Un chico de 15 años juzgado por robo aprende a leer por orden de un juez de Granada

Ha dejado de ser analfabeto por orden judicial. El menor que hace unos meses fue condenado por un juez granadino a aprender a leer y escribir como modo de pagar ante la sociedad un intento de robo en un almacén demostró ayer que ha cumplido su sentencia. El magistrado Emilio Calatayud, el hombre que dictó tan curiosa condena, fue el encargado de examinar al muchacho, de 15 años, con un ejercicio de lectura y una suma. 'Ha aprobado', dijo escueto y orgulloso el juez. 'Ha demostrado que ha puesto empeño'.

Todo comenzó en marzo del pasado año, cuando el adolescente, cuya identidad no ha transcendido, participó en un intento de robo en un almacén de harinas, en la localidad granadina de Benalúa de Guadix. Un adulto y un delincuente habitual lo habían incitado a participar en un robo y a intentar llevarse diferentes objetos en una carretilla mediante la técnica del butrón. Pero no pudieron porque el agujero que habían realizado era demasiado pequeño. Poco después eran detenidos.

Iniciativas originales

Cuando el caso llegó a manos del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, un hombre de originales iniciativas, éste quiso saber la versión del muchacho durante el juicio. Allí fue cuando se descubrió que el adolescente no sabía ni leer ni escribir con 15 años. Calatayud, escandalizado, tuvo clara cuál sería su sentencia.

'Tener 15 años y no saber leer ni escribir no es duro', dijo ayer el juez. 'Es durísimo'. 'No se puede castigar con una pena a alguien que no ha tenido jamás la más mínima formación. La sociedad no le puede exigir una responsabilidad penal a quien es víctima de la propia sociedad: si el delito que cometió hubiera sido mayor, creo que lo habría condenado a lo mismo, a leer y escribir'.

El joven compareció ayer muy nervioso ante el magistrado después de seis meses estudiando. Leyó párrafos de un cuento y realizó una operación de sumas, porque aún no ha aprendido a multiplicar, ni restar ni dividir. 'Escribe mejor que lee, pero ha demostrado que se está esforzando'.

Desde que el juez lo condenó -eso sí, por mutuo acuerdo-, el adolescente ha estado asistiendo por las mañanas a una escuela taller ocupacional para seguir un curso de albañilería, y por las tardes a un curso de formación.

'En realidad, ha sido una labor de muchos profesionales implicados en este asunto', explicó Calatayud. 'Desde un maestro que lo acompañaba en su trabajo recogiendo aceitunas hasta asistentes de Jaén y de Benalúa de Guadix'.

El muchacho mostró en todo momento 'una actitud muy buena, sin faltar a clase', según narró María José Espigares, una de las integrantes de apoyo en el proceso de aprendizaje y que anunció que seguirá estudiando en el futuro.

Emilio Calatayud relató que el adolescente se veía ahora más interesado en la lectura. 'Lo sorprendente en estos tiempos', explicó el magistrado, 'es que tengan que dictarse medidas de este tipo'. Luego indicó: 'Creo que el chico sabe que han merecido la pena todas esas horas que él ha dedicado para saldar su deuda con la sociedad'.

No es ésta la primera resolución de estas características que adopta el juez. Ya en 1994 enjuició, con peticiones del fiscal de penas de arresto domiciliario, a 20 padres de familia que habían permitido que sus hijos no fuesen al colegio. Aunque la pena no llegó a cumplirse, todos los chavales asistieron religiosamente a clase al año siguiente.

En otra ocasión, cayó en manos de Calatayud el caso de un menor que había sido sorprendido por la Guardia Civil en estado de embriaguez mientras conducía una motocicleta. El juez lo condenó a visitar la unidad de tetrapléjicos de un hospital granadino para que el muchacho viera con sus propios ojos las consecuencias de una conducción temeraria.

Un caso más reciente, y aún pendiente de ejecución, es la sentencia a un menor que participó en un robo de ordenadores de un cibercafé en la localidad de Motril. El joven tendrá que cargar ahora con su sentencia, que no será otra que la de participar en la mudanza que va a efectuarse del juzgado de menores de Granada y en la que él será el responsable de la seguridad de todos los ordenadores.

Ya antes de que entrara en vigor la nueva Ley del Menor, que contempla que los jueces puedan imponer lo que han dado en llamarse 'tareas socioeducativas', que sustituyen los castigos por trabajos que reviertan en la sociedad, Emilio Calatayud había recurrido a este tipo de medidas. 'Hay casos de verdadera injusticia social que pueden ser remediados con otro tipo de soluciones', explicó el juez, que muestra su convencimiento de que el menor de ayer habría actuado de una manera muy distinta si hubiera tenido una formación educativa. La educación era hasta ahora obligatoria. A partir de ayer también puede ser sentenciada.