Dos monjas ruandesas juzgadas en Bruselas por genocidio dieron gasolina para quemar a tutsis

La sesión inicial del juicio estuvo dedicada a la formación del jurado. Serán siete hombres y cinco mujeres quienes decidan la suerte de los Cuatro de Butare, como han sido bautizados por la prensa belga en referencia a la región sureña de Ruanda donde se produjeron los terribles hechos de los que son acusados. En la sesión de la tarde, los abogados defensores intentaron retrasar el proceso, pero el fiscal desoyó sus argumentos y el juicio, que durará seis semanas, se reanudará hoy con la lectura de las acusaciones.

Los hechos de los que se acusa a las dos religiosas, protegidas ayer tras una mampara de cristal, se produjeron entre abril y mayo de 1994 en el convento benedictino de Sovu, donde sor Gertrudis era la madre superiora. En ese centro religioso se habían refugiado más de 7.000 tutsis, muchos de ellos niños, que huían de los ataques de la sanguinaria milicia hutu Interhamwe (los que matan juntos), en la que sor Maria Kisito tenía dos hermanos. Las religiosas, según la acusación, no sólo no alimentaban a los refugiados, sino que incluso facilitaron su entrega a los milicianos, que mataron a tiros y a machetazos al menos a 6.000 personas en tres tandas.

Pero el suceso más terrible en el convento se produjo a partir de las tres de la tarde del 22 de abril de 1994, cuando los milicianos, que ya habían asesinado a cientos de refugiados, optaron por meter en el garaje del centro de salud del convento a 500 o 700 refugiados, cerrar la puerta con cadenas y lanzar en el interior decenas de litros de gasolina. Los asaltantes se quejaron de no tener suficiente gasolina, 'y las propias monjas facilitaron dos garrafas de combustible', según un testigo. 'Varios testimonios confirman este hecho y, con respecto a sor Maria Kisito, ella misma habría participado a esparcir la gasolina y habría atizado el fuego con hierbas secas', añade la acusación.

Las dos monjas, que residen en un convento belga, niegan las acusaciones y, hasta el momento, sólo han argumentado que la masiva presencia de refugiados impedía el buen funcionamiento del convento y que querían que los tutsis abandonaran el centro, entre otras razones para proteger a otras religiosas de ese origen racial.

Listas de nombres

Vincent Ntezimana, profesor de la Universidad Nacional en Ruanda, está acusado de haber elaborado listas de colegas tutsis que posteriormente fueron asesinados, junto con sus esposas e hijos, en ocasiones en su presencia. También es acusado de redactar panfletos racistas que se difundieron en Bélgica y Ruanda.

El cuarto procesado, Alphonse Higaniro, muy próximo al Gobierno ruandés de la época, era director general de la Sociedad Ruandesa de Cerillas. Reclamado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de La Haya, es ahora juzgado en Bélgica porque no se confirmó esa primera reclamación. Está acusado de fomentar matanzas en los alrededores de la propia fábrica y de provocar la muerte de vecinos que se negaron a abandonar sus propiedades.

Los cuatro se habían desplazado a Bélgica como refugiados después de las matanzas y pueden ser juzgados en este país gracias a una ley aprobada en junio de 1993. Según esta ley, única en el mundo, el Tribunal penal de Bruselas es competente para juzgar a cualquier persona, con independencia del lugar en el que haya nacido o resida, que haya cometido graves delitos contra la Convención de Ginebra. En 1999, esa ley se amplió a todos los crímenes de genocidio o contra la humanidad, sea en tiempo de paz o de guerra.

De hecho, en Bélgica se han abierto ya 11 procesos por los genocidios de Ruanda, si bien algunos casos han pasado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que ha procesado a 45 personas, aunque no hay ningún condenado. En Ruanda han sido juzgadas unas 2.500 personas, de las que 400 fueron condenadas a muerte; si bien hay todavía más de 120.000 encarceladas a la espera de juicio.

En el juicio iniciado ayer en Bruselas, primero de estas características en el mundo, intervendrán al menos 150 testigos. Cincuenta de ellos serán trasladados desde Ruanda a cargo del Gobierno belga. Otros, también de origen ruandés, se encuentran ahora en Bélgica como refugiados.