La Fiscalía investiga 15 construcciones ilegales en el parque natural de Cazorla

El alcalde de este municipio, el socialista Antonio Castillo, ha declarado en el Juzgado número 2 de Cazorla -que investiga otra decena de expedientes de obras- y ha eludido cualquier responsabilidad municipal. 'Lo que ha habido es desacato a la autoridad por parte de los propietarios por no paralizar las obras en su día', manifestó ayer Antonio Castillo.

La mayor parte de las irregularidades que se investigan corresponden a licencias de obras concedidas por los ayuntamientos para la rehabilitación de cortijadas o casas de labranza y que acabaron finalmente en la construcción de apartamentos e instalaciones hosteleras. 'Todas las obras tienen su licencia, pero otra cosa es que alguien se haya sobrepasado', admitió el alcalde de Cazorla, Francisco Navarrete (PSOE), que considera que en estos casos lo mejor es acudir a los tribunales. 'Alguien debería alguna vez derribar una construcción ilegal porque hay gente que se está forrando de manera ilegal', afirmó con rotundidad Navarrete.

Aunque la mayor parte de los expedientes investigados están en el término municipal de La Iruela, el Ayuntamiento de Cazorla tampoco se libra de las acusaciones. El portavoz del PP en este municipio, el ex parlamentario autonómico Blas Cuadros, ha anunciado que su partido está recabando documentación para demostrar las irregularidades urbanísticas en la zona residencial de La Malena, fuera de los límites del parque natural.

Cuadros también cuestionó, en la última reunión de la Comisión de Infraestructura del parque natural, la legalidad de dos obras en el término de La Iruela por entender que se ha infringido la normativa del espacio protegido. La réplica socialista ha sido acusar al concejal del PP de construirse un chalet en 1991 aprovechando una licencia para reformar una nave de aperos de labranza.

'No puede crucificar a nadie cuando él hizo lo mismo', asegura el alcalde de Cazorla. Blas Cuadros, representante del PP en la Comisión de Infraestructuras de la junta rectora, niega cualquier ilegalidad y señala que la vivienda en cuestión se construyó en unos terrenos rústicos adquiridos en 1986 fuera de los límites del parque. 'Espero que algún día, en el foro correspondiente, puedan demostrar esas acusaciones', recalca el concejal popular.

El Partido Popular de Cazorla ha solicitado también la rescisión del contrato con el Hotel Adelantado, ubicado en el centro urbano del municipio, por considerar probada la falta de solvencia económica de la empresa que recibió la concesión por un periodo de 45 años y los problemas económicos con proveedores y empleados.