Nueve operadoras acusan a Fomento de impedirles competir con Telefónica

A principios de 2000, varias de las principales multinacionales de telecomunicaciones especializadas en infraestructuras de banda ancha (Global Crossing, Colt, 21st Century, Viatel y LDCom) y otras operadoras españolas (Airtel, Euskaltel Menta, Desarrollo de Cable y Retecal) decidieron unir sus fuerzas para construir en España una red de fibra con 1.500 kilómetros y una inversión superior a 50.000 millones de pesetas. La red estaría unida a una infraestructura paneuropea que tiene ya unos 50.000 kilómetros y se utilizaría para dar servicio de transmisión de voz, datos e Internet a gran velocidad a grandes empresas y otras operadoras sin red propia.

El proyecto para la 'construcción (e inmediata puesta en servicio) del primer anillo alternativo fe telecomunicaciones de fibra óptica España-resto de Europa', como lo definen sus promotores, implica también a las concesionarias de autopistas Avasa, Europistas, Aurea (antes Aumar) y Acesa, que prestan sus derechos de paso para la construcción de 835 kilómetros de red. El resto, discurre por carreteras nacionales, en las que las operadoras no necesitan pactar con las concesionarias.

Las obras, que se iniciaron en enero pasado, y el tendido de la red corre a cargo del grupo francés Alcatel, según los acuerdos alcanzados entre las operadoras, que tienen también a la estadounidense Lucent Technologies como socio estratégico. El trazado previsto discurre por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Madrid, Castilla y Leön y País Vasco. Según las previsiones, la red española (el 'anillo español de la red paneuropea', en la jerga del sector) debería haberse terminado antes del próximo verano, pero a día de hoy sólo tiene 300 kilómetros.

Conflicto de competencias

Los promotores del proyecto achacan el retraso a 'los obstáculos administrativos' y subrayan la existencia de 'un conflicto de competencias' entre los ministerios de Fomento, Ciencia y Tecnología y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), dependiente de Economía, según las cartas enviadas a sus responsables, Francisco Álvarez-Cascos, Anna Birulés y José Vázquez-Quintana, respectivamente. Señala, además, que 'la Península Ibérica corre el riesgo de quedar fuera de las redes paneuropeas de telecomunicaciones que se están construyendo'.

Las cartas han sido enviadas por Global Crossing, la empresa estadounidense que lidera ahora el proyecto (tiene una capitalización bursátil de 1,8 billones de pesetas y 170.000 kilómetros de red propia en 27 países), pero han sido aprobadas por la comisión de seguimiento de la alianza. 'La pesadez administrativa está impidiendo que se desarrolle la sociedad de la información', afirma uno de los componentes.

Los problemas surgen porque el departamento de Álvarez Cascos es el encargado de regular la actividad de los concesionarios de autopistas y, en contra de la opinión de la CMT, considera que tiene también la potestad de autorizar a las autopistas el uso de sus derechos de paso e infraestructuras para una actividad distinta, como son las telecomunicaciones.

Los servicios jurídicos de Fomento, la CMT y Ciencia y Tecnología no se ponen de acuerdo sobre quien debe conceder esas autorizaciones. Y el caso es que en medio del tira y afloja por las competencias, Fomento prepara un reglamento que modificará el objeto social de los concesionarios de autopistas e incluirá, probablemente, las telecomunicaciones entre sus actividades.

Mientras, las operadoras se quejan de que 'la Dirección General de Carreteras ha bloqueado la aprobación de una serie de proyectos constructivos de telecomunicaciones (...) alegando la existencia de un informe jurídico que pone en entredicho la legitimidad de las divisiones de telecomunicaciones de las concesionarias [de autopistas]'. Para los afectados se trata de un asunto grave, ya que traba los proyectos de diversificación de las concesionarias, ralentiza la introducción de competencia a Telefónica y transmite una enorme inseguridad sobre las inversiones.

Fuentes de Fomento aseguran que están cumpliendo los trámites, aunque reconocen que 'el desarrollo de la sociedad de la información puede estar sufriendo retrasos por distintos motivos'. Los portavoces oficiales no ofrecieron aclaraciones.