 'si una infraestructura pública que se privatiza pasa a encargársele a Telefónica para poder decir que se cumplen los plazos de despliegue, se mostrará de nuevo la falta de una política coherente de telecomunicaciones'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de abril de 2001