El PSOE e IU proponen penalizar los contratos temporales e incentivar los fijos

Las enmiendas de totalidad presentadas por los dos principales grupos de oposición que se debaten hoy, así como las enmiendas parciales que se abordarán en el trámite parlamentario que ahora se inicia, se distancian claramente del modelo de reforma laboral aplicada por el Gobierno sin el consenso de sindicatos y patronal. Ni el PSOE ni IU apoya la ampliación a más colectivos del contrato con despido más barato y el PSOE propone que se prorrogue un año su vigencia en los términos actuales y que sean los interlocutores sociales quienes estudien su aplicación, hagan un balance y decidan si ese contrato se debe mantener para el futuro.

La principal crítica que hoy planteará el PSOE es que el Gobierno ha aplicado esa reforma 'de forma unilateral, rompiendo el diálogo social y sin tener en cuenta la opinión de los sindicatos'. Una reforma que califica 'de cortas miras, antigua en su concepción, regresiva en sus consecuencias e ineficaz para resolver los problemas existentes'.

El grupo socialista, asimismo, opta en su texto por introducir 'límites claros para evitar el fraude y el abuso' en la contratación temporal, que afecta al 32% de los asalariados, así como su encadenamiento, y propone indemnizaciones de un mínimo del 7% del salario percibido si el contrato ha sido inferior a un año y del 4,5% si es superior.

Apoyo a la mujer

Para favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral pide una bonificación del 100% de la cuota empresarial en los contratos fijos en sectores donde está subrepresentada. Junto a ello se opone a la creación de un nuevo contrato de inserción y a que el contrato de formación se amplíe a nuevos colectivos sin establecer un límite de edad, porque considera que ello supone desnaturalizar su objetivo, que deben ser los jóvenes con problemas de inserción.

En relación al contrato a tiempo parcial, y en dirección contraria a la amplia flexibilidad con que lo dota el texto del Gobierno, el PSOE defiende que se mantenga la actual jornada máxima, que es el 77% de la habitual, y que en el contrato figure la distribución del horario mensual, semanal y diaria. También propone que se limite la realización de las horas extraordinarias y que se fomente la reducción del tiempo de trabajo, para lo que propone un diálogo social que tenga como finalidad establecer un sistema de incentivos económicos a la creación de empleo como consecuencia de la reducción de jornada.

Izquierda Unida habla directamente de la aplicación de la jornada semanal de 35 horas y de la limitación de las horas extraordinarias. Para combatir la temporalidad y aumentar la contratación fija de los parados menores de 30 años y mayores de 45 demanda bonificaciones, que se aplicarían para la transformación en indefinidos de los contratos temporales, de prácticas, formación, relevo y de sustitución por jubilación anticipada. Entre esos incentivos apunta una rebaja del 20% en la cuota empresarial de todos los nuevos contratos fijos, con cargo a los presupuestos generales. La penalización a la temporalidad supondría un recargo del 25% en las cotizaciones empresariales.