Junta y sindicatos exigen al Gobierno que explique el nuevo retraso en el traspaso de las políticas de empleo

Las declaraciones de Aparicio el lunes en Córdoba, en las que aseguró que el acuerdo para la transferencia de las políticas activas de empleo a Andalucía era 'difícil', han caído como un jarro de agua fría en la comunidad, sobre todo porque Junta y sindicatos daban por sellado el traspaso de esta materia tras meses, cuando no años, de negociación.

Viera destacó el martes que el 1 de marzo mantuvo una reunión en Madrid con el secretario general de Empleo, Juan Chozas, en la que estrecharon sus manos para celebrar un acuerdo que empezó a fraguarse en 1996, cuando Javier Arenas era ministro de Trabajo y Guillermo Gutiérrez, titular de esta cartera en el Gobierno autonómico.

El acuerdo del mes pasado, según reveló Viera, valoraba el traspaso de esta competencia en unos 70.000 millones de pesetas. Así, la transferencia contemplaba el traspaso de 1.627 trabajadores y 189 oficinas del Inem a la Junta (1.400 millones de pesetas); inversiones de 710 millones de pesetas al año; de las escuelas-taller, casas de oficio y medidas de empleo (41.000 millones); la cogestión del AEPSA, el nuevo PER, (25.000 millones); un pago de 1.000 millones para remodelación y equipamiento de oficinas del Inem y, por último, 1.500 agentes de desarrollo local.

Pero cuando todo parecía hecho, la posición de Aparicio reabre un conflicto que se daba por concluido. Y ayer fue una prueba del nuevo cariz que adopta este asunto. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, atribuyó a la 'mano alargada' del PP andaluz la negativa del Gobierno a cerrar el traspaso a pesar de que existía un 'acuerdo total', informa Efe. Chaves vinculó la nueva posición del Gobierno central a 'motivos partidarios' y emplazó al Ejecutivo y, en concreto, al ministro a 'explicar por qué ha procedido a la transferencia en otras comunidades y no quiere hacerlo a Andalucía'. .

'Debe haber una reacción'

En la misma línea se situaron los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente. Pastrana expresó su decepción con la postura del Gobierno, que atribuyó a la intención del PP de 'utilizar los fondos de forma partidaria'. 'Debe haber una reacción contra esta posición porque el Gobierno castiga a Andalucía al no ceder la gestión' de esta materia, aseguró Pastrana, quien subrayó que la Junta ha evitado la 'confrontación' con el Ejecutivo central en la negociación entre ambas administraciones.

En parecidos términos se pronunció Julio Ruiz, quien aseguró en Málaga que la intención de congelar las transferencias en materia de política activa es un 'castigo político a Andalucía que no tiene justificación', informa Antonio Chaves. Ruiz anunció una reunión de los sindicatos con Vieira para estudiar en qué situación queda el traspaso y las medidas a adoptar. Según Ruiz, el giro del Gobierno afecta directamente a un acuerdo prácticamente alcanzado en Andalucía, es decir, la creación del Servicio Andaluz de Empleo.

Sin embargo, el acuerdo que según la Junta se cerró en marzo no es tal para el Ministerio de Trabajo. Una fuente de este departamento dijo ayer que la negociación sigue abierta y que si no se ha cerrado es porque la Junta 'exige más competencias de las que en principio se preveían', aunque no precisó cuáles, y porque el Gobierno andaluz ha reclamado 'más funcionarios, centros y dinero' de lo que Trabajo considera idóneo.

Mientras, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, negó ayer que su partido haya torpedeado las conversaciones. 'No tenemos tanto poder como para presionar a nadie', dijo Martínez, quien añadió que el ministro de Trabajo 'no se ha negado a transferir las competencias' y que 'sólo ha puesto de manifiesto que las negociaciones no están cerradas'. 'No hay una negativa, simplemente se apuesta por una negociación seria y clara' indicó. Asimismo, Martínez acusó a la Junta de amenazar a los ayuntamientos con gestionar las competencias, cuando las tenga, a través de las mancomunidades, informa Europa Press.