409 jóvenes han sido excarcelados desde la entrada en vigor de la Ley del Menor

La entrada en vigor de la Ley Penal del Menor ha supuesto la excarcelación, desde que entró en vigor (el 13 de febrero) hasta ayer, de 409 jóvenes -algunas de ellos con edades superiores a los 30 años-. Ángel Yuste, director general de Instituciones Penitenciarias, informó ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de que el mismo día 13 salieron directamente a la calle 115 menores en situación de presos preventivos y que posteriormente también han salido en libertad 242 internos que ya estaban cumpliendo pena. El resto de chavales, hasta llegar a 409, fueron trasladados directamente a centros de reforma de menores.

Yuste ofreció datos sobre las edades de los excarcelados, que indican que sólo 113 de ellos eran menores de 18 años y que también han abandonado las cárceles más de dos centenares de presos que tienen entre 18 y 30 años. Éstos cometieron el delito siendo menores de edad y no habían reincidido, lo que les ha permitido beneficiarse de la ley. Seis presos superaban esa edad e incluso uno ha salido con 34 años.

El responsable de prisiones minimizó el impacto económico de estas excarcelaciones, que por el momento se ha reducido a un millón de pesetas que han tenido que pagarse para los traslados de presos desde las cárceles a los centros de reforma. En total han sido trasladados 18 menores en situación preventiva y 34 que ya estaban cumpliendo pena.

La comunidad más afectada por las excarcelaciones ha sido Andalucía, con 113, que ha tenido que acoger en sus centros de reforma a 12 personas a las que se les ha aplicado la ley, cuatro preventivos y ocho penados. Según los datos de Yuste, Madrid, una de las comunidades en las que se esperaba un mayor impacto, sólo han ido a parar cuatro jóvenes a reformatorios. Por el contrario, en Canarias se esperaba una incidencia menor y a día de ayer ocupaba la segunda plaza entre las comunidades que más presos afectados por la ley ha tenido que acoger en sus centros: 10. Estas cifras contrastan con las que ofrecieron en su día las comunidades autónomas, que calcularon que tendrían que acoger a 1.000 menores.