La plantilla de Rota endurecerá las protestas y pedirá audiencia al Rey en su visita a la base

'Como se podrá comprender, no vamos a parar hasta que nuestros problemas estén resueltos y las soluciones publicadas en el BOE', dice Jesús María Serrano, vicepresidente del comité laboral, que para el próximo miércoles tiene convocada una asamblea para decidir qué hacer de ahora en adelante, transcurrido ya un año y medio de movilizaciones.

El comité ha decidido solicitar audiencia al Rey, quien tiene previsto visitar el recinto militar en la segunda quincena de mayo. 'Don Juan Carlos es, en definitiva, nuestro último responsable, y queremos comunicarle personalmente que aquí hay un colectivo de trabajadores que lleva un año y medio de lucha rigurosa por lo que cree que es justo', dice Julio Malvido, presidente del comité.

Los trabajadores de la base naval de Rota -350 menos que hace cuatro años- están afectados por tres cuestiones laborales: la pérdida de su poder adquisitivo hasta en un 30%, motivada por la eliminación de la exención fiscal de que disfrutaban desde hacía 30 años; la política salarial que aplica la Administración de EE UU, que habitualmente sube los sueldos por debajo del crecimiento del IPC en España; y por la carencia de un convenio colectivo. El último y único convenio que han tenido los trabajadores se firmó en 1996 y expiró a comienzos de 1999. Desde entonces, el comité no ha logrado arrancar ni siquiera un compromiso negociador.

Entre 15.000 y 80.000 pesetas

La eliminación de la exención fiscal ha provocado una merma que oscila entre las 15.000 y las 80.000 pesetas mensuales a los trabajadores, y la desregulación laboral actual deja a la plantilla en una situación 'de indefensión absoluta', según Julio Malvido, presidente del comité laboral.

El Ejecutivo de José María Aznar lleva meses pidiendo al Gobierno de Estados Unidos que resuelva el conflicto laboral que afecta a los trabajadores civiles españoles. Los contactos se han efectuado desde la Presidencia y los Ministerios de Defensa y Exteriores, sin éxito hasta el momento. Ambos Gobiernos sólo han firmado un acuerdo de intenciones sobre la optimización del recinto militar.

Jesús Mancha, diputado del PP y miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ha confirmado que 'se han celebrado entrevistas al más alto nivel: Exteriores, Defensa, Presidencia, y con el embajador de EE UU en España, Edward Romero'.

Los trabajadores creen que la coyuntura actual es el único marco posible para resolver su conflicto. 'Esto es: ahora o nunca', dicen desde el comité en referencia al acuerdo de intenciones firmado en enero por ambos países para la 'revisión técnica' del tratado bilateral, que permitiría a EE UU 'optimizar' el recinto militar.

Los planes de la defensa norteamericana incluyen la construcción de 16 aparcamientos para los aviones G-5 Galaxy, las aeronaves de transporte estratégico que, hasta ahora, operaban desde bases alemanas. Aunque las obras, con 23.000 millones de presupuesto, no supondrán una ampliación física del recinto militar, sí conllevarán una intensificación de las acciones militares.

El Gobierno español, de forma oficial, no ha condicionado la firma de este acuerdo a la resolución del conflicto laboral, aunque Mancha sí ha deslizado la interdependencia de ambas acciones: 'El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha dejado muy clara la necesidad de buscar la correcta satisfacción de los trabajadores antes de iniciar la revisión técnica del convenio de amistad y cooperación con EE UU'. Manuel Atencia, portavoz de la Comisión de Defensa, dijo el jueves que 'no hay que poner este asunto en el nivel de si condicionará o no' la revisión del tratado, y pidió que 'las cuestiones diplomáticas se miren con perspectiva'. En cualquier caso, aseguró que el Gobierno 'va a defender el poder adquisitivo de los trabajadores'.