El Gobierno tendrá sus propios institutos de FP 'de referencia' en todas las comunidades

Los principales objetivos que hacían necesario regular la FP mediante una ley son ordenar las distintas formaciones profesionales que existen y crear un sistema que permita reconocer la experiencia profesional de los trabajadores con una acreditación. Para ello, se definirán las diferentes cualificaciones que existen, se hayan obtenido bien a través de la formación reglada o bien de la experiencia profesional. Esta ley modifica la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), la Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG) y regula por ley lo que hasta ahora se hacía en los programas nacionales de FP, que determinaban todas las iniciativas de formación profesional. El Gobierno ya tiene listo el borrador del proyecto de ley que recoge estos cambios, que consta de sólo nueve páginas, y que ha sido elaborado entre los ministerios de Educación, Trabajo y Administraciones Públicas.

Sin embargo, el Ejecutivo ha introducido en el texto -que será presentado al Consejo de Ministros en junio, para su aprobación, y posteriormente al Congreso de los diputados- dos iniciativas que hacen referencia a la red de centros en los que se impartirá toda la formación profesional (la destinada a los jóvenes, la dirigida a los parados y la que reciben los trabajadores a lo largo de toda la vida) y la dirección de los mismos. Éstas podrían quebrar el consenso alcanzado con todos los sectores en el Consejo General de la FP, celebrado en diciembre. El Gobierno presentó entonces las bases de la ley en las que no estaban incluidas estas dos medidas. Éstas son las novedades principales de la Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones Profesionales:

- Red Nacional de Centros. El Gobierno creará una 'red de Centros Nacionales de Formación profesional que serán centros de referencia para la formación con implantación en todas las comunidades autónomas', señala el borrador de la ley. De esta forma, y con el objetivo de contar con centros propios 'especializados por sectores productivos', el Gobierno tendrá sus propios centros repartidos por toda España en los que se impartirán enseñanzas dirigidas a 'estudiantes, trabajadores ocupados, desempleados, empresarios y formadores', añade el documento. La gestión de estos centros de la Administración central se articulará 'mediante convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, que atenderán a sus respectivas competencias'.

- Elección de los directores. El documento introduce otra novedosa iniciativa: la elección de los directores de los centros integrados por 'la administración competente mediante un procedimiento de libre designación, conforme a los principios de mérito y capacidad'. Actualmente, los directores de los institutos de secundaria (la mayoría de los que existen imparten, además de la ESO y el bachillerato, algún módulo de la FP) son los elegidos por el consejo escolar de cada instituto de educación secundaria y en el que están representados la dirección del centro, los profesores, el personal administrativo, los padres de los alumnos, los ayuntamientos y los estudiantes. El Gobierno justifica esta medida en 'la peculiar naturaleza de los centros integrados'.

El texto no señala quién formará parte de los órganos de gobierno y participación de los centros integrados. Dice que 'se establecerá reglamentariamente por el Gobierno previa consulta de las comunidades autónomas', y sólo indica que 'de los órganos de participación formará parte, en todo caso, una representación de las empresas'. No hace ninguna referencia a la representación de los sindicatos ni a la de los miembros de la comunidad educativa.

- Sistema Nacional de FP. El borrador de la ley incluye la creación del denominado Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones, que se encargará de promover y desarrollar la integración de la oferta de FP a través de las cualificaciones profesionales, así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Vigilará, además, que la formación y las cualificaciones se adecuen a los criterios comunitarios europeos. Será dirigido y coordinado por el Gobierno central.

Dos organismos apoyarán este sistema: uno consultivo y de participación, el Consejo General de la FP (del que forman parte los ministerios de Educación y Trabajo, las comunidades y los agentes sociales), y otro de técnico, el Instituto Nacional de Cualificaciones (que definirá, elaborará y actualizará el catálogo de cualificaciones).

- Participación de las empresas. El Sistema Nacional de FP promoverá la colaboración entre las empresas, las administraciones públicas y los centros. La participación de las empresas se desarrollará en los centros integrados, en la formación de alumnos en los lugares de trabajo, en la realización de prácticas de los estudiantes en las entidades y en la orientación profesional. Los profesionales del sector privado se incorporarán, además, al sistema formativo público, algo que permitirá dar formación altamente especializada a cargo de profesionales en activo.

- Profesorado. Los profesores de los centros integrados podrán impartir enseñanza en las diferentes formaciones profesionales que se ofrezcan en los mismos de acuerdo con su perfil profesional.