Bruselas amenaza con llevar a España ante los tribunales por sus fondos de pensiones

Frits Bolkestein, comisario de Mercado Interior, advirtió ayer de que al Ejecutivo comunitario 'no le gusta llevar a los Estados a los tribunales, pero quizá no haya más remedio en este caso'. De entrada, afirmó que, si los Gobiernos de España, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Bélgica no reaccionan en breve, Bruselas abrirá procedimientos de infracción contra ellos, porque son los que aplican medidas discriminatorias contra los trabajadores que disponen de esos fondos cuando cambian su residencia.

La gran mayoría de los Estados europeos, como España o Francia, aplican un sistema sobre esos fondos según el cual las cotizaciones aportadas están exoneradas fiscalmente, al igual que las plusvalías o los intereses, mientras sufren una carga fiscal (diferente en cada país) las prestaciones que se reciben tras la jubilación. En otros países, como Alemania o Luxemburgo, existen impuestos sobre las aportaciones que se realizan a favor del trabajador, pero no sobre los intereses ni sobre las prestaciones recibidas.

Con esta dualidad de sistemas, puede darse el caso de trabajadores que, al cambiar de países de residencia, sufren una doble imposición o, por el contrario, no pagan impuesto alguno ni al inicio ni al final del proceso. Por eso, la Comisión es partidaria de que se creen instituciones paneuropeas de pensiones que eviten ese tipo de situaciones. Bolkestein aseguró que una multinacional que esté presente en todos los países de la UE y que tenga un plan de pensiones profesional se ahorraría hasta 40 millones de euros al año (6.655 millones de pesetas) si existiera ese tipo de instituciones.

Pero el problema en el que más hincapié hizo el comisario de Mercado Interior consiste en que algunos Gobiernos imponen normas fiscales discriminatorias contra trabajadores que proceden de otro país en el que ya tienen fondos de pensiones profesionales. Cinco millones de europeos trabajan en países de la UE distintos al suyo y, en el futuro, se prevé que la cifra crezca espectacularmente, sobre todo con la ampliación de la Unión.

Una cuestión de sede

En la mayoría de los casos, la discriminación consiste en que los Gobiernos afectados exigen que, para poder aplicar deducciones fiscales sobre fondos de pensiones, tales fondos deben tener la sede en sus países. Así, un trabajador alemán que se desplaza a Bélgica y tiene un fondo profesional de pensiones en Berlín no puede beneficiarse de esas deducciones, porque ese fondo no tiene su sede en Bélgica.

Para Bolkestein, el principio de libertad de movimientos de capitales, consagrado en el Tratado de la UE, es incumplido sistemáticamente en este terreno, por lo que el Ejecutivo comunitario hace constar la citada amenaza y anima a los Estados a que reaccionen 'con rapidez' para no verse ante los tribunales.

Con la iniciativa de ayer, la Comisión abre más la vía para que en el futuro puedan armonizarse los tratamientos fiscales sobre todos los fondos de pensiones, tanto los fondos profesionales como en los planes privados.