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Tribuna:

La Cataluña descontrolada

Es frecuente que los comentaristas políticos nos limitemos a analizar la situación de un país teniendo en cuenta únicamente la correlación de fuerzas entre las formaciones polítícas dominantes, los cálculos electorales futuros o el poder de seducción de sus líderes, sin poner el acento en los problemas sociales, en el resultado que las actuaciones de gobierno producen en la sociedad. En definitiva, tratamos los asuntos políticos como si fueran autónomos de los problemas reales, de los que preocupan a todos o a algunos de sus ciudadanos o que, sin preocuparles, porque los desconocen o no son conscientes de su gravedad o urgencia, les afectarán en el futuro.

Así, estamos pensando en el futuro político de Cataluña a partir de si Artur Mas arrastrará más votos que Duran Lleida; hasta qué punto influirá en las próximas elecciones autonómicas la retirada de Jordi Pujol o si las encuestas que ahora favorecen a Pasqual Maragall se confirmarán en las futuras elecciones. Es decir, analizamos el sistema político desde el interior del mismo, a partir de los primeros actores de nuestra escena política, pero no de los argumentos, es decir, de los problemas; más exactamente, de los problemas que, con excesiva frecuencia, estos actores no cuentan o desvían la mirada para ignorarlos.

Algunos de estos problemas se hallan escondidos, no se reflejan en los medios de comunicación por desconocimiento o por interés deliberado en ocultarlos y, en consecuencia, no llegan a la opinión pública. Otros aparecen furtivamente, se habla de ellos en algún periódico, pero también se tiene la sensación de que una larga mano trata de taparlos, de tergiversarlos, de impedir que sean debatidos a fondo en los foros apropiados, especialmente en el Parlamento, cuya función se devalúa así peligrosamente, lo cual explica en buena parte el creciente desapego ciudadano por la política.

Hay dos concepciones clásicas de noticia que se explican en la primera clase de cualquier escuela de periodismo. La primera es una noción algo frívola: que un perro muerda a un hombre, se dice, no es noticia; sí lo es, en cambio, que un hombre muerda a un perro. Desde este punto de vista, es noticia todo aquello raro o infrecuente, cualquiera que sea su contenido. La segunda concepción presupone una idea más noble de la función periodística y da a la profesión su evidente utilidad social: es noticia dar a conocer aquello que alguien, en algún lugar del mundo, trata de esconder para que no le cause un perjuicio aunque sabe bien que si se conociera beneficiaría al conjunto de la sociedad. Lo que se pretende ocultar es la noticia que de verdad interesa. Hablar de ella es tratar de lo realmente importante, es dar a la política su dimensión ética, la única finalidad que debería tener.

Se me ocurren más de media docena de noticias -la lista, obviamente, podría ser mucho más extensa- que tienen interés para la sociedad catalana, que han aparecido de forma subrepticia en los periódicos y que los políticos -del Gobierno o de la oposición- deberían poner en claro si quieren recuperar credibilidad, pero que todavía permanecen en la más absoluta incertidumbre; sombras vagas que aparecen y desaparecen de las páginas de los periódicos y apenas salen por otros medios de mayor influencia como la televisión. En cambio, estos mismos medios aportan diariamente frases vacías de nuestros líderes, promesas contradictorias que no se cumplen, pequeñas batallitas inanes, rumores nunca confirmados.

Vayamos, pues, con la más de media docena prometida, formulados los oscuros problemas en forma de preguntas ya que todavía no se ha averiguado la verdad de los hechos.

¿Por qué el Departamento de Enseñanza ha concedido importantes subvenciones a colegios privados de élite y de altísimo pago cuando muchos centros públicos carecen de las mínimas condiciones para impartir una enseñanza de calidad? Más allá de su legalidad o ilegalidad, ¿qué trama de intereses e influencias esconden tales ayudas? ¿Cuál es la razón de que el Eix Transversal, la única carretera importante que la Generalitat ha realizado, no haya sido financiado por el Gobierno catalán, sino por el español y, al parecer, además, ha sido contabilizado dos veces? ¿Por qué al Teatre Lliure se le han habilitado unos extraordinarios edificios y no se le da la subvención correspondiente para que funcionen? ¿Por qué la Sindicatura de Cuentas, que debería ser un organismo serio, se ha mostrado durante 24 votaciones incapaz de elegir a su síndico / síndica mayor? ¿Por qué no se han exigido responsabilidades políticas por las más que aparentes irregularidades del Consorcio de Turismo, dependiente del Departamento de Industria de la Generalitat? ¿Cuándo sabremos la verdad sobre el caso Pallerols y conoceremos finalmente el informe que al parecer -nadie afirma ni desmiente- ha realizado, pero todavía no ha hecho público, la Sindicatura de Cuentas? ¿Hubo irregularidades en la venta del portal de Internet Olé -realizada por la Fundación Catalana para la Investigación, dependiente de la Generalitat- por el irrisorio precio de 200.000 pesetas, que después produjo un beneficio privado de 3.000 millones de pesetas? ¿Se trata de un caso de simple ineptitud sectaria o fue un fraude deliberado? ¿Por qué no se intenta aclarar el escandaloso caso de los criaderos de cerdos importados que contaminan las aguas de tantos municipios catalanes y luego son reexportados tras convertir a Cataluña en el mayor vertedero de excrementos porcinos de Europa?

Podríamos seguir, no lo duden. De la sensación de estar en un aparente oasis de tranquilidad y feina ben feta hemos pasado a la sensación de vivir en un país descontrolado, con unos poderes públicos sometidos a un entramado de oscuros intereses y sin que nadie se atreva a estirar de la manta, no sea que metafóricos excrementos -no exactamente porcinos, aunque también metafóricamente muy parecidos- le caigan también encima. No sé si ésta es la realidad, pero sí es, al menos, la sensación creciente de muchos ciudadanos.

Cuando el sistema político no resuelve los problemas, la sociedad tiene otros medios de controlar a los poderes públicos: la judicatura, la opinión pública, las actuaciones de ciertos sectores de la sociedad civil. Quizá es el momento de ejercer el control desde estas instancias y volver a la política, a la gran política, no a la minucia politiquera de pasillo y zancadilla.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de abril de 2001