Parejas a la espera

La presentación, la semana pasada, para su debate en el Congreso de una proposición de ley sobre parejas de hecho a iniciativa del Parlamento de Navarra -una réplica de la ley vigente en la comunidad autónoma navarra- ha puesto en evidencia el vacío legal que sigue existiendo en el ámbito del Estado sobre esta cuestión, así como el remoloneo del Gobierno para llenarlo. El Partido Popular, de la mano de su mayoría absoluta, rechazó la toma en consideración de la propuesta, posponiendo una vez más la posibilidad de dotar de un marco legal estable a las formas de convivencia no matrimoniales que existen en la sociedad.

El partido del Gobierno ha justificado su rechazo en que tiene en preparación una ley de uniones civiles. Pero debe darse prisa, porque lleva varios años -prácticamente desde que llegó al poder- preparando esa norma. Tal tardanza comienza a oler a desidia. Su reticencia, cuando no su abierta oposición, a regular las parejas de hecho, boicoteando cuantas propuestas se han hecho en el Congreso, ha provocado una preocupante dispersión legislativa en la materia. Cataluña, Aragón, Navarra y, últimamente, la Comunidad Valenciana han promulgado normas específicas en el marco de sus competencias. Baleares, Asturias y Andalucía están en camino de promulgar las suyas. El caso de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, deja en muy mal lugar al Gobierno al poner más en evidencia, si cabe, su falta de iniciativa en la cuestión.

Las comunidades autónomas no hacen nada que no deban al legislar sobre parejas de hecho en el marco de sus competencias. Pero hay aspectos a los que sólo una ley de ámbito estatal, aprobada por el Parlamento, puede dar una solución cabal: pensiones de viudedad, derecho sucesorio, declaración conjunta de la renta, concesión de nacionalidad... Una ley de ámbito estatal no sólo debe tener un carácter armonizador -a las leyes autonómicas hay que añadir los registros municipales de parejas de hecho en al menos 200 ciudades-, sino el claro objetivo de acabar con la desigualdad real que afecta a las aproximadamente 300.000 parejas de hecho -hetero y homosexuales- que conviven en España.

Hay sobradas razones para dudar de que éste sea el objetivo del Gobierno. Por lo que se conoce de su propuesta de uniones civiles, su pretensión es regular cualquier tipo de relación de convivencia bajo un mismo techo, a excepción precisamente de la unión afectiva de parejas no matrimoniales, en especial las homosexuales. No es extraño que desde la oposición y los colectivos afectados se la vea como un sucedáneo de la verdadera solución legal y como un subterfugio que permite al Gobierno alardear de que regula las parejas de hecho sin hacerlo. Si ésa es la propuesta a la que se refirió la pasada semana en el Congreso el portavoz del PP, Luis de Grandes, no solucionará nada al quedar muy por detrás de las leyes autonómicas que reconocen la igualdad jurídica de las parejas de hecho estables con independencia de su orientación sexual.

La futura ley ha de adecuarse a la realidad si no quiere dar carta de naturaleza a los ingredientes discriminatorios que perviven en la legislación vigente, valorando con prudencia, pero desde criterios de igualdad, los aspectos más controvertidos socialmente, como la adopción por parejas homosexuales. El Gobierno se ha apresurado a recurrir ante el Constitucional la ley navarra de parejas de hecho por admitir esta adopción. Si las normas actuales sobre adopción no excluyen a las personas solteras, sea cual sea su orientación sexual, y permiten la acogida de menores 'de muy difícil colocación' por parte de parejas homosexuales, ¿cómo puede ser inconstitucional la adopción por el simple hecho de que el homosexual viva en pareja? Si esta adopción plantea algún problema no será de constitucionalidad. Como acaba de señalar sensatamente el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, refiriéndose a la adopción por parte de familias homosexuales, 'dependerá del ambiente que de hecho haya en la familia'. Exactamente lo mismo que en una familia heterosexual.