El 25% de los etarras excarcelados en la tregua volvió a prisión o está huido

Nadie sabe dónde está Tomás Elgorriaga Kunze ni a qué se dedica. Pero tanto la policía como la Guardia Civil se temen lo peor. Elgorriaga fue detenido y encarcelado en mayo de 1998 junto a otros cinco terroristas por formar parte del aparato de mugas de ETA -pasadores clandestinos de fronteras-. Se les acusaba de haber introducido en España a una docena de terroristas procedentes de Francia.

Su captura fue muy difícil y laboriosa, fruto de muchos meses de trabajo por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil. Pero apenas llevaban los detenidos cuatro meses en prisión cuando ETA declaró la tregua, el 16 de septiembre de 1998. Algunos jueces de la Audiencia Nacional -según admitieron entonces a este periódico- empezaron a aplicar la prisión preventiva 'de forma más moderada'. Tomás Elgorriaga recobró la libertad en diciembre de 1998 y ya nunca se le volvió a ver el pelo. Sus compañeros de comando fueron condenados en julio del año 2000 -ya roto el alto el fuego- a cinco años de prisión. Aunque no volvieron a la cárcel solos, fueron detenidos de nuevo por la Guardia Civil y ahora están cumpliendo condena. ¿Qué pasó con Tomás Elgorriaga?

'Seguramente', dice un responsable de Interior, 'estará en Francia, integrado en algún aparato de la estructura militar de ETA, pero hasta que no lo volvamos a detener...'.

Buscados por Interpol

Hay más casos. El de Nerea Bengoa Ciarsolo, acusada junto a otros de intentar asesinar a Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco. Otro ejemplo es el de José Sagarzazu Gómez, uno de los dos miembros legales (no fichados) del comando Donosti de ETA desarticulado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en marzo de 1999. A Sagarzazu se le vincula además con más de 40 acciones de lucha callejera.

De Nerea Bengoa y de Cándido Sagarzazu sólo se sabe que huyeron durante la tregua y que sus fotografías figuran junto a la de otros 100 etarras buscados por Interpol.

'Sí', admite ahora un juez de la Audiencia Nacional, 'muchos de nosotros nos creímos la tregua y actuamos en consecuencia. ETA no mataba entonces. Fueron 14 meses durante los cuales la sociedad se ilusionó. Y nosotros fuimos sensibles a ese nuevo estado de cosas. ¿Que nos pudimos equivocar? Puede ser, pero en todo momento actuamos de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal'.

No sólo fueron los jueces los que se contagiaron del ambiente de euforia. Aunque a regañadientes, también el Gobierno colaboró para que las cárceles registraran una disminución sin precedentes en el censo de etarras. Si en los últimos 10 años el número de presos de ETA nunca había bajado de 500, a mediados de 1999 -la tregua fue rota en diciembre de ese año- la cifra llegó a bajar hasta los 449. Ahora hay 535.

Durante aquella etapa, el Gobierno no sólo acercó presos a cárceles de Euskadi. También informó de forma favorable -a través de las juntas de tratamientos de las prisiones- para la adjudicación de beneficios carcelarios y libertades condicionales.

Fueron concedidos nueve terceros grados -régimen de semilibertad-, 13 excarcelaciones por libertad condicional y una por suspensión de condena. Aunque no lo manifestaron de forma oficial, ni la policía ni la Guardia Civil llegaron a entender nunca aquellas excarcelaciones. Es más, mandos de la lucha antiterrorista aseguran que en algunos casos -como la puesta en libertad del aparato de mugas- los daños son irreversibles.

'Los terroristas', dice un mando policial, 'aprenden de nuestras acciones. Aquellas detenciones [la de los pasadores de fronteras] las teníamos muy atadas, sabíamos que teníamos pruebas suficientes para que fueran condenados. Ahora algunos de ellos están en libertad, y se conocen al dedillo dónde fallaron, por qué les pillamos. No volverán a cometer los mismos errores y hasta que los capturemos de nuevo podrá pasar algún tiempo. ¿Cuántas fechorías conseguirán cometer hasta entonces?'.

Hay, además, otro problema añadido. Sabido es que los presos históricos de ETA no suelen incorporarse a la lucha armada tras su paso por la cárcel, al considerarse quemados, marcados por la policía. Otra cosa muy distinta sucede con los encarcelados por delitos de kale borroka -lucha callejera-. La policía dice poseer datos suficientes para demostrar que el paso de los jóvenes radicales por la violencia callejera y luego por la cárcel -en estancias breves- suele ser determinante para su incorporación a la organización terrorista.