Reforma aplazada
El acuerdo de pensiones firmado el lunes por el Gobierno, con la presencia de José María Aznar, Comisiones Obreras (CC OO) y los empresarios, no ha supuesto precisamente un cambio de rumbo encaminado a cumplir las recomendaciones de los expertos mundiales para garantizar la supervivencia de los sistemas públicos de pensiones. Por el contrario, bien puede decirse que es 'más de lo mismo'. Los avances que se recogen en el acuerdo son mejoras en las condiciones de las percepciones o en las de jubilación -como el derecho a retirarse de forma anticipada para quienes hayan cotizado antes del año 1967 o la posibilidad de cobrar a la vez una pensión de jubilación y un empleo a tiempo parcial-, y pueden interpretarse como concesiones del Ejecutivo para facilitar la firma del acuerdo. Pero los cambios decisivos que requiere el sistema público de pensiones, como podría ser el cálculo de la edad de jubilación con base en toda la vida laboral -en lugar de los 15 años de cotización o los 12 años anteriores al acuerdo-, quedan aplazados hasta 2003, fecha en la que acabará el pacto actual.
Es poco para lo que se entiende como una reforma del sistema. Es verdad que Aznar insistió en que en el futuro las pensiones deberán calcularse 'teniendo en cuenta el esfuerzo de cotización realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral'. Y no está mal como reafirmación de lo que debe ser una de las líneas fundamentales del futuro sistema de pensiones públicas. Pero el hecho es que, de nuevo, las soluciones del problema, es decir, cómo consolidar la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones de forma que las percepciones de quienes ahora trabajan estén garantizadas en el momento de su jubilación, se han vuelto a aplazar, a pesar de que el diagnóstico es conocido. Nada garantiza que en 2003 no se demore de nuevo la aplicación de las medidas que hoy se consideran necesarias.
El pacto será recordado por la espantada de la central sindical UGT, rota, según unos, por disensiones internas en torno a la pertinencia de apoyar o no las propuestas del Ejecutivo, o deseosa, según otros, de desmarcarse estratégicamente de las posiciones del Gobierno del Partido Popular. El caso es que la publicitada unidad de acción ha quedado rota por el momento, y ése sí es un efecto político que cabe atribuir al acuerdo, huérfano de otras mejoras de fondo.
Como con las pensiones, harían bien el Gobierno y CC OO en evitar cualquier atisbo de complacencia sobre los logros de la reforma laboral alcanzados hasta ahora. No sólo por su relativa exigüidad, sino porque queda todavía la parte más conflictiva, a saber: la reforma de la negociación laboral, donde deben ventilarse asuntos tan espinosos como la descentralización de la negociación colectiva. Y en esta fase de la negociación las posiciones de partida son completamente opuestas.
