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Soledad Gallego-Díaz | LA CRÓNICA
Columna
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La cuestión económica

La UGT quiere que los socialistas se comprometan más en la pelea por las pensiones

Soledad Gallego-Díaz

Las críticas a la labor del equipo económico del Gobierno, tanto en España como en la Unión Europea, se están perfilando como el núcleo de la oposición socialista hasta el verano y como la columna vertebral del discurso que mantendrá el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación, previsto para el próximo mes de junio.

La mayor dificultad para ese debate, el primero en el que participará el dirigente socialista desde su elección, estriba en que se producirá en fechas todavía muy cercanas a las elecciones vascas del 13 de mayo, cuando quizás se esté intentando consolidar un Gobierno autónomo PP-PSOE. Si eso fuera así, los aspectos más políticos del debate quedarían en sordina y el contenido crítico a los aspectos económicos de la política gubernamental cobraría el protagonismo esencial.

La agenda del Gobierno para los próximos seis meses coloca como último punto de interés la revisión de la política pesquera de la UE, que coincide con la presidencia española

Las dudas se producen, sin embargo, cuando se plantean los puntos concretos de esa oposición. Un sector, próximo al dirigente del sindicato UGT Cándido Méndez, desea que el partido se comprometa más en la pelea contra la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno y por Comisiones Obreras, mientras que otro sector estima que esa reforma es, sin duda, insuficiente, pero que no se puede convertir en el centro del debate económico, porque resulta mucho más urgente exigir al Gobierno que arbitre mecanismos para controlar la inflación y lograr que el crecimiento económico no sufra un parón demasiado fuerte.

Méndez, que ha expresado públicamente su 'inquietud' por la falta de reacción de la nueva ejecutiva del PSOE ante el tema de las pensiones, mantiene contactos habituales con Rodríguez Zapatero, pero también con el presidente del partido, Manuel Chaves, y con alguno de los barones, y desearía una postura más radical y beligerante, en contra de la reforma que se va a poner en marcha. Desde su punto de vista, éste es un campo clásico de enfrentamiento y el partido socialista debería aprovechar mejor la brecha que ha abierto UGT.

Méndez espera que defiendan este criterio algunos miembros de la ejecutiva que creen como él que se está haciendo oposición demasiado abstracta, alejada del sentir común. Tal y como están las cosas -explican personas próximas a Méndez-, José María Aznar se las puede arreglar para retrasar hasta poco antes de las elecciones generales las subidas de pensiones y las bajadas de impuestos.

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El equipo económico de la nueva ejecutiva, que coordina Jordi Sevilla, no comparte este análisis. Está dispuesto a aumentar el tono de las críticas, sobre todo en lo relacionado con el largo plazo, 12 años, que ha conseguido el Gobierno del Partido Popular para pagar los casi 600.000 millones anuales que debe a la Seguridad Social, lo que debilitará al sistema, justo en un momento en el que podría estar fortaleciéndose con vistas a un futuro complicado. Pero considera que la posible convocatoria de una huelga general por parte de UGT es una locura que el partido no debería respaldar en ningún caso.

El temor de verse arrastrado a esa huelga fue precisamente uno de los argumentos que esgrimió José María Fidalgo, secretario general de CC OO, en la conversación telefónica que mantuvo con Rodríguez Zapatero para explicarle por qué estaba dispuesto a firmar el pacto de pensiones con el Gobierno.

El informe que Jordi Sevilla someterá hoy, lunes, al pleno de la ejecutiva socialista, y cuyos elementos básicos ya han sido discutidos con el secretario general, recoge todos estos aspectos, pero da mayor importancia, como elemento central de la oposición para las próximas semanas y meses, a lo que consideran 'la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la preocupante evolución de la economía española' .

Los últimos acontecimientos parecen justificar además esa línea. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, adelantó el sábado en Malmoe (Suecia) la revisión, a la baja, de las previsiones de crecimiento, y en los próximos días, probablemente en esta misma semana, se tiene que dar a conocer la modificación general de las previsiones de todo el cuadro macroeconómico que ha venido utilizando el Gobierno hasta ahora.

El secretario de Estado José Folgado admitió que habrá que modificar, también a la baja, el crecimiento del empleo, y, aunque se negó a aclarar cuál es el nivel de inflación que se prevé realmente, los datos que se manejan hasta ahora indican que se sitúa en torno al 4%, es decir casi el triple que en Francia.

'Ésa es la razón por la que el Gobierno español es uno de los pocos en toda la Unión que no quieren que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés, como hace la Reserva Federal en Estados Unidos, y como pide Francia, a fin de ayudar al crecimiento económico. Es lamentable el papel que estamos jugando dentro de Europa', asegura Sevilla.

En cualquier caso, la obligada modificación del cuadro macroeconómico no será plato de gusto para el vicepresidente Rato, justo en el momento en el que volvía a tomar impulso en el PP como referente político y cuando se prepara para tener un papel relevante en la presidencia española de la Unión Europea, de enero a junio del año que viene.

La agenda del semestre español contiene, además, un sorprendente capítulo al que el Gobierno no está dando la publicidad que merece. El azar ha hecho que sea precisamente en ese periodo, con la presidencia de José María Aznar, cuando se produzca la obligada revisión de toda la política pesquera. Así figura en la agenda elaborada por el ministerio de Asuntos Exteriores, aunque bien es cierto que colocada como último punto de interés: 'Durante nuestra presidencia tendrá lugar un importante debate sobre la revisión de la política pesquera común. Esta revisión debe entrar en vigor en enero de 2003. Para que la Comisión presente sus propuestas, tanto en materia de acceso como en gestión de recursos, el Consejo tendrá que adoptar unas orientaciones en su sesión de junio'.

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