La oposición exige al Gobierno que suavice el reglamento de Extranjería

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, entregó el borrador del reglamento a los grupos parlamentarios el 16 de marzo. Ese mismo día afirmó que el Gobierno estaba dispuesto a dialogar sobre su contenido, pero que en todo caso aprobaría el texto definitivo en junio. Tras estudiar el documento durante un mes, los principales partidos de la oposición coinciden en exigir cambios fundamentales para apoyarlo.

La negociación del reglamento amenaza con convertirse en la tercera edición de la falta de acuerdo en que desembocaron las conversaciones sobre la Ley de Extranjería y sobre el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Inmigración, conocido como Plan Greco.

Los cuatro grupos parlamentarios convocados esta semana por Fernández-Miranda coinciden en dos objeciones al proyecto del Gobierno: la arbitrariedad que deja en manos de la Administración y el aumento de la burocracia que consagra.

'El borrador tiene dos defectos básicos', afirma el diputado de Convergència i Unió Carles Campuzano: 'Impide la celeridad en la concesión de los papeles de residencia y no da suficientes garantías a los inmigrantes. Fija plazos para que los extranjeros cumplan con los trámites que les corresponden, pero no compromete a la Administración en la misma medida'.

La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, está de acuerdo con este diagnóstico: 'El reglamento incide especialmente en aspectos policiales y de control, e introduce con carácter general arbitrariedad e inseguridad jurídica en los procedimientos', afirma.

Rumí, que el jueves se reunirá con Fernández-Miranda para explicarle las salvedades socialistas al proyecto, critica, respecto a los artículos relacionados con los visados, que el Ministerio de Asuntos Exteriores pretenda introducir requisitos subjetivos en las decisiones de las misiones diplomáticas y oficinas consulares. 'Además', añade, 'los nuevos procedimientos aumentarán la burocracia y supondrán un incremento de los tiempos para resolver las solicitudes'.

'Visión policial'

Izquierda Unida también llama la atención sobre estos aspectos. Según el detallado documento de 22 folios entregado ayer por su portavoz en el Congreso, Felipe Alcaraz, al secretario de Estado, 'la visión policial de la inmigración y de control del ilegal recorre la mayor parte del articulado' del proyecto. 'Mantiene el núcleo duro', afirma, 'claramente restrictivo, de la política inmigratoria hasta ahora seguida, en materia de visados, entrada, expulsiones y control de la estancia, con retrocesos en las garantías y la protección jurídica efectiva, además de reforzarse la arbitrariedad de la autoridad consular y el control gubernativo'.

También la diputada de Coalición Canaria María del Mar Julios cree que el borrador debe ser modificado para agilizar los trámites de regularización, 'sobre todo en los procesos de selección de los inmigrantes en su país de origen. Ese mecanismo está anquilosado', asegura. 'Si desde que un empresario solicita a un trabajador hasta que éste obtiene sus papeles transcurre un año, el mecanismo no sirve para nada'.

Además de estos aspectos, los grupos políticos exigen la modificación de otros muchos artículos del reglamento. El PSOE denuncia que 'utiliza la figura de la inadmisión a trámite sin establecer que la resolución tendrá que ser motivada y sin prever un procedimiento específico o de reexamen urgente de las solicitudes inadmitidas a trámite'. Apunta que 'impone a los transportistas unas obligaciones que exceden a las del convenio de Schengen y que deberían ser asumidas por las autoridades gubernativas'.

Izquierda Unida considera que el texto consolida 'un sistema de reagrupación familiar oneroso, ya que son varios los años que se exigen para poder ejercer este derecho, junto a una serie de medidas arbitrarias y abusivas que lo pueden dificultar más aún'. Y añade: 'Bajo un pretendido carácter estrictamente técnico, elude cualquier mención a los derechos sociales o cívicos que la ley recoge, aunque sea en exclusiva para los residentes'. 'El concepto de arraigo', dice, 'queda muy devaluado'.

También Coalición Canaria se muestra preocupada por la 'ambigüedad' con que el proyecto aborda las situaciones humanitarias. Considera 'necesario' que la asistencia sanitaria se mantenga y que 'no haya diferencias entre lo que se le pide al turista y lo que se le exige al inmigrante, sobre todo cuando en muchos casos este último cotiza a la Seguridad Social'. Algunos aspectos, como la obligación de que los empresarios que transporten irregulares se hagan cargo de ellos le parecen de difícil cumplimiento en las islas. En este sentido pone como ejemplo la llegada a Tenerife, la semana pasada, de un barco con 108 inmigrantes. '¿En dónde encontramos al empresario que fletó el buque para que los repatríe?', se pregunta. '¿Quiénes son los empresarios de las pateras que llegan a nuestras costas?'.