Los socialistas proponen que los gobiernos autonómicos asuman servicios que ahora prestan las diputaciones

Las deudas acumuladas por las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana han llegado al extremo de poner en peligro la supervivencia de las instituciones provinciales. La mayoría del exceso de gasto que asumen las diputaciones tiene su origen en servicios propios de la Administración autonómica que prestan las instituciones provinciales, que conservan hospitales, centros educativos e incluso la responsabilidad sobre el mantenimiento de parte de la red de carreteras.

Dadas las circunstancias, representantes socialistas de las diputaciones de toda España tienen previsto reunirse hoy en Valencia para definir el papel de las instituciones provinciales y elevar propuestas conjuntas que garanticen su eficacia y solvencia financiera.

Los socialistas valencianos han elaborado diversas propuestas entre las que destacan la necesidad de negociar con la Generalitat una transferencia conjunta de todos aquellos servicios que generan costes que desbordan los presupuestos de las diputaciones provinciales.

El mantenimiento de los hospitales provinciales o de diversas escuelas de toda índole carece de sentido, según los socialistas valencianos, cuando la Generalitat tiene asumidas todas las competencias en materia de Sanidad o Educación, por ejemplo.

Una transferencia conjunta de tales servicios permitiría reducir significamente la plantilla de personal funcionario y laboral; una consiguiente reducción de los gastos de funcionamiento de las instituciones provinciales; una gestión más simplificada; y, sobre todo, permitiría afrontar un reajuste económico para afrontar las deudas acumuladas hasta la fecha. La Diputación de Valencia, por ejemplo, supera todos los límites legales de deuda y arrastra obligaciones que superan el 135% de su presupuesto.

La redefinición de las diputaciones permitiría dedicar todos los recursos a ofrecer servicios financieros o jurídicos a los ayuntamientos pequeños que carecen de capacidad técnica. Las diputaciones se convertirían, así, en empresas de consultoría especializada al servicio de ayuntamientos o mancomunidades.