La justicia belga abre un juicio por genocidio contra cuatro ruandeses

Ante la parálisis de los cascos azules belgas desplegados en la región de los Grandes Lagos, las milicias paramilitares radicales hutus (los interhamwes, que significa los que matan juntos) desarrollaron en la primavera de 1994 una brutal matanza de más de 800.000 personas, la mayoría tutsis. Bélgica, antigua potencia colonizadora de Ruanda, siente, de alguna forma, la responsabilidad de lo ocurrido hace siete años, pues cuando comenzaron los asesinatos tras el misterioso asesinato del presidente hutu Juvenal Habyarimana, Bruselas retiró sus escasas y muy mal pertrechadas tropas aduciendo motivos de seguridad. Esta decisión fue como una señal para que los interhamwes y el Ejército ruandés (hutu) desarrollaran sin testigos el genocidio.

El juicio que se inicia mañana no sólo es una forma de pedir perdón a Ruanda; será también la primera vez que un jurado popular formado por 12 ciudadanos belgas -más 12 suplentes- tendrá que decidir sobre unos hechos que tuvieron lugar a 6.000 kilómetros de sus hogares. Ante ellos comparecerán cuatro ruandeses acusados de haber participado en el asesinato de varias personas en la localidad de Butare durante 1994. También pasarán por la sala 171 testigos; 50 de ellos vendrán desde Ruanda. Para seguir el proceso, que se prevé dure entre seis y siete semanas, se han acreditado más de un centenar de medios de comunicación.

Además del precedente jurídico que pueda crear este caso, el interés reside en que entre los cuatro acusados hay dos religiosas del convento de las benedictinas en Sovu, cerca de Butare: sor Gertrude (Consolata Mukangango), directora en la época del centro, y sor Maria Kisito (Julienne Mukabutera), su intendente. Están acusadas de denegar amparo y alimento a tutsis y moderados hutus que buscaban refugio en el monasterio. Además, sor Marie Kisito habría suministrado a los paramilitares el combustible que utilizaron para quemar las casas donde se ponían a cubierto los refugiados.

También se encuentran entre los acusados de genocidio un profesor universitario, Vicent Ntezimana, por haber participado en la muerte de nueve personas en Butare, de haber elaborado una lista de profesores tutsis y hutus moderados que sirvió de base para la matanza de un importante número de personas y de textos que incitaban al odio étnico contra los tutsis; el otro acusado, Alphonse Ignaro, formaba parte del núcleo de Gobierno del presidente Habyarimana -su muerte en el aeropuerto de Kigali tras firmar la paz con la guerrilla tutsi fue el detonante del genocidio- y está acusado de haber organizado, financiado y facilitado ayuda material a las milicias extremistas hutus en Butare. Los cuatro niegan las acusaciones que se les atribuyen.

La justicia belga se considera competente para juzgar a estos cuatro presuntos genocidas, refugiados en Bélgica tras la matanza, basándose a una ley adoptada en junio de 1993, que fue complementada por otra de febrero de 1999, que le habilita para perseguir a los actores que hayan violado las convenciones internacionales de Ginebra que reprimen el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Los jueces belgas lanzaron un proceso similar a éste contra el general chileno Augusto Pinochet.